Según el último estudio realizado por Ipsos para el Colectivo PAS – País Seguro, más del 75% de los peruanos asociaba la minería ilegal con el lavado de dinero, crimen organizado, trata de personas y contrabando. ¿Qué implica este nivel de asociación en términos de la percepción de seguridad y confianza en las instituciones públicas?
El alto nivel de asociación de la minería ilegal con estas actividades delictivas revela una grave preocupación sobre la capacidad de las instituciones del Estado para enfrentarlas. Para los peruanos, la inseguridad y la corrupción son los principales problemas del país hace años, y esta percepción afecta negativamente la confianza pública en las instituciones, sugiriendo la necesidad de reformas gubernamentales y un enfoque más agresivo en la lucha contra la minería ilegal y lo que ésta trae consigo.
El 76% de los encuestados cree que la minería ilegal ha aumentado la criminalidad en el Perú. ¿Cómo se traduce esta percepción en las regiones con mayor presencia de esta actividad?
La corrupción y la inseguridad son percibidas como los principales problemas del país, pero cuando se le pregunta a la gente qué problema afecta más su vida cotidiana, la respuesta contundente es la inseguridad. Esta percepción de que la minería ilegal aumenta la criminalidad se traduce en una mayor sensación de inseguridad, especialmente en las regiones más afectadas por ella. Esto se manifiesta en el apoyo a medidas de autoprotección comunitaria y a políticas más estrictas de seguridad, incluso llegando a medidas que privilegien la “mano dura”.
Un 73% considera que la minería ilegal es una amenaza directa para su seguridad y la de su familia. ¿Esto influiría en la migración interna en el país?
Sí, esta percepción podría influir en la migración interna, motivando a las personas a mudarse a regiones percibidas como más seguras, a la vez que podría intensificar el apoyo a medidas gubernamentales más estrictas. Sin embargo, se requeriría de más investigación para aclarar estas tendencias y cómo se vinculan con la minería ilegal.
El 82% opina que el poder económico de la minería ilegal ha corrompido a autoridades del Congreso y de los gobiernos regionales. ¿Qué pasa con la credibilidad de la clase política peruana?
La corrupción política es percibida como un problema que aqueja al Perú y esta vinculación con la minería ilegal intensifica la crisis de credibilidad en la clase política, que se refleja en los bajos niveles de aprobación de las autoridades y de las instituciones públicas. Esta situación podría desincentivar la participación ciudadana y fomentar el apoyo a movimientos de reforma política radical de cualquier tendencia.
Cerca del 70% de los peruanos cree que la minería ilegal influye en la política. ¿Qué consecuencias podría tener esta percepción?
La percepción de que la minería ilegal está vinculada con la política nacional puede desestabilizar la gobernabilidad y amenazar la estabilidad democrática, catalizando un descontento social que no ve a sus autoridades como legítimas. Además, esta falta de legitimidad puede llevar a un desconocimiento de las autoridades elegidas y a cuestionar sus acciones.
El 63% ve probable que el Perú termine controlado por las mafias de la minería ilegal. ¿Es esta una percepción nueva? ¿Qué factores hay detrás de esta idea?
La visión de un Perú controlado por mafias no es nueva; esas mafias antes eran vinculadas con el narcotráfico, como se dio también en México o Colombia. La vinculación con la minería ilegal ha ganado fuerza en los últimos tiempos, alimentada por casos notables de violencia y corrupción relacionados con la minería ilegal, como en el caso de Pataz. Esta sensación, sin duda, se irá reforzando en las próximas elecciones, cuando se exponga información concreta y real de la vinculación de candidatos con financiamientos provenientes de la minería ilegal.
Siete de cada diez peruanos creen que la campaña electoral del 2026 se financiaría con dinero de la minería ilegal. ¿Cómo esto nos afecta?
Esta desconfianza puede erosionar la legitimidad del proceso electoral y la participación ciudadana. Sin embargo, hay que recordar que el peruano suele decidir su voto los días previos a la elección y no suele consumir información sobre los candidatos al nivel que debería para emitir un voto realmente informado. En este caso, es necesario que colectivos que ya han participado en las elecciones anteriores haciendo investigación sobre candidatos, expongan y viralicen los casos vinculados con la minería ilegal, proporcionando evidencia contundente sobre estos vínculos.
¿Qué sugiere Ipsos —desde el ámbito de la opinión pública— para revertir estas percepciones?
Para que estas percepciones cambien, primero, deben cambiar temas estructurales y el modo cómo funciona la política en el Perú. Una vez que el Gobierno y las instituciones públicas combatan realmente la minería ilegal con acciones concretas, se requerirá de campañas de comunicación que informen sobre estos esfuerzos y fomenten la transparencia en la Administración Pública. Solo así estas percepciones irán cambiando en el tiempo.