Queda cada vez más claro que la solución a los problemas del Perú no pasa por un cambio de Constitución ni de su capítulo económico, sino por seguir trabajando con eficacia en la reducción de la pobreza, en la generación de empleo de calidad y en el cierre de brechas sociales.
Y para ello es preciso un trabajo conjunto y organizado entre empresas, Estado, academia y las organizaciones de la sociedad civil para poner al desarrollo como eje central de nuestras acciones. Solo un esquema en el que todos formamos parte, participamos activamente y nos comprometemos a actuar puede ser viable, legítimo, perdurable en el tiempo y generador de paz social.
Por eso, se necesita que todos trabajemos arduamente en un esquema de desarrollo territorial, para dar a cada región y comunidad del país lo que realmente necesita. La sostenibilidad de nuestro país nos lo demanda.
En ese sentido, como parte de una labor concertada, y desde el rol que le corresponde a cada uno, debemos promover la generación de planes de desarrollo territorial, priorizando adecuadamente los proyectos y transparentando el quehacer de nuestras autoridades con una rendición de cuentas.
En las regiones en las que el sector minero energético está presente, pondremos a disposición toda nuestra capacidad, conocimientos y buena voluntad para colaborar con el cierre de brechas sociales, mejorar la calidad de los servicios básicos y alentar una gestión pública eficiente y competente.
Estos tres componentes deben estar presentes en la agenda pública y privada, de todos, pues se debe garantizar que los fondos del Estado contribuyan a transformar positivamente la calidad de vida de más peruanos.
Es la hora, es el momento para hacer frente a ese enemigo común que es la pobreza.