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Pronunciamiento: El Estado ha perdido el control de la seguridad en Pataz como en gran parte del país

La barbarie exhibida en la ejecución de estos 13 mineros, previamente secuestrados, nos traslada a los años en que actuaban en el país Sendero Luminoso y el MRTA.

La CONFIEP y sus gremios asociados condenamos el salvaje asesinato de 13 trabajadores en Pataz y expresamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familias.

Esta espiral de violencia, que ya cuenta con 39 asesinatos solo en la zona de Pataz, es un reflejo de un problema de descontrol que está ocurriendo en todo el país.

La barbarie exhibida en la ejecución de estos 13 mineros, previamente secuestrados, nos traslada a los años en que actuaban en el país Sendero Luminoso y el MRTA.

Este crimen demuestra, una vez más, que las economías ilegales tienen el absoluto control en la zona de Pataz, que es de facto una zona liberada, a pesar de encontrarse en Estado de Emergencia, lo cual demuestra la ausencia de estrategia por parte del gobierno en la zona.

Es inaceptable que el Estado en su conjunto, poderes ejecutivo, legislativo, judicial y ministerio público, no estén a la altura de las circunstancias y de lo que el país demanda. En repetidas oportunidades hemos manifestado que la problemática del crimen organizado no es abordada con la responsabilidad que requiere y compete a un Consejo de Estado articulado, que deje atrás sus diferencias en otras materias, a fin de tomar acciones contundentes y efectivas para combatir un flagelo que está condenando a la muerte a miles de peruanos.

Solo mediante la lucha decidida del Estado en su conjunto contra las fuentes de financiamiento de estas organizaciones ilegales; con acciones de inteligencia y policías y fiscales articulados para asegurar que los criminales paguen por sus actos, se podrá debilitar a estas bandas armadas y a sus prácticas terroristas.

Es necesario que los Poderes del Estado, de una buena vez, tomen esta situación con la seriedad y urgencia que la población exige y se sienten a trabajar de manera conjunta, que es lo menos que puede esperar un ciudadano de sus autoridades.