El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza, señala que la minería ilegal no se enfrenta solo con operativos, sino con labor de inteligencia, reformas legales urgentes y mayor presencia del Estado.
¿Cuál es el rol específico de las fiscalías ambientales en la lucha contra la minería ilegal?
Lo que hacemos a nivel de las fiscalías ambientales es perseguir los delitos de minería ilegal. Dentro de ese marco, hacemos, por ejemplo, interdicciones: destrucción de maquinaria, dragas, tracas (explosivos), retroexcavadoras. Nosotros, como fiscales medioambientales, participamos en esos procesos de interdicción. El tema de investigar a las organizaciones criminales, como las que han operado seguramente en Pataz, es de la Fiscalía de Crimen Organizado.
¿Cuán efectivo ha sido el mecanismo de interdicciones frente a la gran cantidad de maquinaria utilizada en la minería ilegal?
El número de maquinaria que existe solo en Puerto Maldonado, por ejemplo, es muy alto. En la zona de La Pampa, en Delta 1, habría cerca de 5,000 entre dragas y tracas, cada una con su respectiva máquina de lavado. Es una infraestructura muy importante, incluso tienen puentes, casi 700 máquinas entre cargadores, retroexcavadoras, camiones. Las interdicciones ayudan. Se destruyen diez maquinarias por operativo, pero la minería ilegal con el poder adquisitivo que tiene y el alto valor del oro hoy día vuelve a adquirir estos equipos. Por eso creo que, si bien las interdicciones avanzan, no son la única solución.
¿Entonces, qué tipo de estrategias considera fundamentales para atacar la estructura detrás de la minería ilegal?
Se tiene que establecer quién está detrás de estas organizaciones que se dedican a la minería ilegal, porque esas maquinarias tienen un valor económico importante. Creo que es relevante contar con un trabajo de inteligencia operativa, hacer una búsqueda que nos lleve hacia ellos. Porque si solo intervenimos a los que están al lado de una máquina, capturamos al peón. Esa es la parte que falta. A partir de allí se podría empezar a hacer un trabajo serio.
¿Cómo debería responder el Estado?
Se requiere mayor presencia estatal, porque la mano de obra de esos criminales suele ser gente de las comunidades nativas, captadas por falta de acceso y apoyo del Gobierno. Presencia del Estado con salud, colegios, y que el Estado les dé lo que los mineros ilegales les están dando. En Puno, por ejemplo, tenemos la zona de La Rinconada, una espacio muy complicado, prácticamente liberado. Hay más o menos 2,000 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en esa zona que generan muchas disputas: mineros ilegales, informales y organizaciones criminales que cobran cupos, extorsionan y dan seguridad. También están los “padrinos” o “primos”, donde dos días me toca a mí y el resto los trabajas para ti. Estas modalidades se ven en La Rinconada y también en Sandia y Carabaya (ceja de selva), donde hay mucha minería sin control. También en Madre de Dios (La Pampa), Amazonas (Condorcanqui, el Tambo), Loreto (Quito), Arequipa (Caravelí), La Libertad (Pataz), Chumbivilcas, Ayacucho (Puquio.
¿Qué consecuencias podría generar la consolidación de economías criminales en torno a la minería ilegal?
En términos económicos, comienza a haber economías ilegales y se generan escenarios perfectos para otros delitos. En Trujillo, por ejemplo, extorsión, homicidios, sicariato, trata de personas, corrupción y lavado de activos. Todo está vinculado a la minería ilegal. Toda la criminalidad gira en torno a esta actividad. Y, segundo, se exacerba la violencia por el alto valor del oro. Hoy día está en alrededor de US$ 3,000 la onza, es decir entre S/ 370 y S/ 380 el gramo en el mercado nacional. Esto genera interés de parte de las organizaciones criminales, incluso de los narcotraficantes, porque es más rentable y tiene menos riesgo. Lamentablemente, se está perdiendo el control de ciertos lugares como La Pampa (Madre de Dios) y La Rinconada (Puno), entre otros.
¿Qué cambios considera urgentes para frenar el avance de la minería ilegal?
