La presidente de PERUMIN 37, Jimena Sologuren, afirmó que nuestro país tiene los recursos naturales y la capacidad recaudadora para cambiar vidas, pero enfatizó en que hay un reto pendiente: tener inversión pública responsable y transparente.
En ese sentido, manifestó que, en el 2024, la minería generó más de S/ 18,300 millones para el Estado a través de tributos, más del doble de lo recaudado hace ocho años (S/ 9,000 millones en 2017).
“Y en los últimos cuatro años, hemos alcanzado niveles históricos de recaudación minera sin recurrir a reformas populistas, sino apostando por la competitividad, la eficiencia y la innovación tecnológica en nuestra producción polimetálica”, declaró.
En otro momento, Sologuren indicó que teniendo una tasa de pobreza que alcanza el 29%, urge promover más actividades productivas y competitivas que contribuyan al Estado y permitan atender las necesidades de la población.
“En este escenario, la minería formal representa una gran oportunidad. Si revisamos las cifras, vemos que su recaudación supera ampliamente el presupuesto asignado al sector de Desarrollo e Inclusión Social para 2025 (S/ 7,326 millones), que financia programas como Cuna Más, Juntos, Pensión 65 y Foncodes, beneficiando a más de 10.5 millones de peruanos en situación de vulnerabilidad”, anotó.
Bajo esa premisa, la titular de PERUMIN 37 consideró que el desafío como país es más de gestión que económico. Agregó que según el Reporte de Eficacia del Gasto Público de ComexPerú, en 2024 los gobiernos regionales ejecutaron S/ 13,697 millones en inversión pública, el 88% de su presupuesto. Sin embargo, los gobiernos locales apenas alcanzaron un 67.8% de ejecución. Dijo que S/ 254 millones destinados a mejorar la infraestructura educativa se quedaron sin ejecutar.
“Es clave recordar que las regiones y municipios tienen diversas fuentes de financiamiento. Solo en 2024, recibieron más de S/ 8,000 millones en canon, regalías y derechos de vigencia provenientes de la minería. Áncash fue el departamento más beneficiado, con más de S/ 1,583 millones. No obstante, el gobierno regional solo ejecutó el 45.9% de su presupuesto en inversión, y los municipios apenas alcanzaron el 58.4%”, refirió.
Finalmente, Sologuren afirmó que la solución está en agilizar los procesos administrativos para la aprobación de proyectos y flexibilizar el uso del canon, garantizando un impacto más directo en la población. También planteó fortalecer las Asociaciones Público-Privadas (APP), una prioridad que el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, ha señalado como clave para un mayor involucramiento del sector privado en el cierre de brechas sociales.