La minería ilegal y delitos conexos en territorios de pueblos indígenas u originarios, en los departamentos de Amazonas y Loreto, fue el tema por el cual sesionaron conjuntamente esta tarde las comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología con la de Energía y Minas.
La sesión fue conducida por la congresista Silvana Robles Araujo (BS) y el parlamentario Víctor Cutipa Ccama (JP-VP-BM), presidentes de los grupos de trabajo mencionados, respectivamente.
Silvana Robles Araujo mostró su preocupación por lo que viven las comunidades nativas de las naciones Wampis y Awajún “por las actividades extractivas ilegales, como son la minería ilegal de oro, la tala ilegal indiscriminada y el accionar del crimen organizado que destruyen sus territorios y ponen en riesgo su supervivencia”.
La congresista Elizabeth Medina Hermosilla (SP) señaló que en el Legislativo “le hemos dado la espalda a los hermanos de las comunidades nativas, porque ellos piden presencia del Estado para combatir la minería ilegal”.
“Debemos exigir, precisó, que el Ejecutivo haga el redimensionamiento de todas estas zonas (bosques) para poder atender los pedidos de los hermanos de las comunidades nativas”.
Precisamente, en la sesión, se hicieron presentes los representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), Rojas Wachapa Impi; y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), Teófilo Kukush Pati.
Ambos expresaron su preocupación por la presencia de los mineros ilegales en los bosques de Amazonas y Loreto, y denunciaron que cuando el gobierno central organiza interdicciones, utilizan a niños de cinco a diez años como escudo para defender sus dragas. Además, dijeron, hay conflictos sociales, contaminación de las aguas de los ríos, y la falta de agua potable.
Como respuesta, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, dijo que “el minero ilegal no es un administrado del Ministerio de Energía y Minas. No tenemos registros de mineros ilegales. No perseguimos mineros ilegales. Tampoco tenemos ningún trato con ellos”.
“Porque la minería ilegal es un delito tipificado en el Código Penal, continuó. Sin embargo es un problema social real. Y desde ese punto de vista expresó que este gobierno está comprometido en la lucha contra la minería ilegal, en el entendido de que es una actividad sumamente peligrosa, más peligrosa que el narcotráfico”
Sobre la presencia de la minería en Amazonas y Loreto expresó que “en las dos concesiones mineras que hay en la Cordillera del Cóndor, solo hay 15 Reinfos, 14 en una, y 1 en otra. Todo lo demás ya no existe”
“Una vez terminada la depuración del Reinfo, estamos decididos a formalizar a la mayor cantidad de mineros que expresen la voluntad de querer pasar a la formalidad”, señaló.
En su momento, el viceministerio de Políticas para la Defensa, Ministro de Defensa, César Torres Vega; y el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Maxfredid Pérez Rodríguez, informaron sobre los operativos realizados en la zona.
Informaron que se ha observado gran cantidad de dragas en el río Santiago, “con perjuicio de comunidades nativas Wampís y Awajún. Muchas dragas operan en zonas cercanas a orillas de comunidades nativas”.
“El último operativo importante, realizado con apoyo de un helicóptero del Ejército Peruano y embarcaciones del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), fue en enero 2025. El resultado fue la destrucción de una sola draga, pues gran parte de la población de las comunidades nativas salieron a impedir la acción de los efectivos policiales”.
Dijeron que “se han llevado a cabo reuniones con autoridades regionales y locales y reuniones de trabajo con autoridades de las comunidades Wampís, quienes solicitan la realización de operaciones de interdicción y la presencia permanente de efectivos policiales para impedir esta actividad ilícita que tanto daño les viene ocasionando”.
En la sesión también participó el director regional de Energía y Minas, Edwin Mori Llanca, y el gerente de la Autoridad Regional Ambiental, Julio Ravines Boñón, ambos del Gobierno Regional de Amazonas.