Como parte de su estrategia para reactivar la economía y alcanzar una tasa de crecimiento del 4% este año, el Poder Ejecutivo lanzó un paquete de 402 medidas orientadas a reducir la carga regulatoria que afecta a la inversión privada. Este llamado shock desregulatorio buscaba eliminar trabas burocráticas, agilizar trámites y hacer más eficiente la gestión pública, con impactos esperados en sectores estratégicos como la minería, la energía y los hidrocarburos.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el paquete fue elaborado en coordinación con representantes del sector empresarial, respondiendo a una necesidad ampliamente diagnosticada: el exceso de regulaciones, trámites engorrosos y costos desproporcionados que dificultan la llegada de capitales frescos al país. La iniciativa incluía medidas para digitalizar procesos, simplificar permisos y reducir las cargas administrativas que afectan tanto a empresas como a ciudadanos.
En la quincena de mayo, según el saliente titular del MEF, José Salardi, se habrá aprobado el 60% de las medidas del paquete, y se esperaba que el 100% sea aprobado a fines de julio. Estas afirmaciones se dieron tras la publicación del Decreto Supremo N.° 059-2025-PCM, que dispone que las entidades públicas deroguen o modifiquen barreras burocráticas declaradas ilegales. “Este tipo de medidas incrementará la productividad, mejorará la competitividad, aumentará el PBI y generará empleo”, señaló Salardi, en un evento reciente con la Cámara de Comercio Peruano-China.
Para analizar su alcance, conversamos con tres especialistas: Alejandro Zavala, gerente senior y especialista en Derecho Minero, Ambiental y Regulatorio de EY Law; Bruno Mejía, gerente senior y líder de la Práctica de Competencia & Mercados de EY Law; y Sergio Vega-León, socio de Servicios Tributarios y Legales de PwC.
Tanto EY como PwC coinciden en que las medidas representan un esfuerzo positivo del Ejecutivo para incentivar la inversión y agilizar procedimientos. Sin embargo, advierten que su impacto dependerá de cómo se implementen. “Muchas veces el problema no está en las nuevas normas, sino en cómo se aplican. Tiene que haber un cambio en la manera de aplicarlas, y el criterio que siguen las autoridades debe ser uniforme”, señala Vega-León, de PwC.
Desde EY se plantea una visión similar: “Si estas medidas no se plasman en normas específicas, reglamentos, Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) y procedimientos claros, concisos y que se interconecten sin generar mayor burocracia, no se cumplirá el objetivo de promover la inversión”, señala Alejandro Zavala. El desafío, entonces, no está solo en legislar, sino en aterrizar las reformas y asegurar su ejecución efectiva.
Barreras burocráticas
Uno de los pilares del shock desregulatorio es la eliminación de barreras burocráticas. “Una barrera burocrática es cualquier acto o disposición que dificulta el acceso o permanencia de un agente económico en el mercado. Es decir, puede tratarse de una prohibición, un requisito, un cobro, cualquier traba que te impida seguir realizando tus actividades económicas”, explica Mejía.
Desde EY identifican 186 disposiciones que generan trabas innecesarias y que afectan directamente el acceso o permanencia de empresas en el mercado. Estas barreras pueden ser ilegales (cuando exigen requisitos sin sustento normativo) o irracionales (cuando, aun legales, resultan desproporcionadas o arbitrarias).
«Las principales trabas para el sector minero energético incluyen plazos excesivos, cambios de criterio de las autoridades y la intervención de múltiples entidades con enfoques distintos», afirmó Vega-León, de PwC. Incluso, indicó que entre los procedimientos más críticos se encuentran “la consulta previa, los permisos de exploración, el uso de tierras en zonas con restos arqueológicos o áreas protegidas, inclusive el uso de explosivos”.
Además, persisten obstáculos más estructurales que no se resuelven únicamente con simplificación administrativa. “La minería ilegal no genera un buen panorama para el inversionista. Y muchas normas recientes parecen diseñadas sin abordar el problema de fondo”, advierte Alejandro Zavala, de EY.
Tercerización y Asociaciones Público Privadas: beneficios y riesgos en debate
Si bien el shock desregulatorio representa un avance para destrabar inversiones, hay temas sensibles pero que concentran parte importante del debate público sobre los límites del actual proceso. Las propuestas para modificar el régimen de tercerización laboral y los cambios al marco de Asociaciones Público Privadas (APP) son dos de ellas.
En el primer caso, el MEF planteó la derogatoria de dos decretos supremos que limitan la tercerización en el núcleo del negocio y amplían los alcances del derecho de huelga. La propuesta de derogatoria generó críticas por parte de las centrales sindicales de trabajadores. Ante la controversia, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, señaló que cualquier modificación de la normativa de tercerización debe ser debatida en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).
Otro tema crítico es la modificación del Decreto Legislativo N.° 1362, que regula las APP. Economistas y expertos en infraestructura han advertido que los cambios propuestos podrían debilitar la participación del MEF en etapas clave de los proyectos, restando capacidades de control y articulación entre entidades del Estado. En una columna en el diario El Comercio, la economista, investigadora del IEP y directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, Roxana Barrantes, advirtió que “en la prisa por desregular, corremos el riesgo de desmantelar precisamente los mecanismos de control y equilibrio que han permitido los éxitos que hoy celebramos”.
Por su parte, el saliente ministro Salardi defendió la reforma, señalando que “la normatividad de las APP que se ha cambiado no ha ayudado y ha entorpecido la inversión en los últimos diez años. Por eso las brechas todavía siguen insatisfechas”.
El segundo paquete
Ambas consultoras coinciden en que un segundo paquete de medidas debería apuntar a consolidar los avances. En ese sentido, consideran fundamental promover contratos sectoriales que aseguren estabilidad jurídica y reglas claras durante la vigencia de las concesiones de los proyectos mineros y energéticos.
También proponen una mejor regulación tributaria que limite la posibilidad de que la SUNAT impugne decisiones del Tribunal Fiscal y garantice el cumplimiento de los precedentes emitidos por la Corte Suprema.
Asimismo, se sugiere establecer incentivos para las entidades públicas que eliminen barreras burocráticas, así como implementar plataformas públicas que permitan un seguimiento transparente del avance de estas medidas, similar al sistema de monitoreo de proyectos legislativos.
Finalmente, Sergio Vega-León, de PwC, por su parte, destaca la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales para asegurar una ejecución eficiente de los recursos provenientes del canon minero y de hidrocarburos, y así traducir la inversión en mejoras concretas para la población.Sin embargo, aún no se conoce si el nuevo titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes planea continuar con el llamado shock desregulatorio. Este ha sido una apuesta relevante del Gobierno —al menos hasta antes de los últimos cambios ministeriales— para mejorar el clima de inversiones en el Perú. Sin embargo, su éxito también requerirá de una implementación articulada, sostenida y coherente en el tiempo para, así, convertirse en una verdadera palanca de desarrollo para sectores estratégicos como la minería, la energía y los hidrocarburos.
