Perumin es siempre un punto de encuentro clave para todos los actores vinculados a la minería: empresas, academia, sociedad civil y Estado. Así, esta nueva edición se produce en un contexto de grandes desafíos, pero también de enormes oportunidades para el país.
Uno de los principales retos que enfrentamos es la minería ilegal, que no solo erosiona la competitividad de la minería formal, sino que también está asociada a redes criminales que generan violencia e inseguridad en las zonas de operación. Según un informe del IPE, esta actividad representa ya el 40% de las exportaciones de oro. No podemos permitir que una economía ilícita, que no respeta estándares sociales, laborales ni ambientales, siga creciendo desmedidamente afectando a todos los peruanos y a la minería formal, que hace esfuerzos por cumplir con todas las normas.
Al mismo tiempo, persisten altos niveles de complejidad normativa. Hoy existen más de 232 procedimientos y 29 entidades involucradas en la tramitación de permisos, lo que genera demoras excesivas y afecta el avance de nuevos proyectos o ampliaciones para quienes cumplen con las obligaciones que la formalidad establece. No pedimos que se relajen los estándares, solamente que estas revisiones se hagan de manera más expeditiva, porque de lo contrario se generan cuellos de botella que frenan inversiones.
La simplificación administrativa, a través de mecanismos como la ventanilla única, los silencios administrativos positivos con fiscalización posterior, la reducción de los términos de referencia, son indispensables para acelerar los proyectos y multiplicar sus beneficios económicos y sociales en empleo, tributos y desarrollo territorial.
La tecnología debe ser un aliado en este proceso. La interoperabilidad entre instituciones públicas, la digitalización de catastros e información arqueológica e hídrica, así como el uso de plataformas modernas y personal calificado, son claves para reducir plazos y dar mayor predictibilidad al país. Como gremio, reiteramos que la minería es la actividad más regulada del Perú, y justamente por ello necesita procesos transparentes, rápidos y articulados. Debe ser una prioridad trabajar en modernizar y fortalecer nuestras instituciones.
Aprovechamos este espacio para invocar a las empresas del ecosistema minero a seguir sumando esfuerzos para fortalecer una “cadena de valor y de valores”, que responda a las exigencias de nuestro marco legal, cuide el medio ambiente, proteja a los trabajadores y asegure que los impuestos generados sean utilizados eficientemente en beneficio de todos los peruanos.
El Perú es un país minero y depende de cada uno de nosotros —Estado, empresas y sociedad— que esa riqueza se traduzca en oportunidades reales, en empleo digno y en sostenibilidad. Que este Perumin 37 sea, una vez más, el espacio donde renovemos compromisos tangibles y medibles, y donde la minería siga demostrando que es capaz de transformar vidas e impulsar el futuro del país.