Un proyecto que estaba previsto iniciar operaciones en 2011 puede terminar esperando más de una década. Otro, programado para comenzar en 2013 o 2016, puede permanecer sin una fecha definida para su puesta en marcha. Pero detrás de esos años de espera hay otros costos menos visibles: inversiones que no se ejecutan, empleos que no se generan, impuestos que no se recaudan y actividades económicas que dejan de desarrollarse alrededor de un proyecto.
Esa es una de las conclusiones que plantea el Instituto Peruano de Economía (IPE) en el estudio El aporte de Southern Perú Copper Corporation en el desarrollo social y económico de Moquegua y Tacna. Además de analizar el impacto histórico de las operaciones de Southern Perú en el sur, el informe estima las consecuencias económicas de la postergación de proyectos mineros.
El análisis toma como referencia tres iniciativas que Southern mantiene en cartera: Tía María, en Arequipa; Los Chancas, en Apurímac; y Michiquillay, en Cajamarca. Según la presentación del IPE, Tía María estaba previsto inicialmente para iniciar operaciones en 2011 y actualmente se estima su inicio para 2027. Los Chancas debía entrar en operación en 2013 y Michiquillay en 2016, aunque ambos proyectos no cuentan con una fecha definida.
El costo de esperar
Cuando una inversión no se ejecuta en el momento previsto, el efecto no se limita a la empresa que desarrolla el proyecto. La construcción no comienza, la demanda de bienes y servicios asociados no se activa y la producción y los ingresos fiscales previstos se desplazan hacia adelante.
El IPE estimó que, considerando los retrasos analizados entre 2008 y 2024, los proyectos de Southern en cartera acumularon una inversión no ejecutada de S/ 13,095 millones y una producción no realizada de S/ 123,012 millones. En conjunto con los casos de San Gabriel (Moquegua) y la ampliación de Toquepala (Tacna), la inversión no ejecutada asciende a S/ 16,705 millones y la producción no realizada a S/ 134,189 millones.
El impacto también se refleja en la recaudación. Para las tres regiones donde se ubican los proyectos de Southern en cartera —Arequipa, Apurímac y Cajamarca—, el estudio estima S/ 50,782 millones en recaudación fiscal que se dejó de generar durante el periodo analizado.
La pérdida de oportunidades laborales es otra dimensión del retraso. El IPE calcula que se dejaron de generar alrededor de 18,500 empleos durante la fase de inversión y 42,700 empleos en la fase de producción, considerando el empleo directo, indirecto e inducido.
Son cifras que ayudan a dimensionar un efecto que normalmente queda fuera del debate sobre un proyecto minero: el costo de oportunidad de no ejecutar una inversión.
Más allá de la mina
La razón está en los encadenamientos que genera una operación minera. Un proyecto requiere servicios de construcción, transporte, manufactura, comercio y otros sectores, además de proveedores y trabajadores que participan de manera directa o indirecta en la actividad.
“No solamente se benefician quienes trabajan directamente en una mina. Se benefician también los vuelos, los consultores, los ingenieros, los taxis y los pequeños negocios. Diferentes actividades económicas se mueven alrededor de una inversión”, explica Romulo Mucho, exministro de Energía y Minas.
Mucho agregó que hay que trabajar en una política de Estado y mejorar la capacidad de las autoridades y de quienes evalúan y analizan los estudios. “Si existe alguna falla, debe corregirse inmediatamente; no se puede aguantar años [un proyecto minero] por un documento”, aseguró Mucho.
En el caso de Moquegua y Tacna, el estudio estima que la minería tiene un importante efecto multiplicador sobre el empleo regional. Por cada empleo directo generado en el sector, se generan aproximadamente seis empleos adicionales en Moquegua y siete en Tacna, considerando los efectos indirectos e inducidos. Asimismo, por cada S/ 100 de exportaciones mineras se generan S/ 113 adicionales en la economía de Moquegua y S/ 111 en la de Tacna.
Bajo esa lógica, el retraso de una inversión significa también postergar la actividad económica que podría desarrollarse alrededor de ella. El impacto no queda circunscrito al área donde se ubica el yacimiento, sino que puede extenderse a proveedores, trabajadores y otros sectores vinculados a la inversión.
Durante la presentación del estudio, el gerente general del IPE, Carlos Gallardo, resumió esta relación al señalar que, cuando un proyecto minero no se desarrolla en el tiempo previsto, no se ejecuta la inversión, no se extrae el mineral y tampoco se generan los empleos y la recaudación asociados a esa actividad.
Los antecedentes del sur
El estudio también permite observar dos casos en los que proyectos terminaron entrando en operación, pero con varios años de retraso respecto de lo previsto.
San Gabriel debía iniciar operaciones en 2015 y comenzó en 2025, acumulando una postergación de diez años. Por su parte, la ampliación de Toquepala estaba prevista para iniciar en 2011 y comenzó en 2018, con un retraso de siete años.
Estos casos muestran que incluso cuando una inversión finalmente se concreta, los años de espera tienen consecuencias económicas. El beneficio asociado al proyecto no desaparece necesariamente, pero se traslada hacia adelante, mientras que durante ese periodo la economía deja de recibir la inversión, la producción, el empleo y los ingresos fiscales que se habrían generado con una ejecución oportuna.
El impacto de una paralización temporal también puede ser significativo. Durante la presentación, el IPE recordó el caso de Cuajone, cuyas operaciones estuvieron paralizadas cerca de dos meses en 2022 debido a un conflicto social. Según la estimación presentada por el instituto, esa interrupción tuvo un impacto sobre la economía de Moquegua y evidenció cómo la suspensión de una gran operación puede afectar el dinamismo regional.