La decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República de modificar el régimen de concesiones mineras de la Ley General de Minería impactará negativamente en la competitividad del sector minero formal y en el crecimiento económico del país.
Pretender reducir el plazo para iniciar operaciones de las concesiones de 30 a 15 años, incrementar las tasas de derecho de vigencia, endurecer las penalidades, entre otras medidas, no contribuye a la formalización ni en acelerar la puesta en valor de los proyectos mineros.
No cabe duda de que el dictamen que quiebra el régimen de concesiones mineras desconoce totalmente lo que significa hacer minería formal, moderna, social y ambientalmente responsable en el Perú. Y es evidente, que no se tomaron en cuenta los informes técnicos que oportunamente emitieron el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
Según un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) indica que, en promedio, un proyecto minero en el Perú tarda 40 años en iniciar producción. Como bien cita, este prolongado proceso está principalmente condicionado por exigencias regulatorias, la obtención de permisos ambientales y de procesos de diálogo social, entre otros.
Entonces, reducir los plazos de las concesiones mineras de 30 a 15 años, muestra que se ha establecido un plazo irreal que en la práctica hace inviable la cartera de proyectos mineros estimada en US$ 63 mil millones.
Otro mito sobre el cual se pretende justificar el cuestionado dictamen -en lo referente a la caducidad de las concesiones- es que todo el territorio nacional se encuentra concesionado, lo que es falso pues más del 40% aún está disponible para concesiones mineras. Además, hay que subrayar que en el 17.3% del territorio que ya está concesionado, el 57% corresponde a la pequeña minería, como lo sustenta el propio Ingemmet.
Lamentablemente, el dictamen aprobado hace más complicado el camino de la formalidad; y más bien alienta la peligrosa expansión de la minería ilegal que, ante el debilitamiento de la legislación, buscaría apoderarse de terrenos previamente explorados y en los que ya se ha invertido millones de dólares con el fin de poner en valor los recursos minerales.
Los resultados del último estudio del Instituto Fraser sobre los destinos que atraen la inversión minera global muestran apenas un tímido avance del Perú frente a sus pares de la región. Y un dictamen como el validado en la Comisión de Energía y Minas hará que retroceda nuestra competitividad ahuyentando las inversiones en exploración hacia países vecinos como Chile y Argentina.
Restar competitividad a la minería peruana es sinónimo de frenar el crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo de todos los peruanos.