En los últimos años, hemos sido testigos de cómo el país ha desperdiciado valiosas oportunidades para consolidarse como una potencia energética y minera en la región, a pesar de su riqueza geológica, condiciones climatológicas adecuadas, fuerza laboral preparada e innovadora y ubicación estratégica. Hoy, además, tenemos una de las mejores condiciones y desempeño de la región. Entonces, ¿por qué no logramos que el país despegue y se convierta en una potencia en Sudamérica? Nos falta decisión, liderazgo y voluntad política para corregir el rumbo. No hay más tiempo que perder.
El Perú tiene los recursos. Somos uno de los pocos países que produce ocho de los 17 minerales críticos que el mundo necesita para enfrentar la crisis climática. Tenemos una cartera de proyectos mineros por más de US$ 64,000 millones, y enormes reservas de gas y petróleo aún por explorar. Pero tener recursos no significa nada si no hay condiciones para ponerlos en valor y que generen valor para todos: al Estado a través del pago de impuestos, para gobiernos regionales y provinciales gracias a regalías, canon, etc., y para los peruanos, que debieran tener mejores oportunidades y que con esos recursos que genera la minería bien utilizados se cierren brechas en salud, saneamiento, educación, infraestructura y la larga lista sigue…
El principal problema no es geológico, es político y normativo. La tramitología excesiva, la inestabilidad jurídica y la falta de articulación entre las instituciones han paralizado inversiones clave. Nos enfrentamos a procesos lentos, burocráticos y muchas veces contradictorios entre entidades. Y mientras tanto, otros países de la región avanzan. Competimos con Chile, Colombia, Ecuador y Argentina por atraer capitales. ¿Qué estamos haciendo para no quedarnos atrás?
En minería, la amenaza es doble. Por un lado, no hay nuevos grandes proyectos que entren en operación desde hace años. Por otro, la minería ilegal representa ya el 40% de las exportaciones de oro, y genera pérdidas anuales por S/ 22,000 millones. ¿Cómo permitimos que una economía ilegal tenga más peso que las operaciones formales que cumplen con todos los estándares sociales, laborales y ambientales? Es urgente que el Estado recupere el control territorial y normativo. Y que la Ley MAPE no se convierta en un “Reinfo recargado”, sino en una política de desarrollo real para la minería artesanal y la pequeña minería.
Mientras tanto, en hidrocarburos la situación es crítica. La producción nacional solo cubre una pequeña parte de la demanda. El año pasado, importamos más de 247,000 barriles diarios. Apenas se destinaron US$ 39 millones a exploración. Y aunque contamos con gas natural suficiente, no hemos logrado masificar su uso ni llevarlo a las regiones que más lo necesitan. ¿Cómo puede ser posible que, teniendo este recurso limpio y eficiente, aún dependamos tanto de las importaciones?
Y no hablamos solo de una oportunidad energética. Hablamos de seguridad nacional. La guerra en Ucrania, la tensión entre Israel e Irán, y los recientes choques geopolíticos han demostrado que depender de combustibles importados nos deja expuestos a los vaivenes del mercado internacional. La autosuficiencia energética es una necesidad urgente, no una meta opcional. El Perú tiene el gas. Lo que falta es decisión para ampliar su uso, invertir en ductos y asegurar acceso para millones de familias y empresas.
El sector eléctrico tampoco escapa a esta situación. La transformación hacia energías renovables es una gran oportunidad. Pero sin planificación de largo plazo, sin inversión en transmisión, y sin un marco regulatorio transparente, corremos el riesgo de quedarnos con buenas intenciones sin resultados concretos. La consulta previa, por ejemplo, no puede seguir siendo una trampa interminable para proyectos eléctricos aprobados en planes oficiales. La predictibilidad no está reñida con el respeto a los derechos: deben ir de la mano.
En todos los sectores que representamos, lo que exigimos no es trato preferencial, sino reglas claras, predictibilidad, y un mínimo de coherencia institucional. Invertir en Perú no puede seguir siendo una carrera de obstáculos interminable. Tampoco podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo: necesitamos reformas, institucionalidad y una visión de largo plazo.
Se acerca un nuevo proceso electoral. No sabemos aún quién liderará el próximo gobierno, pero sí sabemos lo que el país necesita: autoridades comprometidas con la legalidad, con la inversión responsable y con el desarrollo sostenible. Gobernar no es improvisar ni someterse a presiones cortoplacistas. Es tomar decisiones pensando en el país que queremos dejar a las próximas generaciones.
Y para eso, no basta con discursos bienintencionados. Se necesitan medidas concretas: simplificación de procesos, fortalecimiento de la rectoría del Estado, inversión en infraestructura energética, combate frontal al crimen organizado que se ha infiltrado en actividades económicas, y, sobre todo, un compromiso real con la institucionalidad.
Desde mi experiencia, estoy convencida de que el Perú tiene futuro. Pero ese futuro no se construye solo con recursos naturales: se construye con visión, con integridad y con respeto al Estado de derecho. O actuamos ahora, o corremos el riesgo de que las oportunidades sigan pasando de largo.
La historia no nos va a esperar. El mundo avanza. ¿Y nosotros?
*Columna de opinión de Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, publicada en el diario Perú21 el domingo 27 de julio del 2025.