Mientras la minería formal continúa consolidándose como el principal motor de las exportaciones peruanas, el crecimiento de la minería ilegal amenaza con debilitar la institucionalidad, afectar la seguridad y comprometer el desarrollo económico del país, advirtió el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Roberto Maldonado.
Entre enero y mayo de este año, la minería aportó el 74% del valor de las exportaciones nacionales, generando más de US$ 33 mil millones en divisas. En otras palabras, siete de cada diez dólares que ingresaron al Perú por comercio exterior provinieron de esta actividad.
Maldonado señaló que estas cifras evidencian el papel estratégico de la minería formal en la economía nacional, no solo por su contribución al crecimiento económico, sino también por la generación de empleo, el desarrollo de proveedores y los recursos que financian obras y servicios públicos mediante el canon, las regalías y los impuestos.
«La minería formal continúa siendo uno de los principales motores de la economía peruana y una actividad indispensable para sostener el crecimiento, el empleo y la recaudación fiscal», sostuvo en su columna del Semáforo Minero.
Riesgo para el desarrollo
El directivo del IIMP señaló que este aporte contrasta con el avance sostenido de la minería ilegal, cuya expansión representa un desafío cada vez mayor para el Estado.
En ese contexto, cuestionó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado como un mecanismo excepcional y temporal, haya terminado prolongándose durante varios años.
«Cada nueva prórroga debilita la institucionalidad, retrasa la verdadera formalización y genera incentivos para que muchos operadores permanezcan fuera del marco legal», afirmó.
Asimismo, indicó que el país requiere una política de formalización con reglas claras, plazos definidos y mecanismos efectivos para quienes realmente buscan incorporarse a la legalidad, diferenciándolos de las organizaciones criminales que utilizan estos instrumentos para continuar operando ilegalmente.
Estrategia integral
Maldonado recordó que organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han advertido que la minería ilegal dejó de ser un problema localizado para convertirse en una amenaza estructural que se expande aprovechando el incremento del precio de los minerales.
En ese escenario, sostuvo que el Estado debe responder con una estrategia integral que combine acciones de fiscalización, inteligencia y fortalecimiento institucional.
«Es indispensable fortalecer la fiscalización, asegurar la trazabilidad del mineral, controlar las plantas de procesamiento y los canales de comercialización, perseguir las finanzas de estas organizaciones criminales y brindar seguridad jurídica a quienes invierten y cumplen la ley», enfatizó.
Finalmente, consideró que el próximo gobierno asumirá la responsabilidad de aprovechar el potencial del sector minero sin descuidar el combate contra la minería ilegal.
Fuente: IIMP.