Pese a los recientes cambios en el Consejo de Ministros, el anuncio de la renegociación del contrato del gas de Camisea es una clara muestra de las señales contradictorias que el Gobierno envía a los inversionistas privados, principal soporte del crecimiento económico.
Las opiniones de los expertos apuntan no solo a que este anuncio pone en peligro la matriz energética del país, hoy fuertemente vinculada al uso de un combustible más limpio como el gas natural; sino principalmente a afectar negativamente la confianza y la estabilidad que necesita un país como el Perú para superar los duros efectos de la pandemia.
La actuación del gobierno solo profundiza la crisis del sector hidrocarburos, donde las operaciones de exploración y explotación llegan a mínimos históricos, aún lejanos a la meta que alguna vez trazó Perúpetro de volver a producir 100 mil barriles diarios de petróleo para el 2023 y que ahora vislumbra alcanzar en el 2025.
Pretender vulnerar unilateralmente el contrato de Camisea, que está garantizado por la propia Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, significará quebrantar el orden jurídico y el Estado de Derecho.
Utilizar como excusa la necesidad de acelerar la masificación del gas natural para impulsar una medida ilegal y arbitraria solo refleja el ímpetu populista que se aplicó en el pasado con nefastos resultados para el país.
En esa línea, debemos subrayar que el proceso de masificación del gas natural que ya beneficia al pueblo peruano es responsabilidad del propio Estado, que debe establecer políticas públicas destinadas a facilitar la expansión de la infraestructura de distribución a fin de llevar el gas a más hogares. Hoy más que nunca, necesitamos un marco normativo estable, predecible, y transparente para que el Perú prospere.