Por Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
El presidente José Jerí y su gabinete de ministros enfrentan desafíos urgentes y estructurales. La creciente ola de inseguridad está directamente vinculada con la expansión de las economías ilegales, fuente de violencia y crimen organizado que amenaza la vida de los peruanos y corrompe instituciones. Ante esta situación, es imprescindible tener políticas públicas claras con acciones firmes y sostenidas que permitan resultados concretos.
En este contexto, promover un debate ágil y técnico sobre la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE) es fundamental para formalizar a los pequeños mineros, dándoles acceso a condiciones laborales dignas y promoviendo desarrollo responsable. Esta tarea debe ser asumida con mucha seriedad y responsabilidad por el Parlamento Nacional y el Poder Ejecutivo.
De lo contrario, solo se estaría buscando la justificación de extensiones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), regulación que ha fracasado y que con la que se pretende perpetuar la informalidad impunemente. Por eso, resulta de suma importancia de que el Gobierno de transición se mantenga firme en la decisión de que el REINFO se cierra definitivamente el 31 de diciembre de este año y que no será reemplazado por otro régimen de formalización que sirva de “protección” para los mineros ilegales.
De otro lado, para fortalecer la competitividad del sector minero energético formal y habilitar nuevos proyectos, es vital que desde el Gobierno se siga trabajando para corregir el exceso de regulación, se agilice la evaluación y respuesta oportuna y coordinada de las entidades públicas.
Para el crecimiento del país se requiere mayor inversión privada, la misma que llegará mientras que se asegure el respeto al Estado de derecho, la estabilidad jurídica y la gobernabilidad. Las señales desde el Poder Ejecutivo deben ser firmes y no deben generar duda alguna respecto a su compromiso con la promoción de las actividades productivas responsables, por lo que todas las entidades públicas son relevantes en el rol que les corresponde.
En cuanto a Petroperú, esperamos que el actual Gobierno realice el proceso de reestructuración y mejora de gobernanza que requiere, con mayor voluntad política y técnica, así como evitar que se continúe con el direccionamiento de los fondos del fisco a favor de la petrolera estatal que no contribuyen a solucionar el problema de fondo; y que más bien esos recursos de todos los peruanos se empleen en cerrar brechas en educación, salud y saneamiento como prioridad.
Fuente: El Comercio