Como parte del compromiso del Gobierno nacional con el desarrollo territorial sostenible del país, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó el decreto supremo nro. 142-2024-PCM que aprueba la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050.
Esta política tiene cuatro objetivos prioritarios: garantizar la ocupación, uso ordenado y seguro de los territorios considerando sus aptitudes y potencialidades; lograr condiciones de equidad entre los territorios; mejorar la toma de decisiones de los actores basada en el conocimiento integral del territorio; y fortalecer la institucionalidad de la gobernanza en los territorios.
“La publicación de esta política es un importante logro para el país, fruto de un trabajo en equipo con los sectores, gobiernos regionales y la sociedad civil, que contribuirá a fortalecer la gobernanza de los territorios, desde una visión más integral y sostenible”, destacó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
La aplicación de esta herramienta de gestión, que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la administración pública, será conducida por la PCM y busca atender el problema público del manejo inadecuado del territorio que afecta el desarrollo de las personas.
Asimismo, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050 constituye una herramienta de gestión que coadyuva a generar intervenciones ordenadas en el territorio nacional de manera intersectorial e intergubernamental, ya que los tres niveles de gobierno participan en su implementación para alcanzar sus objetivos.
Esta política se centra en el bienestar de los ciudadanos, en la medida que orienta el crecimiento ordenado de las ciudades para un mejor aprovechamiento de sus recursos, lo que beneficiará al desarrollo territorial y la competitividad regional.
Esta política plantea como meta que el Perú tenga para el 2050 al menos dos mancomunidades regionales que sean sostenibles y competitivas, así como capaces de permitir el desarrollo integral y equitativo de los ciudadanos a través de la ocupación, el uso y el aprovechamiento ideales de los espacios.
Esta meta se definió en base a las aspiraciones de diferentes actores a nivel nacional (representantes de mancomunidades, gobiernos regionales, especialistas de la sociedad civil, entre otros), con los que se socializó la política y a los que se consultó sobre la materia durante el proceso de formulación, entre los años 2019 y 2024.
Con esta política el Gobierno peruano atiende las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que permitirá afianzar el proceso de adhesión del Perú a esta importante entidad internacional.
Asimismo, se cumple el compromiso asumido por el Ejecutivo en el Primer Consejo de Estado Regional, en el que expresó la voluntad de aprobar una política de ordenamiento territorial que impulse el progreso en el territorio nacional de manera equilibrada y competitiva y participativa.