El Perú tiene un portafolio de proyectos mineros por más de US$ 50,000 millones, pero muchos están estancados por trámites. ¿Qué reformas legales y regulatorias urgentes propone para simplificar los procesos sin generar conflictos con las comunidades?
Los reglamentos ambientales de exploración, explotación y beneficio deben acabar con la rigidez de los instrumentos ambientales, reconociendo que se trata de instrumentos preparados a nivel de factibilidad como la norma exige, pero que se deben adecuar de manera dinámica, rápida y eficiente a las necesidades y situaciones particulares del terreno donde son construidos. Así pues, es claro que debe haber un margen de tolerancia para construirlos, regresar a las aprobaciones automáticas cuando corresponda y ser más tolerantes en los casos de comunicaciones previas.
Las normas sobre consulta previa también requieren urgentemente ser revisadas para identificar supuestos de proyectos de exploración que no deberían pasar por consulta previa, ni siquiera por la etapa de identificación o análisis de afectación de derechos colectivos. Esto independientemente de profundizar en la Base de Datos de Pueblos indígenas u originarios.
No podemos dejar de mencionar también el Reglamento de Procedimientos Mineros, para incluir más supuestos de Informe Técnico Minero o de Comunicación. Regular los casos en donde se requiere tramitar la modificación de una autorización de construcción de concesión de beneficio, entre otros procedimientos.
Las normas de acceso a tierras del Estado para el desarrollo de proyectos mineros también requieren ser revisadas, para facilitar dicho acceso lo que incluye revisar los altos costos de acceder a una servidumbre.
Las normas sobre procedimientos en la Autoridad Nacional del Agua, SUCAMEC, SUNAT y el Listado de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados también deben revisarse para facilitar las prórrogas o renovaciones de plazo y eliminar sanciones de suspensión del registro en casos en donde no resulte razonable.
Finalmente, conviene también revisar el concepto y el diseño de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos para realmente brindar a los administrados información completa de lo que cada procedimiento va a requerir en la práctica.
Uno de los mayores cuellos de botella para la ejecución de proyectos mineros en Perú es la tramitología. ¿Cuáles son los principales obstáculos en los procesos administrativos y cómo podrían agilizarse sin afectar los estándares ambientales y sociales?
El desarrollo de un proyecto minero en el Perú requiere lidiar con aproximadamente 30 instituciones, conocer y aplicar aproximadamente 500 normas y obtener entre 250 a 500 permisos que pueden tardar varios años. Esta situación sin duda afecta nuestra competitividad, retrasando o paralizando los proyectos y afectando así nuestro desarrollo como país.
Como principales obstáculos y acciones que podrían agilizar los procesos administrativos, pero sin afectar estándares ambientales y sociales se pueden destacar: la necesidad de reforzar la institucionalidad de las autoridades minero-ambientales. No solo con mayores recursos económicos y profesionales sino, además, mediante la adopción real de una verdadera política de promoción a la industria minera, debidamente internalizada como política de gobierno y con una visión para los próximos 25 años.
Otro gran problema es la rigidez de los instrumentos ambientales que no se adecuan a la naturaleza dinámica del desarrollo de los proyectos mineros, requiriéndose múltiples modificaciones y nuevos procedimientos, muchas veces para cambios no significativos y sobre áreas ya impactadas.
En esa misma línea, si bien resulta imposible regular caso por caso, resulta oportuno revisar la posibilidad de estándares diferenciados para proyectos de bajo impacto o incluso de remediación de pasivos.
La coordinación entre el Gobierno nacional, Gobiernos regionales y municipales es clave para agilizar permisos. ¿Qué mecanismos de articulación institucional se deberían implementar para evitar duplicidad de funciones y retrasos?
Efectivamente. Se ha trabajado mucho en este aspecto, pero falta mucho por hacer. Se destacan los grandes esfuerzos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otras instituciones. El problema es complejo pues tiene que ver con las normas de regionalización. Sin embargo, se debe continuar con los esfuerzos de dichas entidades para mejorar dicha articulación, en donde vienen participando actores sociales y gremiales relevantes. Esto debiera también ser parte esencial de una política de Estado que promueva las actividades mineras.
En otros países mineros como Chile o Canadá, hay ventanillas únicas y plazos definidos para permisos. ¿Sería viable implementar un sistema similar en el Perú y qué desafíos habría que superar para lograrlo antes del 2030?
Efectivamente, varios países como Chile, Canadá y los Estados Unidos han avanzado en contar con las famosas VUD (ventanillas únicas digitales). El Perú y, en particular, el MINEM ya inició ese proceso y ya se cuenta con una ventanilla informativa. Falta mucho por hacer, sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de un proyecto absolutamente viable, pero ambicioso, que requiere de mucho trabajo y recursos.
Incluso en los países mencionados no se trata de sistemas perfectos y completamente integrados ya que eso requiere que todas las instituciones se encuentren completamente digitalizadas, en cuanto a su información y procedimientos y requiere que los operadores de las entidades se encuentren debidamente capacitados, además de contar con herramientas tecnológicas de última generación. En el Perú, lamentablemente, algunas instituciones están todavía muy lejos de alcanzar dicha situación lo que hace difícil la tarea. No obstante, sin lugar a duda, la VUD se podría convertir en una herramienta indispensable para facilitar los procedimientos, brindar predictibilidad, dotar de eficiencia y en general mejorar significativamente la competitividad del país.