La explotación del gas natural de Camisea fue un proyecto postergado por casi dos décadas en espera de mejores condiciones sociales y políticas para su desarrollo, y de alcanzar consenso para que beneficie al país y a quien decidiera asumir su operación.
A principios de los años 80, la petrolera de origen holandés Shell inició exploraciones en el Bajo Urubamba, selva del Cusco, y descubrió los yacimientos de gas que hoy conocemos como Lote 88. En 1988, la empresa decidió que el proyecto no era viable económicamente, y los estudios y lotes explorados retornaron a manos del Estado.
Luego, con el gobierno de Alberto Fujimori, en pleno auge de las privatizaciones, la intención era encargar el proyecto a una empresa privada. Así volvió Shell en consorcio con la estadounidense Mobil y firmó un contrato con el Estado, perforó los primeros pozos de Camisea y realizó los estudios de factibilidad. Pero en 1998 este consorcio decidió no continuar con la fase dos del proyecto: pasar a la construcción de la infraestructura. Una vez más, Camisea volvió al Estado peruano. Entonces, el Gobierno realizó un nuevo planteamiento para desarrollar los campos cusqueños de Camisea, y decidió concesionar el proyecto por bloques: la producción de gas, el transporte y su distribución.
Finalmente, el Estado adjudicó, en febrero del 2000, la explotación del Lote 88 al Consorcio Camisea, liderado por Pluspetrol, que fue la propuesta que ofreció el mayor porcentaje de regalías. Mientras que el transporte, por medio de un gasoducto y un poliducto, y la distribución se adjudicaron a Transportadora de Gas del Perú (TGP). Mediante este contrato, vigente hasta el 2040, el Consorcio Camisea extrae y procesa el gas natural del Lote 88, destinado a atender al mercado nacional. Y, en el 2004, firmó el contrato para hacerse cargo, por 40 años, de la exploración y explotación del Lote 56, que se destina a la exportación.
Desde entonces, el gas natural de Camisea es utilizado para producir energía eléctrica, y para abastecer al consumo industrial, comercial y vehicular (GNV), así como a los hogares (con conexión a gas). Mientras que los líquidos de gas natural llegan a la planta de fraccionamiento en Pisco y sirven para producir diésel, nafta y GLP.
El gas natural se ha convertido en la fuente del 40% de la energía eléctrica que se consume en el Perú; ha generado ahorros por US$ 100,600 millones entre el 2004 y 2019, solo por dejar de usar combustibles más caros, según un estudio de Macroconsult; y se ha conseguido que el Consorcio Camisea pague al Estado S/ 40,000 millones hasta el 2019 en impuestos y regalías.
El reto para el país sigue siendo masificar el consumo de gas natural a regiones. Para ello, se requiere la construcción de infraestructura que permita transportar y distribuir este recurso y hacer con ello posible que la mayor parte de los hogares peruanos cuente con una fuente de energía barata y amigable con el ambiente, cuyo suministro está garantizado para el mercado interno por los próximos 30 años. En efecto, el gas natural del Lote 88, que está destinado para el mercado interno, tiene reservas para atender a 20 millones de hogares, aunque en el Perú solo hay 8 millones y solo 1.5 millones consumen este hidrocarburo. No hay suficiente demanda local, y por eso el 25% del gas del Lote 88 se reinyecta. La tarea impostergable del Estado es que los beneficios generados por el gas de Camisea realmente se materialicen en proyectos a favor de la población.