El 2026 empezó con buenas noticias para Buenaventura, la primera barra doré en enero y el reporte de marzo que sitúa a San Gabriel al 99% de avance. ¿Qué falta para que este proyecto entré en operación y qué nuevos proyectos vienen para Buenaventura este año?
La primera barra doré confirmó que San Gabriel, en Moquegua, se encuentra en una fase decisiva que nos acerca a la etapa producción y operación comercial. San Gabriel es muy importante para nosotros, ya que nos permitirá tener un crecimiento sostenido en los próximos catorceaños y será nuestra columna vertebral en la producción de oro.
Este año también tenemos una agenda importante en Yumpag (Pasco), El Brocal (Pasco), Uchucchacua (Lima) y, por supuesto, Trapiche (Apurímac), que logró un hito con la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Queremos consolidar estas unidades mineras que, junto con San Gabriel y Coimolache (Cajamarca), son el foco actual de nuestra estrategia de negocio.
Cuando conversamos para el SIMPOSIO del 2024, se proyectaba un crecimiento en la producción de cobre. ¿Esta tendencia continuará? ¿Qué condiciones deberían darse para seguir creciendo?
Para que Buenaventura y la minería peruana, en general, tengan una trayectoria sostenida de crecimiento se requiere ampliar operaciones, desarrollar nuevos proyectos y destrabar exploraciones que permitan reponer reservas y construir la siguiente generación de minas. Para eso necesitamos predictibilidad regulatoria, un sistema de permisos más eficiente y condiciones territoriales adecuadas, como infraestructura, seguridad, presencia del Estado y relaciones tempranas y transparentes con las comunidades.
El Perú tiene una cartera de proyectos mineros muy importante y una oportunidad histórica, tanto por el cobre y la transición energética como por su potencial polimetálico. Para lograrlo se requiere estabilidad, confianza y una visión de país que entienda que la minería formal puede seguir siendo uno de los grandes motores de inversión, empleo, canon y desarrollo regional.
En esa misma oportunidad, usted mencionó que el país necesitaba simplificar los trámites mineros. Pero, además, existen hoy iniciativas que pretenden cambiar la ley de concesiones mineras, ¿qué opina de ello?
Mi posición sigue siendo la misma. El Perú necesita simplificar su marco minero, no debilitarlo. Simplificar no significa reducir estándares ambientales o sociales. Significa tener procesos más claros, coordinados y predecibles. Hoy, muchas veces el problema, más allá de lo técnico, es la demora y la incertidumbre.
La propuesta de modificar el régimen de concesiones mineras podría debilitar la seguridad jurídica y afectar la competitividad del Perú frente a otros países mineros, en un contexto donde solo el 16% del territorio nacional se encuentra concesionado. Entre las medidas planteadas figura reducir de 30 a 15 años el plazo para poner en operación un proyecto minero, pese a que en el Perú desarrollar una operación puede tomar hasta 40 años y más de 11 años solo en trámites y permisos. Como ha expuesto la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en un comunicado, este dictamen también propone incrementar el derecho de vigencia hasta en 300% y las penalidades hasta en 400%, cuando actualmente las empresas mineras ya pagan hasta cuatro veces más por mantener concesiones que países como Chile, Canadá, México o Sudáfrica. Este escenario podría desalentar nuevas inversiones formales y abrir espacios al avance de la minería ilegal, que opera sin estándares técnicos, ambientales ni supervisión estatal.
Hace dos años también comentó que la empresa tenía la mirada puesta en Chumbivilcas. Hoy, ese interés se ha concretado en nuevos petitorios mineros en Cusco y Arequipa. ¿Qué potencial han visto en estas nuevas áreas?
La exploración es parte importante del ADN de Buenaventura y nuestro interés en el corredor sur responde a una lectura geológica y estratégica. Estamos hablando de una zona con tradición minera, potencial polimetálico y cercanía relativa a una franja en la que el sur peruano ya ha demostrado capacidad para desarrollar proyectos relevantes.
Teniendo en cuenta el ciclo de vida de una mina y los extensos cronogramas y procesos que deben cumplirse en cada etapa, cada nuevo petitorio debe entenderse como el inicio de un largo proceso en el que el primer paso está centrado en el relacionamiento con la población y las comunidades.
En marzo, Senace finalmente aprobó el EIA de Trapiche, un proyecto de 3,400 millones de dólares. ¿Cuáles son los pasos inmediatos para avanzar con este proyecto?
La aprobación del EIA de Trapiche es un hito, pero no significa que el proyecto pueda iniciar su construcción de inmediato. Este permiso ambiental es indispensable, pero aún queda por delante la gestión de otros permisos y licencias, autorizaciones, títulos habilitantes y la determinación de una posible consulta previa, entre otros trámites necesarios para que toda mina formal inicie operaciones.
Lo que viene es la gestión de los permisos complementarios y las autorizaciones sectoriales, diseñar una estrategia para su eventual ejecución, con todos los componentes que ello implica, y seguir trabajando en nuestro relacionamiento social en la zona para construir la confianza necesaria que permita que el proyecto salga adelante.
Trapiche es un proyecto de cobre de largo plazo y de gran escala, con una inversión estimada en US$ 3,400 millones para la construcción, la operación y el cierre de la mina. Para Buenaventura representa una oportunidad de diversificar aún más su portafolio y fortalecer su posición en cobre, pero lo haremos con disciplina técnica, financiera, ambiental y social.
¿Cómo afecta el clima político a sus planes de inversión este año? ¿En qué cree que debería enfocarse el siguiente Gobierno para promover el sector minero?
El clima político siempre influye. Cuando existe incertidumbre regulatoria o señales contradictorias, las empresas tienden a priorizar proyectos con mayor nivel de madurez y a actuar con mayor cautela frente a nuevas decisiones de inversión. El capital que no encuentra estabilidad ni predictibilidad en el Perú puede desplazarse hacia otros mercados mineros como Chile, Canadá, Australia o México, que compiten con nosotros en captar inversiones y desarrollar aún más su industria minera.
El siguiente Gobierno debe impulsar un proceso de formalización genuino y efectivo para los mineros artesanales con real voluntad de incorporarse a la legalidad, acompañándolos con asistencia técnica que les permita cumplir los estándares exigidos. En paralelo, el Estado debe priorizar y fortalecer a la minería formal frente al avance de la ilegalidad, considerando que la actividad formal genera empleo, canon, innovación, recaudación y desarrollo regional bajo supervisión ambiental y fiscalización permanente. El Perú necesita de un Estado que acompañe, fiscalice y destrabe inversiones responsables, manteniendo reglas claras y estándares sólidos.