Hoy, por ejemplo, no se puede investigar minería ilegal como crimen organizado porque la Ley 30077 exige que el delito tenga una pena mayor a cinco años. Minería ilegal tiene menos de cuatro años. Y la Ley de Extinción de Dominio ya no alcanza a los delitos ambientales, salvo que haya sentencia condenatoria. Antes se podían intervenir embarcaciones ilegales, hoy no. Las penas son menores y hay vacíos legislativos. Por ejemplo, está previsto como delito la extracción, pero no el transporte, compra, venta o exportación de mineral ilícito. Si alguien es capturado en esas etapas, queda impune por atipicidad. Se requieren cambios legales urgentes para cerrar esas brechas. ¿De qué sirve intervenir camiones que trasladan el mineral si esa conducta no está tipificada? Tendríamos que encajarla forzadamente en lavado de activos, con toda la dificultad que eso conlleva. Pero no hay reformas legislativas. Se prolonga el Reinfo. Se niega presupuesto. Los criminales van donde está el dinero. Y, hoy, las condiciones están dadas: legislación ambigua, penas muy bajas y Reinfos que se alquilan.
¿Qué opinión tiene sobre el Reinfo? ¿Coincide en que se ha convertido en un escudo para operar ilegalmente?
Absolutamente. Desde el 2012 que existe esta figura, menos del 2% se ha formalizado. Actualmente, hay más de 80 mil Reinfos, de los cuales 60 mil están suspendidos. Pero estar suspendido no les impide operar. Y la norma —el Decreto Legislativo 1351, con una disposición complementaria final— dice que basta con tener el Reinfo para estar exonerado de delitos. Es una exención de responsabilidad. Nos hemos opuesto a que se siga prorrogando. En Pataz, se excluyeron los Reinfos suspendidos, pero solo en ese distrito. ¿Por qué no hacerlo a nivel nacional?
Usted también ha señalado antes que las fiscalías ambientales no cuentan con recursos. ¿Qué necesita la Fiscalía para actuar con eficacia?
Necesitamos camionetas 4×4 para la sierra; deslizadores y chalupas para la selva; chalecos antibalas, ropa adecuada, botas con punta de acero, linternas, videocámaras, chalecos salvavidas, cuchillos de supervivencia, machetes, carpas y bolsas de dormir. Pero el presupuesto para este año ha sido cero. Para Pataz sí se abrió presupuesto, pero solo después de la tragedia.
Con ese presupuesto limitado, ¿qué acciones están realizando actualmente desde FEMA?
Se han redoblado esfuerzos con la policía y el Ejército, sobre todo en interdicciones, siempre con presencia de fiscales FEMA. También se están retomando algunos controles, pero el trabajo real que se necesita es otro: inteligencia operativa, presencia sostenida en el territorio y cambios legislativos. Si solo nos quedamos en las interdicciones, no llegamos muy lejos.
Se ha dicho que la minería ilegal es el “nuevo cáncer” que golpea al Perú. ¿Usted coincide con esa visión? ¿Cómo describiría el impacto real de la minería ilegal?
Quizás habría que hablar ya de metástasis. ¿Cómo? Hay al menos diez zonas donde esta actividad va en aumento. La zona de Condorcanqui, por ejemplo, está en la frontera con Ecuador, se le conoce como El Tambo. El acceso allí es solo aéreo o fluvial, no hay carretera. Curiosamente, desde esa zona hay más acceso al Ecuador, donde existen más de 200 concesiones formales. Entonces, los que trafican llevan el material al Ecuador y lo hacen pasar como que se produjo allí. Y se incrementa por la demanda internacional de oro, por el precio y por la inacción del Estado.
¿Cree que este avance de la minería ilegal podría perturbar las próximas elecciones?
Todo aquel que tiene poder económico busca poder político. Así que no sería extraño que el dinero de la minería ilegal financie candidaturas.
Pese a todos estos desafíos, ¿ve alguna señal que dé esperanza de que el país pueda enfrentar con éxito la minería ilegal? ¿Qué mensaje daría a quienes apuestan por la legalidad?
El gran problema y la gran esperanza es que hoy este fenómeno ha sido visibilizado. Ya nadie puede decir “no sabía”. Esto tiene que empezar a discutirse con seriedad. La población ya está sensibilizada. Y ahora que vienen las elecciones, los candidatos —diputados, senadores, presidenciales— deben plantear soluciones claras sobre esta situación. Debería ser un punto imprescindible en el debate de las campañas.