Una reciente encuesta de Datum sobre minería ilegal revela que más del 80% de los peruanos la considera un problema “muy grave” o “bastante grave”. Desde su experiencia, ¿a qué factores atribuyen que esta actividad haya calado tan hondo en la percepción de riesgo de la ciudadanía?
Hemos visto que esta actividad antes pasaba desapercibida para el gran público, pero poco a poco ha ido formando parte del imaginario popular. Según lo que hemos analizado, el evento más importante fue el crimen de 13 personas en Pataz. Después de este suceso, la cobertura mediática y en redes sociales sobre los temas relacionados a la minería ilegal fue mucho más amplia, y la población relacionó más al sector con la inseguridad ciudadana y la violencia. Esta relación es nociva para este sector, pues vincula a la minería ilegal con el principal problema que perciben los peruanos. Dicho impacto negativo, es más grave para la población que lo que antes se percibía, pues se vinculaba más al tema medioambiental.
Un abrumador 85% de los encuestados considera que la respuesta del Estado es “nada” o “poco” efectiva. ¿Cuáles son las principales falencias que explican esta percepción de ineficacia en la lucha contra la minería ilegal?
Podemos partir de que para la mayor parte de la población la respuesta del Estado —en muchos temas— no es efectiva. Muchas instituciones gubernamentales tienen poca aprobación y generan poca confianza. De manera específica, no hay ninguna razón para creer que la respuesta del Estado es efectiva: la minería ilegal se ha incrementado significativamente. La medida más efectiva que el Estado ha tomado es la no renovación de 50 mil inscritos en el Registro Integral para la Formalización Minera (Reinfo), pero no queda claro aún sí esta medida ha tenido algún efecto.
Uno de los hallazgos más contundentes es que casi el 80% de los ciudadanos cree que la minería ilegal ha penetrado el Congreso de la República de alguna manera. ¿Observan indicios concretos que sustenten esta percepción pública? ¿Cómo operaría esta influencia?
Varios de los congresistas se han mostrado a favor de algunas de las causas de la minería ilegal, lo que ayuda a generar este contundente resultado. Me parece que también influye la imagen de “nueva élite” que los mineros no formales tienen en algunas regiones. Estas “nuevas élites” logran tener una imagen de poder y, por ende, de cercanía al poder. Otro elemento que abona a esa percepción son las múltiples acusaciones de corrupción que la minería ilegal tiene y la posición abiertamente favorable hacia ella por parte de algunos congresistas.
En una entrevista, Urpi Torrado, CEO de Datum, alertó sobre el riesgo de que las autoridades captadas por la minería ilegal tengan “representatividad” en el próximo Gobierno. ¿El sistema político y electoral peruano es robusto como para prevenir y blindarse contra el financiamiento ilícito de origen minero?
No, no es suficientemente robusto. En todas las campañas políticas existen sospechas sobre la entrada de dinero ilícito y dudo que esta elección sea la excepción. El sistema electoral peruano ha vuelto a permitir el financiamiento de los partidos políticos, pero no creo que tenga la capacidad para monitorear a profundidad el financiamiento ilegal en decenas de partidos y miles de candidatos al parlamento. Esta representatividad sería una consecuencia natural del poder mediático y social local de quienes participan en dicha actividad. Sin embargo, la duda es en qué medida es una representación amplia o acotada. Por lo atomizado del electorado, debería ser una representación limitada. La figura cambia en las elecciones subnacionales, donde sí podrían obtener la victoria en varios lugares clave.
La encuesta de Datum también indica que la ciudadanía ve a las Fuerzas Armadas como la institución que debe liderar esta lucha. ¿Coincide con esta visión?
Llamar a las Fuerzas Armadas no puede ser la única respuesta. Ellas son, junto a Reniec, las instituciones más respetadas del país, por lo que la legitimidad y apoyo popular de sus acciones siempre es más alto que las que incluyen a otros actores que generan menos confianza.
Sin embargo, la militarización no es una solución sostenible al problema, que tendría que incluir políticas públicas que puedan separar al pequeño minero que podría formalizarse, del que no tiene ningún interés en hacerlo, y del que está relacionado a organizaciones criminales. La militarización del problema no resolvería las consecuencias socioeconómicas que generaría su intervención sin un plan de contención suficientemente sofisticado.
El estudio señala que la percepción de que los congresistas están controlados por la minería ilegal es mayor en el sur del país. ¿A qué se debe esta disparidad regional?
Creo que representa una mayor desconfianza en el Congreso de esa parte del país, y de una mayor visibilidad de la presencia de esta “nueva élite”. Con esos dos componentes con más fuerza en la ecuación es más fácil presumir una mayor presencia de esta actividad ilícita en las regiones del sur.
Ante la petición ciudadana de una mayor firmeza, ¿cómo se debería articular una estrategia integral que combine la fuerza disuasoria con políticas de desarrollo alternativo, formalización y control de los mercados de destino del oro ilegal?
Es un tema bastante complejo de resolver, pero creo que se tiene que resolver paso a paso y priorizando cuáles son los componentes más importantes. Por ejemplo, se podría priorizar controlar con firmeza las actividades ilícitas que se generan alrededor de las explotaciones que son ilegales (por ejemplo, la trata de personas u otras relaciones al crimen organizado) y focalizar las interdicciones en esas zonas.
El control de la cadena de valor de minería es también decisivo, y esto pasa por explosivos, maquinaria pesada también por las plantas de beneficio y la comercialización. En ese sentido un componente clave dentro de la lucha contra la minería ilegal debería ser el combate al lavado de activos producto de esta actividad.
Además, se debería buscar separar la paja del trigo, separando y facilitando el proceso de formalización a aquellos mineros que sí tienen la voluntad de hacerlo. Luego, quedaría aún una gran lista de temas por atender (condiciones laborales, impacto ambiental e impacto fiscal, entre otras. Pero este es un tema tan complejo que no se pueden buscar soluciones totales o inmediatas, sino soluciones paulatinas y que sean robustas para que se sostenga en el tiempo.