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PCM fortalece capacidades de más de 140 servidores públicos en la lucha contra la minería ilegal en La Libertad

El taller contó con la asistencia de gerentes regionales de energía y minas de diez gobiernos regionales, así como de autoridades locales, representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

PCM

Como parte de la estrategia integral frente a la minería ilegal, más de 140 servidores públicos de diversas entidades del Estado a nivel nacional participaron en un taller organizado por la Comisión Multisectorial para la formalización minera, la erradicación de la minería ilegal y la recuperación del ambiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La actividad se realizó en coordinación con el Gobierno Regional de La Libertad y fue inaugurada por el gobernador César Acuña y el Alto Comisionado para la Lucha contra la Minería Ilegal, general (r) Rodolfo García, quienes destacaron el compromiso político e institucional de trabajar de manera coordinada frente a este problema.

El taller contó con la asistencia de gerentes regionales de energía y minas de diez gobiernos regionales, así como de autoridades locales, representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Durante la jornada se abordaron los tres ejes de la política nacional frente a la minería ilegal: formalización minera, erradicación e interdicción, y recuperación ambiental.

En este contexto, se subrayó la necesidad de impulsar una formalización adaptada a las realidades de cada territorio, fortalecer los recursos destinados a la interdicción y consolidar mecanismos efectivos de remediación ambiental y protección de áreas naturales.

La Secretaría de Descentralización de la PCM brindó asistencia técnica y administrativa, lo que permitirá a la comisión multisectorial mantener sus acciones y acompañar a los gobiernos regionales en la implementación de políticas públicas.

De esta manera, el Gobierno nacional reafirma su voluntad de enfrentar la minería ilegal como un fenómeno complejo que impacta en el ambiente, la seguridad y la economía formal, y que exige consensos técnicos y políticos entre los distintos niveles del Estado, así como cooperación interinstitucional para lograr una respuesta sostenible y coordinada en beneficio del país.