El informe del Fraser Institute —centro de estudios canadiense independiente y de orientación liberal— clasifica anualmente a más de 80 jurisdicciones del mundo en función de su atractivo a la inversión minera, considerando dos variables principales: el potencial geológico (Best Practices Mineral Potential Index) y el entorno de políticas públicas (Policy Perception Index).
Desde la perspectiva exclusivamente geológica —sin considerar el entorno regulatorio—, el Perú se ubica en el puesto 25 del mundo, lo que evidencia su alto potencial minero si se garantizan condiciones estables y competitivas para la inversión.
El informe —publicado el 29 de julio— recoge la percepción de ejecutivos y especialistas de compañías mineras y de exploración a nivel mundial, quienes evaluaron el entorno para hacer negocios en las 82 jurisdicciones evaluadas durante el último año. Así, según el último Annual Survey of Mining Companies, el Perú pasó del puesto 59 en el 2023 al 40 en el 2024.
Para profundizar en el significado de este resultado y los retos que plantea, consultamos con dos especialistas: Víctor Gobitz, director de Gerens, y Carlos Gálvez, exdirector de Compañía de Minas Buenaventura, quienes compartieron sus opiniones sobre las causas del repunte, las brechas por cerrar y las oportunidades para que el Perú se posicione entre las jurisdicciones líderes en los próximos años, pero también sobre los factores que podrían frenar ese avance si no se abordan con decisión.
Claves del ascenso
Para Víctor Gobitz, la mejora en la posición del Perú se puede resumir en dos factores: “El ranking Fraser se construye con una encuesta representativa, de cómo los tomadores de decisión en la industria minera global perciben a una jurisdicción minera en particular. Y en el caso del Perú, la demanda de cobre sigue en ascenso y nuestro país alberga a más del 20% de las reservas mundiales de este metal (potencial geológico). Además, en el 2023 se hizo más visible que el Gobierno de Dina Boluarte no seguiría el plan de gobierno o las políticas estatistas de Pedro Castillo (percepción política)”.
Ambos aspectos son decisivos. “El primero de ellos (potencial geológico) es intrínseco a nuestra geografía, que alberga a la cordillera de los Andes; pero la segunda es mucho más decisiva (percepción política) porque revela el grado de madurez institucional que se viene construyendo, y que es imprescindible para la magnitud y el horizonte temporal de las inversiones mineras”, sostiene.
Por su parte, Carlos Gálvez coincide en que el contexto político reciente ha sido determinante: “Los resultados de Fraser que se publican en el 2025 corresponden a la evaluación del 2024. Y el 2024 hubo paz, no ha habido conflictividad ni mayores protestas, por lo menos comparado con lo visto después del golpe de Estado de (Pedro) Castillo. En esas circunstancias, hay una mejora notable de la percepción política”.
Brechas en infraestructura y sociales
Desde la perspectiva de Gobitz, aún persisten elementos estructurales que deben mejorar: “La carencia de una infraestructura pública idónea —carreteras, puertos, red de energía y telecomunicaciones— que incremente la competitividad de la región altoandina, donde se ubica el portafolio de proyectos mineros del país; y la falta de una política minera que vincule el desarrollo de los proyectos con el desarrollo territorial y la reducción de la pobreza”.
También identifica una brecha clave: la social. “Esta brecha en la percepción sobre los acuerdos con las mineras y el desarrollo comunitario se explica por la baja calidad en la ejecución de la inversión pública, que no permite que la población vincule directamente la inversión minera con una mejora en su calidad de vida. Elevar de manera sustancial la inversión pública, en plazos y calidad de los servicios, requiere volver a centralizar su formulación, ejecución y operación; de manera que progresivamente se vuelva a descentralizar cuando se acredite que hemos desarrollado esas capacidades a nivel regional y local”, asevera.
Entre los desafíos que revela la encuesta, Gálvez también identifica como críticos los retrocesos en los acuerdos socioeconómicos, seguridad, disponibilidad de mano de obra e infraestructura: “Lo primero es ponerse de acuerdo con las comunidades sobre el permiso para operar, así como los beneficios y oportunidades para ellas. Eso abre la puerta a la construcción de infraestructura y a la inversión en servicios públicos, como la interconexión eléctrica”.
