La minería peruana muestra señales claras de recuperación. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, en noviembre de 2025 la producción nacional de zinc creció 13.7%; la de plomo, 10.8%; la de mineral de hierro, 5.6%; y la de plata, 0.03%, en comparación con el mismo mes del año anterior.
Para Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), estos resultados reflejan la resiliencia y competitividad del sector en un contexto internacional complejo. “La minería peruana ha demostrado capacidad operativa y fortaleza frente a un entorno global volátil. Es una señal positiva para la economía nacional”, afirmó en su columna del Semáforo Minero.
Ortiz destacó que el sector continúa siendo uno de los principales motores del país, al generar empleo, atraer inversión y aportar recursos fiscales que permiten financiar obras y servicios públicos en distintas regiones.
No obstante, advirtió que la consolidación de esta recuperación requiere algo más que buenos indicadores productivos. “Sin integridad ni formalidad, la recuperación minera no será sostenible. Necesitamos fortalecer la institucionalidad y garantizar reglas claras para que la inversión se mantenga en el tiempo”, enfatizó.
En esa línea, consideró relevante la decisión del Ejecutivo de replicar el denominado Modelo Pataz en Cajamarca y otras zonas del país, con el objetivo de enfrentar de manera integral la minería ilegal y su vinculación con economías criminales.
Minería ilegal y corrupción
De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional de Cajamarca, la minería ilegal en distritos como Chugur, El Tingo, Sinchao, Hualgayoc y Bambamarca moviliza alrededor de S/ 6,000 millones al año. “Estamos hablando de recursos que operan al margen de la legalidad, sin estándares ambientales ni laborales, y que afectan tanto al Estado como a las comunidades”, señaló Ortiz.
El vicepresidente del IIMP agregó que el país enfrenta además un desafío estructural vinculado a la corrupción. Según estimaciones de la Contraloría General de la República, entre 2021 y 2023 el Perú habría perdido aproximadamente S/ 72,000 millones por efectos de este fenómeno. “La corrupción debilita la confianza, retrasa proyectos estratégicos y afecta la calidad del gasto público. Sin transparencia y rendición de cuentas, ningún sector puede desplegar plenamente su potencial”, afirmó.
Finalmente, Ortiz subrayó que el Perú cuenta con recursos geológicos de clase mundial, experiencia técnica y una cartera importante de proyectos mineros. “Tenemos el potencial para seguir liderando en la región. El reto es asegurar que ese desarrollo sea ordenado, competitivo y sostenible, en beneficio de todos los peruanos”, concluyó.
Fuente: IIMP.