En el SIMPOSIO presentará un estudio sobre cómo la minería ilegal impacta negativamente sobre los Derechos Humanos. ¿Cómo han diseñado esta investigación?
Nosotros partimos de una premisa: es evidente que los mercados ilegales están asociados a diversos problemas, entre ellos el uso excesivo de la violencia. Sin embargo, poco se analiza su implicancia en términos de Derechos Humanos.
Bajo ese enfoque, nos propusimos estudiar un mercado ilegal específico —la minería ilegal— para identificar qué tipo de impactos genera sobre los Derechos Humanos. Para ello, lo primero fue entender cómo funciona este mercado: sus circuitos operativos, logísticos y sus cadenas de suministro, desde las zonas extractivas hasta las de transformación y exportación.
A partir de esa caracterización, buscamos identificar qué tipo de alteraciones existen en cada eslabón, actividad y tarea. Para hacerlo, estamos estudiando tres contextos específicos en sitios andinos donde se desarrolla minería ilegal de oro. En estas zonas realizamos un estudio exploratorio cualitativo en profundidad, con el objetivo de identificar las principales vulneraciones, tanto en términos de violencia como en la dinámica de la cadena productiva, incluyendo la presencia de actores y redes criminales.
Ha sido un trabajo muy intenso: hemos estado en campo en las tres zonas, realizando entrevistas, observación directa y contraste con la poca información pública disponible. Aun así, hemos sido muy exhaustivos y hemos identificado elementos que reflejan la complejidad de la minería ilegal, no solo en términos económicos o criminales, sino también en relación con los Derechos Humanos, un ángulo que debería analizarse con mayor profundidad.
¿Cuál diría que ha sido el mayor reto de esta investigación?
Más allá de los desafíos del trabajo de campo —que el equipo ha podido manejar por su experiencia—, un reto clave es la falta de información oficial. Es una limitación constante en el Perú: no contamos con datos confiables sobre crimen, violencia, homicidios, delitos ambientales y otros impactos de los mercados ilegales.
Esto dificulta entender con precisión el problema. Precisamente, por esas limitaciones, decidimos hacer un trabajo de campo intensivo, lo que nos ha permitido obtener información sensible y relevante.
El estudio aborda un análisis de los registros de producción de oro frente al volumen de exportación. ¿Qué nos dice esa diferencia sobre la capacidad de control del Estado en los flujos de comercio exterior?
Cuando más de la mitad del oro que exportas no tiene explicación formal, eso indica que el sistema permite el ingreso de grandes volúmenes de producción sin control. Un margen de 10% o 20% ya sería problemático, pero cuando supera el 50%, evidencia que el sistema no tiene capacidad de control. En términos de “salud”, estamos frente a un sistema bastante débil.
¿A qué atribuyen esta falta de control?
Tiene que ver, por un lado, con el marco normativo y, por otro, con la capacidad operativa de vigilancia y seguimiento. El oro se produce en muchas zonas del país, y es difícil supervisarlas todas.
Además, no existe un sistema de trazabilidad confiable que permita identificar el origen del mineral. A eso se suma que no se comprende completamente el funcionamiento del mercado, lo que lleva a ignorar puntos clave de la cadena, como las plantas de procesamiento. Allí se mezcla el oro ilegal, informal y legal, convirtiéndose en un solo producto de exportación.
También influyen factores como la corrupción y los intereses políticos, que agravan estas debilidades.
Las plantas de procesamiento pueden funcionar, en cierta medida, como un mecanismo de “blanqueo” del oro ilegal. Por otro lado, se ha propuesto, por ejemplo, la bancarización de toda transacción para mejorar la trazabilidad en la minería. ¿Eso puede ayudar a un mayor control?
Efectivamente, son medidas importantes porque implican entender la dinámica económica del mercado: su rentabilidad, el movimiento del dinero y los puntos donde se produce la mezcla del oro.
Las plantas son un espacio clave, pero no existe una política sostenida, con recursos, que aborde este problema de manera efectiva, a pesar de que se sabe que es un punto crítico.
Considerando que este problema ya afecta la seguridad nacional y regional, ¿cómo se inserta este estudio en la agenda de organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos?
El enfoque de Derechos
Humanos permite evidenciar
que el Estado no solo está
permitiendo el crecimiento de
un mercado ilegal, sino que
además está incumpliendo su
obligación de proteger a las
personas afectadas.
Por ejemplo, cuando un trabajador es expuesto a riesgos sin protección, sin pago adecuado o sin condiciones mínimas de seguridad, la responsabilidad de que eso continúe recae en el Estado. Esto abre la posibilidad de acudir a organismos internacionales y señalar que el Estado no está tomando medidas para evitar la vulneración de sus derechos.
Después del trabajo en campo en zonas complejas como Pataz o La Rinconada, ¿qué aporte esperan que tenga el estudio en el debate político, por ejemplo, sobre el Reinfo o sobre las estrategias de interdicción?
Uno de los aportes del estudio es visibilizar con claridad situaciones que ya se conocen, pero que necesitan evidencia sistemática para mantenerse en la agenda.
Sin embargo, el principal valor está en el enfoque de Derechos Humanos. No se trata solo de evidenciar la violencia o la criminalidad, sino de que es una vulneración sistemática de derechos ante la inacción del Estado. El estudio plantea que el Estado debe cumplir su rol fundamental de proteger a los ciudadanos frente a estas economías ilegales.