Las empresas del rubro minero energético tienen una particularidad potencial: por la naturaleza de sus proyectos cuentan con una zona de influencia determinada, que les permite conocer de cerca las necesidades prioritarias de las comunidades aledañas. No por casualidad son las que han participado con mayor frecuencia de una de las modalidades para ejecutar proyectos de inversión: las Obras por Impuestos.
Del total de obras concluidas entre el 2009 y el 2021 —ascendentes a 173 proyectos y una inversión de S/ 1,589 millones— 80 de ellas (el 46%) fueron ejecutadas por empresas del sector minero energético, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). Estas, según PROINVERSIÓN, sumaron una financiación de S/ 819 millones y lograron beneficiar a 3.4 millones de ciudadanos en regiones como Arequipa, Moquegua y Áncash.
Esta modalidad brinda a las empresas la oportunidad de adelantar sus impuestos para financiar y ejecutar aquellos proyectos que generen mayor impacto social, contándose trabajos en los sectores de transporte (con 21 obras ejecutadas), saneamiento (16) y educación (14). “Son una excelente herramienta para reducir la brecha de infraestructura de manera ágil y eficiente, evitando las malas prácticas y garantizando obras de calidad”, señala Mariana Caballero, gerente general de la Alianza para Obras por Impuestos, más conocida como AlOxI.
El círculo virtuoso
De acuerdo con PROINVERSIÓN, hasta la fecha, un total de 38 empresas minero energéticas han ejecutado proyectos de Obras por Impuestos generando infraestructura social y vial.
Más del 96% de las obras por impuestos son ejecutadas de manera descentralizada, generando un valioso impacto en las comunidades que las acogen. Por ejemplo, en Apurímac, uno de los proyectos más importantes es la construcción del puente Kutuctay, en la provincia de Cotabambas, que unirá Apurímac y Cusco; mientras que en la segunda de estas regiones se está procurando el mejoramiento de la oferta de servicios educativos.
En el sur, además, se construyó el puente Chilina (2014), en Arequipa, catalogado como uno de los más grandes del Perú, con 562 metros de longitud, y que une los distritos de Alto Selva Alegre y Cayma. Moquegua, por su parte, ha logrado la instalación y el mejoramiento de sus sistemas de agua potable y alcantarillado; Tacna consiguió la habilitación de la carretera de ingreso a Locumba; y Puno, la ampliación y el mejoramiento del Hospital de Apoyo San Martín de Porres, en la provincia de Macusani.
Así, las obras por impuestos funcionan como un círculo virtuoso: las empresas trabajan con el Estado para reactivar la economía, generar empleo directo e indirecto —ambos decisivos en tiempos de pandemia—, cerrar las brechas sociales, aumentar la competitividad de los territorios y mejorar la calidad de vida en sus localidades. Al mismo tiempo, se logra consolidar una mejor relación con las comunidades y con los actores públicos.
Contribución minero energética
Solo en el año 2020, las empresas del sector minero energético han logrado la adjudicación de 14 proyectos por un monto de S/ 126.9 millones en las regiones de Áncash, Arequipa Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Pasco. En lo que va del 2021, el compromiso del sector se ha cristalizado en la adjudicación de dos proyectos a Compañía Minera Antamina para infraestructura educativa, por un monto de S/ 10.2 millones.
Pero eso no es todo. “Hay una cola de 28 proyectos por un monto superior a los S/ 200 millones, en los cuales las empresas del rubro minero energético ya han manifestado su interés”, señala Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de PROINVERSIÓN.
Buena vecindad
Miralles destaca que una de las ventajas de las Obras por Impuestos para las empresas es que permite que parte del pago de sus impuestos sean destinados a sus zonas de influencia y se materialicen en la construcción de colegios, centros de salud, entre otros proyectos de índole social.
Por su parte, Caballero comenta que, desde AlOxI, han propuesto algunas mejoras a este mecanismo. Entre ellas, implementar un sistema de fast track para proyectos prioritarios para el Estado y simplificar la “tramitología” del proceso de emisión de certificados de inversión pública. Asimismo, crear unidades orgánicas de inversiones y de certificación, para generar una especialización en esas funciones, e implementar una comisión de solución de disputas para resolver controversias de manera más expeditiva, al igual que se trabajó durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Por último, AlOxI también propone ampliar el alcance de las obras por impuestos para financiar inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, con el fin de viabilizar inversiones urgentes, de menor magnitud, pero de más rápido impacto para las comunidades.
Mientras más ágil sea la ejecución de los proyectos, más tangible será su impacto en el desarrollo territorial y mejorará la relación entre comunidades y empresas que aportan como buenos vecinos.