En el primer bloque, el abogado Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, ofreció una exposición sobre la coyuntura legal laboral; analizó el panorama del sector minero energético y destacó los efectos de la norma que busca prohibir la tercerización de actividades nucleares, las sentencias que la han cuestionado y los proyectos de ley que podrían reabrir el debate, así como las relaciones laborales colectivas, el fondo de jubilación minera y los proyectos legislativos en curso.
Toyama recordó que el reglamento emitido durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo afectó directamente a sectores como minería, energía e hidrocarburos, donde la tercerización es una práctica esencial para la eficiencia y la especialización de las operaciones.
Explicó, a manera de ejemplo, que la norma “prohibía que una empresa minera tercerice la actividad de explotación minera, o que una empresa petrolera lo haga con la perforación, o una empresa de energía con su planta de generación”. Esta restricción, añadió, fue observada por el sector privado por considerarla contraria al marco normativo, lo que derivó en recursos ante Indecopi, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC).
Asimismo, Toyama detalló que el Indecopi declaró inaplicable la norma para todo el país, lo que en la práctica la dejó sin efectos operativos, afirmó. Sin embargo, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que reavivó el debate, al considerar que “es válido prohibir la tercerización de actividades nucleares”.
“Esa sentencia no tiene efectos prácticos, pero sí un impacto indirecto, porque el Tribunal Constitucional es quien interpreta la Constitución”, explicó el abogado. “Puede pasar que la Corte Suprema, que está por resolver el caso (que sentó precedencia), le haga caso al TC y diga que el reglamento de Castillo está muy bien. En ese caso, seguiría en ‘muerte vegetal’; pero si dice que está mal, se desconectaría y la norma moriría totalmente”, agregó.
Riesgo legislativo
Toyama advirtió que la mayor preocupación actual “es que el Congreso apruebe una ley que prohíba las tercerizaciones nucleares”, lo que podría generar incertidumbre en sectores que operan bajo altos estándares laborales y de seguridad. En ese contexto, el abogado laboralista recomendó a las empresas continuar fortaleciendo sus buenas prácticas con los contratistas y mantener una gestión responsable de sus relaciones laborales, como muestra del compromiso permanente del sector con la formalidad y la calidad del empleo.
El especialista advirtió también sobre otros proyectos legislativos laborales en debate, como el que busca modificar la distribución de utilidades en perjuicio del sector eléctrico, el aumento de la bonificación nocturna al 30% o 35%, y una eventual reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas para adecuarse a los estándares de la OCDE.
Sunafil, jornada y fiscalización
En el segundo bloque Jaime Cuzquén —socio de EY— trazó un panorama sobre el fortalecimiento de la fiscalización laboral, el impacto de las reformas recientes y las principales iniciativas que hoy preocupan a las empresas del sector minero energético, como las normativas sobre beneficios y jornadas, y las implicancias prácticas para la gestión de relaciones laborales en las compañías del sector.
Cuzquén abrió su exposición explicando los cambios recientes en un marco político que, dijo, no debe sorprender. “Lo que ocurrió con el Gobierno del expresidente Castillo lo conocíamos […] la agenda 19 se dijo en campaña y el 80% se cumplió”. Agregó que las medidas de esos años dejaron un legado normativo cuya huella aún pesa en el debate actual.
También señaló que entre el 2022 y el 2024 fueron años de aumento de licencias y feriados, y destacó que muchas de estas medidas —a menudo promovidas por razones políticas o de campaña— generaron derechos de alcance colectivo y costos operativos para las empresas.
Entre las iniciativas que mencionó incluyó la ampliación de licencias y el incremento de la licencia por paternidad de 10 a 15 días, así como propuestas que amplían la nulidad de despido para grupos específicos y que pretenden consagrar el teletrabajo como derecho en determinados supuestos.
Fortalecimiento de la fiscalización
Cuzquén se refirió, además, a la fiscalización laboral, explicando que la estrategia de Sunafil combina presencia mediática, uso intensivo de plataformas digitales e “inteligencia inspectiva”. “(La institución) está hecha para investigar y sancionar, y su presencia digital permite saber qué va a hacer el organismo en cualquier momento”, aseguró el experto.
Detalló el uso de datos administrativos y cruces de información (RUC, consumo eléctrico, líneas móviles) para identificar discrepancias entre la actividad comercial y las planillas declaradas. “Si hay una compañía que tiene un consumo alto de energía eléctrica y ve en su planilla que tiene 10 trabajadores, eso revela una inconsistencia operativa”, afirmó Cuzquén.
Esta lógica, afirmó, apunta a detectar indicios de dependencia económica y tercerización. En ese contexto, el representante de EY indicó que hay nuevas herramientas como drones y plataformas digitales que amplían el alcance de la inspección: “La inspección presencial ya dejó de ser la forma habitual de hacer visitas. Hoy se está pensando cómo abarcar más, con menos recursos y de manera más eficiente”.
Además, Cuzquén hizo notar la efectividad operativa de instrumentos aparentemente sencillos, como las cartas inductivas: “Si digo que he redactado 100 cartas y, en realidad, solamente contestan 10, para ellos es un logro, porque esos 10 que contestan representan un cumplimiento del 10%”.
También advirtió que el incremento sostenido de inspectores —estimado en 10% anual— y la digitalización han aumentado el número de actuaciones e inspecciones, con mayor foco en formalización y derechos fundamentales de los trabajadores.
Oportunidades de defensa
Sobre el Tribunal de Fiscalización Laboral, Cuzquén señaló que, aunque la fiscalización de base tiene una tendencia hacia proteger al trabajador, el tribunal ha mostrado apertura a corregir procedimientos defectuosos y a privilegiar principios de derecho administrativo que benefician al administrado.
“En nuestra revisión de 100 casos que tiene el tribunal, por lo menos en 45 de ellos, parcialmente resulta favorable el sentido de su resolución”, y destacó que el tribunal está incorporando criterios de la fiscalización tributaria. “La verdad material es más importante: si tú me presentas información luego del plazo de requerimiento y esa información acredita cumplimiento, no te puedo hacer nada”.
Este enfoque abre vías de defensa procesal: rigor en plazos, valoración probatoria y debido procedimiento. “Si no valoras y ni siquiera te pronuncias sobre ese medio probatorio que te ha presentado la compañía, entonces has gastado su derecho a la defensa y, por tanto, al debido procedimiento”, aseveró.
Cuzquén cerró con un llamado a la anticipación estratégica: “La mejor alternativa es en este momento anticiparnos y tomar medidas. Desde el lado político ¿qué hago yo desde mi empresa? Tengo que comenzar a monitorear todos estos temas”.
El abogado recomendó, a su vez, mayor interlocución con los formuladores de planes de Gobierno, seguimiento de iniciativas parlamentarias y fortalecer la gestión presencial frente a los inspectores: “La presencia con el inspector es relevante para el éxito de la posición legal”.
Así, Cuzquén trazó una hoja de ruta clara para las compañías del sector: el entorno normativo y fiscalizador cambió —con mayor digitalización, inteligencia inspectiva y un tribunal que ya fija criterios— y exige a las empresas combinar defensa legal rigurosa, mejora de procedimientos internos y anticipación política.