En abril del próximo año se realizarán las elecciones generales, un momento clave para definir las prioridades del país en materia económica y social. En ese contexto, el “Informe del sector gas natural – InfoGas Perú” presentado por Promigas Perú y Quavii, ofrece una radiografía del desarrollo del sector y plantea los desafíos que el Estado deberá abordar —tanto en lo que resta de la actual gestión como durante el siguiente periodo de gobierno— para consolidar los avances logrados en la última década.
Durante los últimos años, el gas natural se ha convertido en una de las principales fuentes de energía del país. Su expansión ha permitido reducir costos, reemplazar combustibles contaminantes y mejorar la competitividad de hogares, comercios e industrias. En 2024 el sector alcanzó 2.42 millones de clientes, lo que significó un aumento de 13 % respecto al año anterior, con cerca de 279 mil nuevos clientes incorporados. De este total, casi el 98 % correspondió a conexiones residenciales. Con esta expansión, la cobertura del servicio llegó a más de 8.1 millones de beneficiarios, equivalentes al 24 % de la población nacional. En el ámbito vehicular, el parque a gas natural comprimido (GNV) superó las 493 mil unidades, un crecimiento interanual de 10 %, impulsado por conversiones desde motores a gasolina.
“El gas natural se ha consolidado como un pilar del desarrollo energético del país. Sin embargo, su potencial solo podrá aprovecharse plenamente si se asegura la continuidad de las inversiones y la predictibilidad de las reglas que lo sustentan”, destaca el informe.
Reservas de gas natural: una base sólida, pero con el reloj en marcha
El análisis identifica como relevante la reactivación de la exploración de nuevos yacimientos, esencial para garantizar el abastecimiento energético futuro. La inversión total en el segmento de exploración y explotación (upstream) de hidrocarburos alcanzó US$ 565 millones en 2024, un aumento de 75 % respecto a 2023, aunque solo US$ 40 millones se destinaron a exploración. El contraste con años anteriores es evidente: entre 2010 y 2019 la inversión anual promedio en exploración superaba los US$ 400 millones.
El Perú dispone de una base sólida de reservas de gas natural que garantiza el abastecimiento en el mediano plazo, pero cuya sostenibilidad futura depende de una estrategia activa de reposición. Al cierre de 2024, las reservas probadas se estiman en 7.4 Tpc, suficientes para unos 15 años de consumo al ritmo actual. En ese contexto, el Lote 58 representa una oportunidad inmediata para fortalecer la seguridad energética, con 3.6 Tpc de reservas contingentes que podrían convertirse en reservas probadas y aportar más de S/ 2.000 millones en regalías hasta 2044.
Desbloquear la inversión requiere desarrollar demanda
El reto para reactivar la exploración no está solo en el subsuelo, sino también en fortalecer la demanda interna, que hoy sigue limitada y refleja el potencial desaprovechado del recurso. En 2024 se reinyectaron cerca de 290 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), volumen equivalente a toda la demanda industrial actual o casi ocho veces el consumo conjunto de pequeños comercios y hogares.
Brecha tarifaria: un obstáculo para la equidad y la competitividad
El informe destaca que la masificación del gas natural ha avanzado de forma sostenida. Sin embargo, su desarrollo sigue siendo desigual. Fuera de Lima y Callao, la cobertura apenas llega al 7 %, lo que refleja la necesidad de acelerar la expansión en regiones. Extender la infraestructura hacia el interior del país es clave para reducir brechas y promover un crecimiento territorial más equilibrado. Proyectos como la Extensión Sur del gasoducto y la iniciativa de siete regiones permitirán acercar la infraestructura al centro y sur del país, así como promover mayor equidad tarifaria a mediano plazo.
El estudio muestra diferencias significativas en el costo del gas natural entre regiones. En Lima y Callao, la tarifa industrial promedio es de US$ 6 por millón de BTU, mientras que en la zona norte asciende a US$ 12 y en el suroeste supera los US$ 17, por lo cual, se mantiene la necesidad de implementar una nivelación de tarifas con alcance nacional.
“Las regiones que no cuentan con conexión directa a ductos dependen del transporte virtual, por camiones cisterna o redes aisladas, lo que incrementa los costos logísticos y el precio final para el consumidor”, detalla el informe.
Estabilidad regulatoria y previsibilidad
El informe advierte que el entorno regulatorio requiere estabilidad y generación de confianza a los inversionistas, porque recientes revisiones tarifarias no han reconocido la totalidad de las inversiones ejecutadas, lo que podría frenar nuevos proyectos. “Sin un marco que combine incentivos para grandes consumidores, estabilidad regulatoria y financiamiento previsible, la expansión del gas natural seguirá enfrentando barreras estructurales. Avanzar hacia una regulación más predecible y ágil es una tarea
que el actual gobierno podría iniciar en los próximos meses”, señala el estudio.
El caso más reciente —en la concesión norte, una de las de mayor crecimiento— muestra cómo decisiones que afectan la sostenibilidad económica de los concesionarios pueden comprometer la continuidad de la masificación. Además, el informe menciona el antecedente en el Suroeste, donde el concesionario de distribución se retiró, se detuvo el proceso de masificación y la falta de señales claras podría afectar la relicitación de esa zona.
El Perú debería aplicar criterios de gradualidad y predictibilidad, como en otros países de la región, que equilibran la protección al cliente con la viabilidad de los operadores, un esquema para fortalecer la confianza y el crecimiento del sector.
Financiamiento y sostenibilidad social
El informe resalta el papel del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) en la masificación del gas natural que, en el año previo, financió 241 mil nuevas conexiones, de las cuales 236 mil fueron residenciales, equivalentes al 86 % de los nuevos clientes conectados ese año. A su vez, permitió 141 mil conversiones vehiculares, lo que representa cerca del 30 % del parque activo a gas natural.
El informe advierte la importancia de mantener la previsibilidad de estos recursos, y añade sobre el riesgo del cambio propuesto en el Proyecto de Ley N.º 9268 que, de ser aprobado, limitaría su alcance.