La expansión de la minería ilegal no se limita a las zonas auríferas. También alcanza territorios vinculados a proyectos de cobre, lo que amenaza el desarrollo de nuevas inversiones.
Así lo advirtió Paola Bustamante, directora de Legado Positivo y vicepresidenta de Hágase Instituto, al analizar el impacto del Reinfo y los desafíos del nuevo proyecto de Ley MAPE.
La especialista señaló que existen proyectos mineros que, pese a contar con concesiones y permisos ambientales aprobados, enfrentan dificultades porque sus territorios han sido ocupados por actividades ilegales.
En ese contexto, sostuvo que la simplificación de procedimientos administrativos, por sí sola, no garantizará el desarrollo de la minería formal si no se protege efectivamente el acceso a las concesiones.
«Habría que pedir consecuencia del Tribunal Constitucional como garante de derechos y consecuencia del Ejecutivo para que tome medidas”, sostuvo.
La especialista indicó que se requiere un pronunciamiento del TC que resguarde el derecho de propiedad de los titulares de
concesiones, acompañado de acciones efectivas del Estado para combatir la minería ilegal.
Formalización con resultados y condiciones claras
Por su parte, María Cristina Alva, socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad de CMS Grau, alertó sobre las deficiencias en el proceso de formalización minera que han permitido el avance de la ilegalidad.
Puso énfasis en los resultados del proceso de formalización y en la necesidad de evaluar el impacto de las sucesivas prórrogas del Reinfo.
La especialista recordó que actualmente existen más de 31.000 registros y que, desde 2014, solo 2.345 mineros han logrado formalizarse.
“Es importante mirar una realidad de algo que no funcionó y que además estamos repitiendo en el tiempo por varias razones”, señaló.
Alva también destacó la importancia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda pendiente y garantice la protección de los derechos, la salud y el medio ambiente.
Diferenciar la MAPE formal de la minería ilegal
En tanto, Eduardo Lanao, CEO y fundador de CrossPartners y presidente ejecutivo de ProMinería, planteó la necesidad de distinguir la pequeña minería y minería artesanal formal de las actividades informales e ilegales.
Advirtió que agruparlas bajo una misma categoría puede perjudicar a los productores que sí cumplen con las exigencias legales y cuentan con los títulos habilitantes correspondientes.
“La minería de pequeña escala no es minería informal y es lo primero que yo plantearía en el marco del análisis de una ley MAPE”, señaló.
Lanao recordó que el desarrollo de una actividad minera responsable requiere cumplir condiciones vinculadas con la gestión ambiental, el acceso a la superficie, la protección del patrimonio arqueológico y el respeto a los derechos de los titulares de las concesiones.
En sus reflexiones finales el constitucionalista Samuel Abad advirtió que el régimen de consolidación de la Ley MAPE podría mantener la inmunidad penal del Reinfo bajo otro nombre.
Por ello, pidió que la norma precise que todo delito debe ser investigado y sancionado, incluso durante la formalización, y exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse cuanto antes.
“La Constitución no solamente está para leerla, está para defenderla. Y el TC debe defenderla”, sentenció.
Fuente: IIMP