Al igual que en otras áreas, las obras de electrificación rural del año 2020 se paralizaron por la pandemia del coronavirus. El año pasado se invirtieron S/ 98 millones que, si bien beneficiaron a 56 mil pobladores —según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)— es aún una cifra insuficiente frente al desafío de llevar energía eléctrica al 17% de la población rural que aún no cuenta con este servicio.
Los avances en la electrificación rural desde el 2016 han sido importantes. Ese año, por ejemplo, se ejecutaron 40 proyectos de electrificación rural con una inversión de S/ 184 millones para beneficiar a 143 mil habitantes. En el 2017, las inversiones aumentaron a S/ 210 millones, pero al año siguiente volvieron a bajar a S/ 50 millones anuales.
“Este no es un problema económico, es un problema de gestión”, afirmó Manuel Suárez Mendoza, director general de la Dirección General de Electrificación Rural del MINEM, y aclara que esta tendencia ya se está revirtiendo. En julio del 2020, tras la aprobación del reglamento de la Ley de Electrificación Rural se superó una barrera burocrática en el procedimiento de contrataciones establecido en la Ley promulgada en 2015. “Se nos exigía toda una tramitología al momento de elaborar perfiles técnicos para los expedientes”, detalla Suárez. “Pero eso ya cambió. Ahora sí están fluyendo los estudios y las inversiones”, agregó.
En el último trimestre del año pasado se licitaron 11 proyectos que significaron una inversión de S/ 162 millones, y para este 2021 se licitarán obras por cerca de S/ 800 millones. A ese ritmo, se espera que a fines del 2023 e inicios del 2024 la cobertura eléctrica —que está en un 83%— se incremente a un 96 o 98%, según el pronóstico de la Dirección General de Electrificación Rural.
Menos burocracia y más iniciativas
El reglamento de la Ley de Electrificación Rural no solo ha permitido acelerar las licitaciones, sino también ejecutar obras en alta tensión para reforzar las instalaciones aguas arriba. “Es otro de los objetivos que nos hemos propuesto”, sostuvo Suárez.
Esto permitiría promover nuevas inversiones como, por ejemplo, convocar a una licitación pública para desarrollar el estudio de la línea de transmisión entre Moyobamba e Iquitos, de más de 660 kilómetros. Iquitos es la única ciudad aislada del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. De esta manera, las comunidades podrán contar con un servicio de electricidad de calidad proveniente de la red nacional.
El reglamento también promueve el uso productivo de la energía eléctrica. “Infinidad de veces los pobladores reclaman por un suministro de mayor potencia que les permita transformar sus insumos o materia prima en bienes o servicios, generando valor agregado a sus productos”, explicó Suárez. Para ello, están elaborando procedimientos para incentivar el uso productivo de electricidad a cargo del ministerio y de las empresas distribuidoras. “Se trata de que los proyectos de los pobladores no se vean frustrados por la falta de energía eléctrica”, afirmó.
El aventón de las inversiones
Pese a la pandemia, este año promete inversiones que impacten fuertemente en el cierre de brechas de energía eléctrica. De enero a abril se han licitado 18 proyectos de electrificación rural a nivel nacional con una inversión de S/ 311 millones y que beneficiarán a 85 mil familias. Entre mayo y diciembre, el Ministerio ya cuenta con una cartera de 23 proyectos con una inversión de S/ 450 millones y que beneficiará a 153 mil familias.
Los proyectos más importantes se encuentran en las regiones con zonas rurales de menor cobertura eléctrica, como Puno, Cajamarca y Loreto. Solo en Cajamarca y Puno, por ejemplo, las inversiones ascienden a S/ 250 millones y S/ 500 millones, respectivamente. Así, los niveles de inversión anuales volverán a rondar entre los S/ 800 millones y S/ 900 millones, más acorde con el cierre de esta brecha en infraestructura.