Los esfuerzos por posicionar al Perú como un destino confiable para la inversión minera durante la reciente convención minera de Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2024, sufrieron un duro revés por la decisión del Congreso de derogar en tiempo récord parte del Decreto Legislativo N.° 1607 que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país.
En ese sentido, resulta inaudito que en 12 horas se presente y apruebe un proyecto de ley que deroga una norma del Poder Ejecutivo que buscaba combatir el crimen organizado, sin el debate que se requiere para una medida de gran impacto en la seguridad de la ciudadanía.
Para nadie es un secreto que la minería ilegal criminal, ya ha desplazado al narcotráfico como generadora de ingresos ilícitos y que no respeta el medio ambiente ni los derechos humanos.
El Poder Ejecutivo no puede permanecer de espaldas a los reclamos de la población, que considera a la criminalidad como el principal problema nacional, y debe observar la norma aprobada por el Legislativo, más aún si fue una medida emitida por delegación de facultades por el Gobierno central, a fin de tener herramientas para luchar contra el crimen organizado.
Esta decisión del Legislativo va en contra de la seguridad y bienestar de todos los peruanos que día a día están a merced de las organizaciones criminales que ahora actúan con impunidad en el territorio nacional. Ante ello, es de suma importancia que el Congreso y el Poder Ejecutivo se sumen con firmeza a la tarea de erradicar la criminalidad.