El gas natural se ha consolidado como uno de los pilares principales de la matriz energética peruana, impulsando no solo la industria y la generación eléctrica, sino también produciendo un impacto social y ambiental tangible en millones de hogares. Sin embargo, este “milagro energético”, impulsado por el yacimiento de Camisea, enfrenta importantes retos.
Durante el XI INGEPET, ejecutivos, expertos y autoridades gubernamentales expusieron los avances, pero sobre todo los desafíos de la sostenibilidad del modelo gasífero peruano. La conclusión fue unánime: sin reglas claras, estabilidad regulatoria, inversión continua en exploración y una infraestructura robusta, el país podría no aprovechar el impacto positivo que tiene este recurso energético en el futuro. La ruta hacia la seguridad energética y el desarrollo sostenible pasa inexorablemente por blindar las condiciones que hicieron posible este éxito y planificar con una visión de Estado con un horizonte de 40 años.
Masificación y beneficios tangibles
Mario Caballero, director de Finanzas de Cálidda, presentó un panorama alentador de lo alcanzado hasta la fecha. “Hoy en día, Cálidda ha dado acceso al gas natural a ocho millones de peruanos. Hay 36 mil comercios conectados, cerca de mil industrias que han transformado sus procesos productivos y más de 230 estaciones de servicio que abastecen a unos 120 mil vehículos”, afirmó durante su presentación. Caballero también destacó que toda la generación termoeléctrica del eje Lima-Callao opera actualmente con gas natural, lo que ha permitido eficiencia y una significativa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Los beneficios sociales fueron otro pilar de su exposición. El ejecutivo resaltó el impacto del programa de apoyo a comedores populares, al que calificó como “un eje de desarrollo muy relevante”. Explicó que más de 2,000 comedores han sido conectados de manera gratuita a la rede de gas natural, y que 35 de ellos ya fueron completamente remodelados con apoyo de empresas aliadas.
En el ámbito económico y ambiental, Caballero señaló que “no solo generamos un ahorro de entre 40% y 80%, sino también mejoras en salud y calidad del aire”.
Mirando al futuro, mencionó su ambiciosa propuesta para llevar gas natural a la zona centro-sur del país, a través de una ampliación de su contrato de concesión. El proyecto incluye la construcción de 3,700 kilómetros de redes de distribución y una inversión superior a S/ 1,000 millones, totalmente autofinanciada. “El objetivo es beneficiar a 1.2 millones de peruanos con las mismas tarifas y ventajas que ya disfrutan Lima y Callao”, explicó. Para ello, pidió al Estado mantener y fortalecer el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), fondo que ha sido “un aliado extraordinario” para expandir el servicio, y alertó sobre proyectos de ley que podrían desviarlo de su propósito original.
Además, propuso la creación de un comité técnico independiente que emita opinión para dirimir las discrepancias surgidas entre concesionarios y el regulador, argumentando que “las inversiones en el sector son de largo plazo” y que se requiere de reglas predecibles y confiables para seguir expandiendo los beneficios del gas natural.
Ejemplos cercanos
Por su parte, Álvaro Ríos, director de Gas Energy Latin America (GELA) y exministro boliviano de Hidrocarburos, rememoró la experiencia de Bolivia, que pasó de ser un gran exportador de gas a enfrentar escasez y dependencia del combustible importado, luego de la implementación de políticas de nacionalización, aumento de tributos y pérdida de competitividad. “En 20 años, el Gobierno de Evo Morales registró US$ 67,000 millones en exportaciones de gas, y hoy no hay dólares ni gasolina”, lamentó, ilustrando las graves consecuencias de un manejo cortoplacista y poco predecible.
Ríos refirió que el Perú ha mantenido un modelo energético exitoso, gracias al desarrollo del yacimiento Camisea, que generó electricidad barata e impulsó la industria. No obstante, advirtió que este “milagro” podría agotarse si no se reactiva la exploración de manera urgente. “Camisea es un milagro, pero puede acabarse. Hay que mirar nuevas zonas, sobre todo en el sur y en el mar, y hacerlo a tiempo”, aseveró.
A su vez, el especialista destacó la necesidad de un plan nacional de gasoductos y proyectos integrados que aseguren el abastecimiento interno y permitan sostener las exportaciones de gas natural licuado (GNL). “No se puede masificar el consumo con camioncitos. Hay que masificar con infraestructura a gran escala y mirar un horizonte de 40 años”, sostuvo Ríos, enfatizando la necesidad de pensar en grande y a largo plazo.
También dirigió su mirada a la empresa estatal de combustibles, recomendando “blindar e institucionalizar la gestión de Petroperú”, pero evitando que asuma el control de toda la cadena de valor, porque eso frenaría la inversión privada. Finalmente, Ríos instó a mantener la estabilidad del modelo económico y reducir los trámites para incentivar la exploración de nuevos yacimientos de gas natural. “No copien el modelo boliviano. Nunca en la vida. Hay que fomentar la exploración y educar sobre el valor del gas natural. Sin energía, no hay desarrollo”, concluyó, dejando un mensaje claro sobre el alto costo de desatender las señales de advertencia.
Desbloqueo y expansión
Desde la perspectiva gubernamental, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, anunció medidas concretas para reactivar la exploración y garantizar el suministro futuro. Cárdenas reveló que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha presentado un proyecto de ley que permitiría el desarrollo de actividades de exploración y producción de gas natural y petróleo en áreas naturales protegidas, bajo estrictos condicionantes. “Estamos planteando un proyecto que pueda comunicarse con la Ley de Áreas Naturales Protegidas, de modo que en aquellas zonas donde antes se desarrollaron actividades de hidrocarburos se pueda volver a operar, utilizando tecnologías estratégicas y con altos estándares”, afirmó.
