La minería ilegal en el Perú ha alcanzado dimensiones críticas, transformándose en la principal economía ilícita del país. Según un reciente reporte elaborado por el IPE y RPP Economía, esta actividad no solo está depredando recursos naturales, sino que ha alcanzado un nivel tal que el volumen producido ahora es igual a la producción de la minería formal.
De hecho, no solo compite en volumen con la producción formal de oro, sino que también ha logrado insertarse en los circuitos productivos del país, al punto de que siete empresas que operan bajo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) figuran actualmente entre los 25 principales productores de oro reportados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). De ellos, al menos tres se presentan como empresas dedicadas principalmente al acopio y procesamiento de oro a gran escala
mediante plantas procesadoras propias.
Este dato revela un cambio estructural en la dinámica del sector: operadores en proceso de formalización —o amparados por este régimen— han alcanzado niveles de producción comparables con los de la gran y mediana minería, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la trazabilidad, supervisión y control del origen del mineral.
Brecha ilegal
Por segunda vez en la última década, la brecha entre las exportaciones de oro legal e ilegal, en volumen, se ha cerrado.
El valor de las exportaciones de la minería ilegal superó los US$ 11,500 millones en el 2025. Esta cifra representa 6.5 veces más que lo registrado hace una década. La minería ilegal ya duplica el tamaño económico de otras actividades criminales juntas, como el narcotráfico y la extorsión.
Con precios proyectados por JP Morgan de hasta US$ 4,500 por onza de oro para el 2026, el valor de este mercado ilícito podría superar los US$ 15,000 millones este año.
Infraestructura nociva
La falta de trazabilidad ha facilitado que el oro ilegal se inserte en la cadena formal minera mediante plantas y comercializadoras. Solo en el 2025, se crearon cada día —en promedio— tres nuevas plantas procesadoras y dos comercializadoras. A inicios del 2026, el ritmo de registro de empresas procesadoras se duplicó a seis empresas por día.
“Ya no hablamos de una actividad que es pequeña, o artesanal, es una actividad que mueve muchísimo dinero, y que está moviendo el doble de dinero que todo el resto de las actividades ilegales”, aseguró Paola Herrera, economista senior del IPE, a RPP Economía.