El factor político
Según Gobitz, el principal obstáculo para evidenciar el aporte de la minería a las comunidades es político: “El grueso de nuestros partidos actúa en función de la coyuntura o de intereses particulares. Al carecer de planes de largo plazo, no logran entender la oportunidad y relevancia de promover la inversión minera, como parte de un plan de desarrollo sostenible de nuestro país”.
Entre las reformas prioritarias, propone formular un plan de desarrollo territorial en el que se vincule la inversión en infraestructura pública con el desarrollo de los proyectos mineros; resolver el tema de la minería informal, a partir del Estado de derecho, con trazabilidad plena y condiciones laborales mínimas; así como promover la asociación entre proyectos mineros contiguos, de manera que la sinergia entre ellos genere una menor huella ambiental, optimice las inversiones y se acelere el impacto socioeconómico esperado.
Perspectiva histórica
Gálvez advierte que la posición del Perú en el ranking global (40/82) sigue por debajo de los años previos a la pandemia y lejos de los alcanzados en el pasado: “Hace poco más de diez años estábamos entre los primeros 15 países del mundo, ahora hemos caído notablemente porque ha habido una serie de conflictos que han impedido el desarrollo de proyectos”.
Para el exejecutivo de Buenaventura, el potencial geológico no ha sido suficientemente puesto en valor en los últimos años. “Antes, había mucho más apertura sobre la base de información geológica para la inversión en exploraciones y, con cierta frecuencia, se anunciaban descubrimientos y proyectos de gran dimensión. Eso generaba un flujo constante de inversión: se construía Antamina, se ampliaba Cerro Verde, y el Perú era quinto productor de oro, segundo de cobre y competía por el primer puesto en plata. Hoy no hay vocación ni impulso para las exploraciones y no hay nuevos descubrimientos; seguimos hablando de los mismos proyectos, solo cambiando fechas y ajustando valores por inflación”, señala.
Comparación regional
En la comparación regional, Gálvez destaca que Chile y Argentina superan al Perú en la mayoría de los indicadores evaluados: “Argentina es un país virgen desde el punto de vista minero, con continuidad geológica respecto de Chile. Con un presidente como (Javier) Milei, que promueve la inversión, los capitales se quieren posicionar rápido. [Por su parte, Chile] tiene tradición minera, depósitos que aprovechar y claridad en que la minería es el ‘pan del pueblo’. Han reforzado su vocación a favor de la inversión y de las empresas”.
En contraste, en el Perú “desde hace 25 años, salvo el segundo Gobierno de Alan García, no se ha dado un impulso real a la minería; más bien se ha complicado el marco de permisos, pasando de pocos años a décadas para sacar adelante un proyecto”, indica el experto.
Con la vista en los próximos cinco años, Gálvez afirma que el Perú podría posicionarse mejor si hubiera liderazgo político decidido y capacidad para activar proyectos estratégicos: “Tenemos proyectos de gran tamaño que darían masa crítica suficiente para atraer inversión, pero con la falta de voluntad política, un Congreso que no colabora y una burocracia que crece día a día, es difícil avanzar”.
Lecciones internacionales
Sobre las jurisdicciones líderes de la encuesta, como Finlandia, Nevada o Alaska, el exdirector de Buenaventura destaca dos lecciones: educación y eficiencia en el uso de recursos públicos.
“Ellos entienden que desarrollar proyectos mineros trae beneficios que se traducen en bienestar para la gente. En el Perú hemos recaudado US$ 40 mil millones en impuestos mineros en los últimos 10 años, pero no hay hospitales, mejores colegios ni infraestructura. El Estado no aprovecha esos recursos, la población se desencanta y no quiere proyectos mineros, y el productor sigue recibiendo reclamos por lo que es obligación del Estado. Eso es incapacidad y corrupción. Esa es la diferencia con países como Finlandia o Noruega, que están en el tope de educación y de eficacia en el uso de recursos públicos”, asegura.
Gálvez concluye que la minería peruana está a la altura de las mejores del mundo en términos operativos: “Las empresas mineras han hecho su trabajo y están entre las más competitivas del mundo. El problema es que el Estado no ha logrado convertir los recursos que proporciona la minería en beneficios para la población, y eso mantiene viva la posibilidad de conflictos”.