La viceministra justificó la iniciativa argumentando que “Camisea demostró que sí se puede trabajar en áreas protegidas y cerca de reservas indígenas”, resaltando que la experiencia técnica acumulada permite hoy retomar este tipo de proyectos con seguridad y sostenibilidad. Como parte de la compensación ambiental, la iniciativa contempla destinar un porcentaje de la producción fiscalizada a la conservación de las áreas naturales. “En esas zonas ya existen actividades ilegales como la tala y la minería. Lo que proponemos es que parte de la producción sirva para conservar las áreas protegidas”, sostuvo Cárdenas.
Para agilizar los proyectos, anunció que el MINEM viene modificando los reglamentos de exploración, explotación y regalías de hidrocarburos, y ha propuesto un nuevo instrumento ambiental complementario. “Queremos que los proyectos se aprueben en un plazo máximo de cuatro meses, manteniendo la evaluación ambiental y la participación ciudadana”, precisó.
Asimismo, reafirmó la apuesta del Gobierno por impulsar la industria petroquímica, garantizar precios competitivos del gas y ampliar el acceso al servicio en regiones del sur, remarcando que “tenemos la responsabilidad de satisfacer las necesidades energéticas de todos los peruanos”.
Señales para el largo plazo
Por su parte, Miguel Maal, gerente general de Promigas, aportó la perspectiva de un operador con experiencia tanto en Colombia como en el Perú, y su mensaje fue una advertencia directa sobre las consecuencias de la incertidumbre regulatoria. “El gas (natural) más caro es el que no tienes”, afirmó, al relatar la experiencia colombiana, donde la falta de señales claras está obligando hoy a importar gas natural a precios hasta 40 veces mayores que los históricos.
Maal recordó que el éxito del desarrollo gasífero en Colombia —con más de siete millones de usuarios, 4.4 millones de ellos atendidos por Promigas— se sustentó en tres principios básicos: declarar el gas natural como servicio público esencial, sustituir combustibles líquidos importados y menos amigables con el medio ambiente, y establecer subsidios cruzados que hicieran competitiva la expansión de la infraestructura gasífera en todo el país. “Instituciones fuertes y reglas claras nos permitieron alcanzar esa penetración. Cuando eso cambia, se desmorona el modelo”, advirtió.
El ejecutivo señaló que esa misma filosofía se aplicó con éxito en el Perú, donde Promigas participa en concesiones como Cálidda en Lima y Callao, y Gases del Pacífico en el norte del país. En esta última, la empresa ha invertido US$ 600 millones desde el 2018, conectando a 358 mil familias y beneficiando a más 1.2 millones de personas en cinco regiones. “Esto no ha sido gratuito. Son proyectos de gran capital que requieren de reglas estables para sostenerse”, subrayó.
Maal comentó, además, sobre el nuevo diseño del FISE, en discusión actualmente en el Congreso, y mencionó que los cambios propuestos limitarían el alcance de sus intervenciones como fondo dirigido al acceso a la energía.
Finalmente, pidió al Estado peruano mantener una política de largo plazo: “el Perú tiene gas natural, tiene infraestructura y tiene mercado. Solo falta una política de Estado sostenida que de confianza al inversionista. Si no se corrigen las señales, el desarrollo del gas puede detenerse”.
Respaldo de las renovables
Por último, Tomás Delgado, gerente general de Transportadora de Gas del Perú (TGP), llevó la discusión hacia el futuro del sistema eléctrico nacional y el papel crucial del gas natural en la transición energética. “El COES señala que en los próximos años habrá déficit de generación eficiente. No habrá apagones, pero sí incrementos de precios, porque la generación que sustituirá será más costosa, principalmente con diésel”. Recordó que en el 2022 y el 2023 el retraso de las lluvias obligó al Perú a generar electricidad con diésel, lo que costó al país más de US$ 2,000 millones.
Delgado subrayó que el gas natural mantiene ventajas en competitividad, confiabilidad y sostenibilidad frente a otros combustibles, y consideró que su rol no debe verse solo como de transición, sino como parte estructural del sistema. “El gas cada vez va a ser más importante para sostener la transición. El Perú en diez años va a necesitar más capacidad y más gas natural para respaldar la intermitencia de las energías renovables”, remarcó, aludiendo a la naturaleza variable de fuentes como la solar y la eólica, que requieren un respaldo firme y constante para garantizar la estabilidad del suministro.
El ejecutivo enfatizó que el actual marco normativo no ofrece condiciones para las grandes inversiones de largo plazo que requiere esta infraestructura de respaldo: “Es difícil que alguien vaya a invertir US$ 2,000 millones para que después el regulador decida si fue eficiente o no. Necesitamos confiabilidad, predictibilidad y transparencia”. En ese sentido, reiteró la propuesta de TGP de ejecutar un proyecto de US$ 2,000 millones para ampliar la infraestructura de transporte de gas natural hacia el sur del país, una inversión “absolutamente privada”, que requiere de la renovación de la concesión del gasoducto de Camisea más allá del 2033 para ser viable.
Delgado cerró su intervención insistiendo en que el reto principal del Perú no es técnico, sino regulatorio. “Necesitamos un marco normativo que reconozca el nuevo papel del gas natural: el de la seguridad energética. Y la seguridad, como en cualquier sistema, tiene un costo”. Y es que la energía confiable tiene un costo, pero es infinitamente menor al de la escasez.