El Indecopi, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección del Consumidor N°3, en el marco de sus competencias, puso a disposición del Ministerio Público los resultados de las fiscalizaciones efectuadas por la institución a estaciones de servicio, mercados y terminales terrestres; monitoreo de mercado de combustibles, así como el registro de reclamos de ciudadanos ante el incremento de precios de la gasolina y GLP que responderían a un presunto acaparamiento y especulación, tras el racionamiento de combustibles.
La información remitida corresponde al monitoreo del mercado de combustibles en grifos y estaciones de servicio de la ciudad de Lima en el periodo del 6 al 10 de marzo; así como el “Reporte de monitoreo del mercado de combustibles N.°2, evolución de precios y condiciones de competencia” elaborado por la Dirección de Libre Competencia del Indecopi, cuya estadística refleja una variación del precio en el mercado minorista del GLP entre el 26 de febrero al 8 de marzo de 2026.
De esa manera y según lo dispuesto en el artículo 33 del Código Penal que establece como delito el acaparamiento y de los artículos 234 y 235 del citado código, relacionado con los delitos de la especulación, alteración de pesos y medidas, así como la adulteración, el Indecopi cumple con remitir la información identificada para que la Fiscalía determine si ésta se relaciona con la comisión de los delitos mencionados y pueda realizar las acciones que considere pertinentes de acuerdo a sus facultades.
Operativos
El Indecopi señaló, además, que los operativos de fiscalización multisectoriales con la participación del Ministerio Público, Osinergmin, Sunat, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Justicia, se intensificarán a partir de hoy en estaciones de servicio y centros de venta de balones de gas.
Desde el inicio de la emergencia, debido al racionamiento de combustibles, a raíz de problemas en la planta de gas de Megantoni, la institución, a través de la Dirección de Fiscalización, ejecuta acciones de supervisión a nivel nacional con la finalidad de garantizar que se cumplan los derechos de los consumidores, de acuerdo a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Mientras que en lo que respecta a libre competencia, se ha abierto un expediente de indagación para recopilar información y evaluar la existencia de eventuales indicios de prácticas anticompetitivas, como acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta o repartirse el mercado.