Ad portas del 20.° aniversario del Premio Desarrollo Sostenible, Carlos Aranda Arce —ex presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y fundador de este galardón— rememora el origen del reconocimiento, sus criterios fundacionales, los hitos de su primera edición en 1997 y las transformaciones que lo han convertido en un testimonio de visibilización de buenas prácticas en el sector minero energético.
¿Cómo surgió la idea de crear el Premio de Desarrollo Sostenible?
La idea nace hacia los años 1993, 1994 y 1995. En esa época, el Banco Continental —que hoy es el BBVA— impulsó un reconocimiento llamado Premio Bárbara D’Achille, en honor a la periodista ambientalista asesinada por Sendero Luminoso. Este galardón premiaba los esfuerzos de protección ambiental de distintas instituciones. Yo solía asistir a esas ceremonias, como representante de Southern Perú y presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la SNMPE. En una de ellas, recuerdo haberme preguntado por qué no se reconocía a las empresas mineras o de hidrocarburos, que ya estaban haciendo esfuerzos concretos por mejorar sus prácticas ambientales.
A mediados de los noventa, el sector minero energético estaba viviendo una “revolución silenciosa”: el Estado estaba empezando a construir la base normativa ambiental del país. No éramos actores pasivos: el gremio impulsaba activamente normas, estándares y compromisos ambientales. Sin embargo, esa labor no era conocido, difundido y menos tenía reconocimiento público. Inspirado en la idea de los premios, que antes señale, así como en otros espacios —donde el propio sector celebra sus logros— propuse crear un reconocimiento interno.
¿Cómo se organizó esa primera versión del premio?
Compartí la idea con Iñigo Aspíllaga, vicepresidente del Comité y gerente legal de Occidental Petroleum, y con Ángela Ruiz, coordinadora de Comité de la SNMPE. Juntos diseñamos la propuesta, que inicialmente se llamó Premio al Esfuerzo Ambiental, en 1997. Lo presentamos al Comité de Asuntos Ambientales y se aprobó por unanimidad. La idea era premiar no el cumplimiento de la norma, sino los esfuerzos adicionales que realizaban las empresas más allá de lo exigido por ley. Decidimos también que la evaluación debía ser independiente, por lo que convocamos a un jurado externo con representantes del MINEM, del entonces Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), de la Universidad Nacional Agraria La Molina, del Instituto de Ingenieros de Minas y de una ONG ambiental.
La primera edición se realizó en julio de 1997, durante la presidencia de Hans Flury en la SNMPE. Participaron el ministro de Energía y Minas y la alta dirección del gremio. Se entregaron dos galardones —uno para minería y otro para hidrocarburos—, elaborados en plata y cobre. De hecho, el premio de hidrocarburos incluía petróleo real en su base.
¿Cuándo pasó a llamarse Premio Desarrollo Sostenible?
Mi intención siempre fue que el premio no quedara solo en el Comité Ambiental, sino que se convirtiera en una iniciativa institucional de la SNMPE. Eso ocurrió años después, durante la gestión en la gerencia del gremio de Caterina Podestá, hacia la primera mitad de la década del 2000. Ella propuso que el reconocimiento integrara los aspectos sociales y ambientales, lo que dio origen al actual Premio Desarrollo Sostenible.
¿Recuerda algún caso emblemático de los primeros años del premio?
Sí. Uno de los primeros casos que me dio gran satisfacción fue el de Aguaytía Resources, una empresa de gas natural. Ellos trabajaron con comunidades locales para reemplazar el uso de petróleo en los pequepeques (embarcaciones fluviales) por gas licuado. Convirtieron los motores, redujeron costos y evitaron derrames de hidrocarburos en los ríos. Esa experiencia mostró el impacto que podía tener el premio: promover cambios reales en las comunidades a través de la innovación ambiental.
¿Cómo ha evolucionado el enfoque del premio a lo largo del tiempo?
Ha evolucionado positivamente. Al comienzo las referencias que se solicitaban eran más sencillas y flexibles, en busca de asentar el espacio y propiciar la participación. Con los años los criterios son más puntuales y se han vuelto más estrictos. Hoy vemos con satisfacción que se recibe un alto número de proyectos, uno más interesante y relevante que el otro, por lo que la competencia para acceder al premio es fuerte. Es, además, reconfortante conocer que las intervenciones son cada vez más amplias y retadoras, reafirmando el compromiso de agregar valor a la sociedad y comprometidos con el desarrollo sostenible.
¿Y qué rol juega hoy el premio frente a amenazas como economías ilícitas, corrupción o falta del Estado en zonas mineras?
Creo que es un espacio que permite mostrar, y hacer notar la diferencia, la forma de trabajar del sector formal, responsable y comprometido con fortalecer la ciudadanía, de su interés y esfuerzo por generar alianzas, de trabajar con el Estado y la sociedad civil en busca del desarrollo sostenible. El premio ayuda a visibilizar las buenas prácticas en responsabilidad social y sostenibilidad, reforzando la evaluación interna del gremio y su código de conducta. Sirve como plataforma para mostrar que muchas empresas van más allá del cumplimiento legal y trabajan en iniciativas concretas para sus comunidades.
¿Algún recuerdo en particular mientras usted estuvo liderando esta iniciativa?
Sí, que a lo largo de los años que yo estuve presidiendo el Comité siempre contamos con el apoyo y buena disposición por parte de las directivas, de los presidentes. Creo que esto es muy importante porque demuestra la convicción y compromiso con las acciones que involucran el desarrollo sostenible, al más alto nivel de la institución, además de que siempre fue una tarea de todos y no sólo del Comité.