En el Perú, la minería ilegal de oro ha dejado de ser una actividad de subsistencia para convertirse en una economía criminal dominante, con proyecciones de duplicar el valor del resto de actividades ilícitas combinadas para 2025.
Esta alarmante realidad fue expuesta durante el webinar “Minería ilegal: una mirada internacional a la crisis”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), donde se analizó la magnitud, nexos internacionales y las urgentes medidas necesarias para enfrentar este flagelo.
Magnitud y nexos
Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, inició su presentación de manera contundente: el Perú concentra alrededor del 44% del oro ilegal exportado desde América del Sur, “casi la mitad de todo el oro de origen ilícito que sale de la región al mundo”, señaló. Y si al 2023 la minería ilegal concentró aproximadamente el 41% del valor total de todas las economías ilícitas, aseguró que las proyecciones indican que, de no mediar cambios, para el 2025 la minería ilegal podría duplicar en valor al resto de economías criminales sumadas.
“Casi la mitad de todo el oro de origen ilícito que sale de la región al mundo tiene como punto de partida nuestro país”, refirió Fuentes, destacando que esto posiciona al Perú como un epicentro global de este mercado ilícito, lejos de ser un problema local o marginal.
Geográficamente, el fenómeno se ha diversificado. “La minería ilegal no es sinónimo únicamente de Madre de Dios, es un fenómeno nacional y diversificado”, afirmó el ejecutivo. Según el IPE, el valor de las exportaciones de oro de origen ilegal alcanza los US$ 12 mil millones y compite casi de igual a igual con la legal (que superó los US$ 13,000 millones en el 2024), pero sin cumplir estándares ambientales, sin pagar impuestos y, con frecuencia, apalancada en otras redes criminales.
Respuesta y propuestas
Frente a ese crecimiento de la minería ilegal, la respuesta estatal es, a juicio de Fuentes, “reactiva y fragmentada”. El presupuesto para formalización minera cayó casi 60% y las partidas para interdicción se concentran en el Ministerio de Defensa, con escasos recursos para inteligencia e investigación financiera. Como soluciones, propuso una estrategia de siete pilares que incluye el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el fortalecimiento de la trazabilidad del oro, la interdicción con inteligencia (no solo de maquinaria, sino de redes logísticas y financieras), una formalización creíble, coordinación institucional, cooperación transfronteriza, desarrollo alternativo y una presencia efectiva del Estado que blinde la seguridad jurídica.
Por su parte, Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de FACT Coalition de Estados Unidos, aportó una mirada internacional sobre la minería ilegal y la creciente diversificación de los productos de oro exportados desde la región para evadir controles.
“Mi hipótesis es que los grupos de crimen organizado han diversificado los productos de oro que exportan para camuflar el flujo ilícito”, afirmó Yansura. Mencionó a su vez al “oro concentrado”, un producto semiprocesado exportado por vía marítima, cuyas ventas desde el Perú se quintuplicaron en un año, alcanzando US$ 880 millones. “Esto es un reto enorme para investigadores, periodistas y Gobiernos. No es solo identificar un lingote de oro, es identificar todo lo que podría contener oro”, explicó.
Yansura también destacó el rol crucial de los países compradores: “Tenemos mercados que están comprando oro ilegal todos los días sin hacer preguntas sobre su origen”. Puso como ejemplo a Estados Unidos, principal destino del oro ilegal de Colombia y principal jurisdicción extranjera en los casos de lavado de activos vinculados a la minería ilegal amazónica. “Solo en el aeropuerto de Miami se incautó una tonelada de oro ilegal en los últimos tres años”, reveló.
Entre las acciones concretas que países como Estados Unidos podrían tomar, la experta mencionó tres claves: combatir el uso de empresas fantasma (la principal tipología para lavar dinero de la minería ilegal en el hemisferio), exigir una declaración de oro en aduanas (de la misma forma que se hace con el efectivo), y tipificar la minería ilegal transnacional como un delito subyacente para el lavado de activos. Su mensaje central fue que “este es un problema global y requiere de acción, no solo de los países que producen oro, sino también de los países de tránsito o destino”.
A su vez, Lucía Dammert, profesora titular del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile, llamó a “traer la conversación a la ciudadanía en su día a día”, ya que los impactos de la minería ilegal, aunque se concentran en zonas alejadas, financian violencia y otras organizaciones criminales que operan en las ciudades.
Además, destacó consecuencias menos visibles, pero igual de graves: la mayor probabilidad de zoonosis (transmisión de enfermedades de animales a humanos), futuras pandemias y el acercamiento de la fauna silvestre a los humanos, debido a la deforestación.
Dammert recalcó la debilidad de la respuesta estatal, atribuyéndola no solo a la corrupción, sino también a la falta crónica de financiamiento para la fiscalización. “La lucha decidida contra la minería ilegal debe verse reflejada en el presupuesto general de la República, principalmente”, algo que no ocurre, sentenció.