A menos de un mes para que asuma un nuevo Gobierno en el Perú, ¿cuál cree que debería ser la principal medida a emprender en materia minera ilegal durante los primeros cien días de gestión?
En principio, habría que recordar el plan de gobierno de Fuerza Popular, que planteaba implementar un sistema de interoperabilidad para la pequeña minería y la minería artesanal. Ese debería ser el eje central, pues necesitamos al Estado funcionando, operando y articulando, y obviamente usando las herramientas que tiene.
En segundo lugar, el Estado debe ejercer un mayor control sobre las plantas de beneficio mediante ese sistema de interoperabilidad, y además que sean controladas por el Gobierno nacional, por organismos como OEFA y OSINERGMIN entre otros, porque son el principal mecanismo utilizado para lavar el oro de origen ilegal.
Hace unas semanas se detectó el caso de concesiones mineras entregadas en el río Nanay, una zona considerada intangible y que provee de agua a Iquitos. Para evitar estos casos que pueden afectar la confianza entre el sector formal y las comunidades, ¿qué cambios deberían darse en las normas para rechazar estos pedidos y cuidar las zonas protegidas o ambientalmente vulnerables?
El sistema ya tiene la capacidad para hacerlo; el problema es que no se aplican (las normas). Después de largos procesos burocráticos se declara inadmisible un petitorio, pero mientras tanto este continúa apareciendo como “en trámite” en el aplicativo Geocatmin.
Nos llama la atención de que existan cerca de 3,000 petitorios declarados inadmisibles que todavía figuren en el sistema como si aún siguieran vigentes, “en trámite”. Eso significa que cualquier ciudadano, incluso presentando información falsa, puede solicitar una concesión y que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) no tiene capacidad para notificar oportunamente (sus decisiones) o cerrar estos procedimientos cuando perfectamente puede declararlos de oficio o notificarlos vía el sistema.
Resulta contradictorio que se hable de un sistema moderno y eficiente de concesiones mineras cuando la autoridad no garantiza que las solicitudes sean serias ni ejerce un verdadero control y fiscalización.
Además, existen zonas donde está expresamente prohibido otorgar concesiones, como ocurre con la suspensión de petitorios mineros en determinadas áreas de Madre de Dios, y aun así se siguen admitiendo solicitudes, como sucedió en el caso del río Nanay.
Es llamativo que se presenten concesiones que se superponen a los ríos amazónicos. Si la actividad minera está prohibida sobre cuerpos de agua, ¿por qué el sistema admite esos petitorios? No basta con argumentar que una concesión no otorga automáticamente el derecho a explotar o que el territorio está dividido en cuadrículas. Lo que corresponde es que la autoridad impida desde el inicio este tipo de solicitudes.
¿Cuál sería su principal recomendación para resolver estos casos?
Que el INGEMMET cumpla el rol que le corresponde y no admita ningún petitorio en zonas donde la normativa establece una suspensión o prohibición. Si determinadas concesiones no pueden ser otorgadas, simplemente el sistema no debería permitir presentar solicitudes sobre ellas. Esos petitorios tendrían que ser declarados inadmisibles de pleno derecho.
Además, si una zona está suspendida para la admisión de concesiones, no se entiende por qué el sistema sigue permitiendo el ingreso de solicitudes.
La minería ilegal ya no es no solo un problema ambiental, sino que se le empieza a percibir como una actividad que viola sistemáticamente los derechos humanos.
Siempre ha sido un problema de derechos humanos. Lo que ocurre es que muchas veces no se ha hecho esa lectura.
Para mí, estos hechos [como los ataques a Minera Poderosa] constituyen actos terroristas. El uso de la violencia, la extorsión y los asesinatos busca generar terror, por lo que las autoridades deberían abordar este fenómeno como un problema de terrorismo.
Desde distintas bancadas del Congreso se ha hablado de terrorismo urbano, pero considero que esta situación incluso supera este concepto, porque las organizaciones criminales utilizan el terror como mecanismo para controlar territorios y actividades.
Las empresas asociadas a la SNMPE operan bajo estrictos estándares socioambientales y de respeto a los derechos humanos, pero muchas veces la opinión pública considera que tienen el mismo impacto que la minería ilegal. ¿Cómo puede el sector formal marcar esa diferencia ante la ciudadanía?
Creo que el principal rol recae en el sector privado. Nuestra crítica es que la minería formal no ha sabido mostrar suficientemente los buenos ejemplos que tiene.
Se habla mucho de los altos estándares ambientales y sociales, y es cierto que existen empresas que hacen un trabajo impecable. Sin embargo, estos avances muchas veces solo son conocidos dentro del propio sector y no llegan a la ciudadanía.
Por eso resulta tan fácil que, cuando se difunden imágenes de minería ilegal en redes sociales, muchas personas terminan asociándolas también con la minería formal y cuestionado proyectos que hacen las cosas bien y que generan beneficios a nuestro país.
La actividad formal debería mostrar mucho más sus casos de éxito, sus proyectos ambientales y el trabajo que realiza con las comunidades. Esa es una pieza fundamental para cambiar la percepción pública y evitar que algunos sectores utilicen de manera conveniente una imagen negativa de toda la actividad minera, cuando muchas empresas operan con estándares muy elevados que la mayoría de la población desconoce.