Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y director de investigación de la Escuela de Posgrado Gerens, destaca la importancia del sector de hidrocarburos en el crecimiento del país y las claves para incentivar las inversiones en medio de la incertidumbre política. Una de ellas, señala, es la confianza. “Los operadores petroleros sienten la ausencia del Estado como socio en el desarrollo de sus proyectos”, explica en esta entrevista para Desde Adentro.
¿Cuál es el elemento más importante para las futuras inversiones en el sector de hidrocarburos peruano?
La confianza. Eso es lo que yo creo que se está rompiendo con el discurso político de la nacionalización de los hidrocarburos. Porque sin la confianza va a ser muy complicado atraer al capital que se requiere no solo para operar la infraestructura de los hidrocarburos, sino también para expandir la base de recursos de hidrocarburos. Necesitamos expandir la cantidad de reservas y eso es lo que está faltando. Lo que ha sucedido [con el anuncio de nacionalización de Camisea] es un choque negativo a la confianza para los financistas internacionales, que son los principales agentes de cambio en este sector, porque son los que tienen los recursos financieros como la tecnología y el capital humano, así como el conocimiento para poder hacer las cosas.
¿Qué tanto ha contribuido el sector hidrocarburos al crecimiento del país?
Esta industria como sector desde el año 93, cuando se dio la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), ha sido muy importante para el Perú. Ha contribuido a través de aportes fiscales con muchos recursos. Estamos hablando solamente de petróleo y gas por encima de los S/ 100 mil millones en aportes fiscales a través de regalías y de impuestos, y todo esto se ha redistribuido a las regiones a través del canon petrolero y gasífero. Ha sido gracias a la LOH y al marco legal de esa época que se pudo desarrollar megaproyectos como Camisea. Generó un marco importante de confianza para que los inversionistas extranjeros puedan volver al Perú a desarrollar campos petrolíferos y gasíferos, porque en el pasado ya ha habido lo mismo que estamos viendo ahora: intentonas nacionalistas. Lamentablemente, el Perú tuvo que pagar muchísimos millones de dólares porque eso no fue gratis y se perdieron muchos recursos. Pero, ahora, las redes de distribución de gas natural en el norte, sur y centro del Perú se han reconvertido a una industria moderna, gracias a los incentivos económicos y legales que se dieron para que se despliegue la inversión privada en este sector.
¿Cómo ha afectado la ausencia del Estado a las zonas petroleras?
Muchos de los problemas de los desincentivos a invertir en esas zonas petroleras han sido los sabotajes al Oleoducto Norperuano en la búsqueda de trabajo. Porque rompían el ducto, se generaba un derrame, y la gente buscaba trabajo para limpiar el derrame. Ahí hubo un manejo inadecuado porque empezaron a dar dinero y se generó una gran expectativa, fue como una especie de “fiebre del oro negro”. Eso debió haber sido manejado adecuadamente por el Estado, pero no fue así, y se ha llegado a una parálisis. Los operadores petroleros sienten la ausencia del Estado como socio en el desarrollo de estos proyectos.
Esto también ha propiciado la conflictividad social, que se ha incrementado en los últimos años…
Uno de los grandes temas es justamente la conflictividad social, específicamente en las zonas productoras del norte del Perú. Ha habido un manejo inadecuado de este tema que ha generado una crisis de expectativas en las poblaciones que han esperado una mayor distribución de los recursos. Las empresas han pagado los platos rotos de la incapacidad del Estado para brindar desarrollo en estas zonas a través del canon. Todas las empresas pagan sus impuestos, pero les han pedido que hagan algo más allá de lo que usualmente hacen. No me parece mal eso: la responsabilidad social corporativa es buena, ayuda a tener una visión compartida del desarrollo, pero ya ha habido muchos problemas vinculados al oportunismo político que se exacerbó con la falta de empleo. Segundo, hay pasivos ambientales que han dejado los antiguos operadores y eso ha generado un problema. Aparte del inconveniente con el oleoducto, falta mantenimiento y otros ramales no funcionan debidamente para evacuar el petróleo. No hay una cadena logística para sacar el crudo de allí.
¿Cómo podríamos acelerar la masificación del gas natural?
Estableciendo un plan quinquenal agresivo que pueda comprometer recursos del Fondos de Inclusión Social Energético (FISE) para poder acelerar las conexiones domiciliarias. Porque la gran barrera de la masificación del gas natural, aparte de la infraestructura de transporte, es que la distribución es costosa, por eso el Estado optó por dar subsidios para las conexiones. Eso tiene que aumentar. Se está haciendo en Lima y Callao, con Cálidda; en Ica, donde está Contugas; en el sur, con una concesión que dejó Naturgy y que ahora opera Petroperú; y en el norte con la concesión de Quavii, que está en operación y tiene siete regiones en su área de influencia. También en Piura, Gasnorp está terminando sus redes de distribución. Eso de que la masificación no está avanzando es falso, incluso el gas ya llega a Cajamarca, a Huaraz. Pero de que se pueden dar más redes de distribución, se pueden. El Estado las tiene que concesionar a un privado, a un operador calificado para que haga eso.
¿Cuáles son los proyectos clave que habría que destrabar?
Los que están costa afuera, en el mar. Ha habido muchas dificultades para esos proyectos. Tuvieron operadores que no han tenido las facilidades adecuadas para poder seguir buscando alternativas de exploración e incluso uno se ha ido ya del Perú. Hay que reactivar los campos, con todas las previsiones ambientales y sociales. Luego, la reactivación de la zona de la selva sería importante. Hasta antes del cambio de gestión de Petroperú, parecía que tenía un operador para ayudarlo a poner en funcionamiento el Lote 192, pues se había cerrado una consulta previa. Debemos continuar con ese lote.
¿Qué camino debería seguir el Perú para reactivar el sector?
Lo esencial para reactivar el sector de hidrocarburos peruano es recuperar la confianza. Que el Gobierno entienda que hay otras formas de tratar a los inversionistas nacionales e internacionales, y sentarse en una mesa de negociación con Camisea de la manera más civilizada posible. Las amenazas de estatización, de nacionalización, son inherentemente ilegales porque no están contempladas en la Constitución Política del Perú, solamente se puede expropiar un activo previa ley del Congreso justificada como un elemento de necesidad nacional y con el pago de justiprecio por los activos. Hay muchos candados para que el Poder Ejecutivo lo haga solo, tiene que ir al Congreso, pero ya la señal es malísima porque rompe las expectativas: se está viendo que el Estado no quiere jugar, ni legal ni correctamente. El clima de inversión deteriorado espanta la inversión. Ahora hay una crisis de confianza y es totalmente razonable escuchar a los inversionistas quejarse.
¿Qué se debería hacer para recuperar la confianza?
Lo primero es retirar la carta que se ha puesto y con Perupetro iniciar una renegociación de contrato del Lote 88. Creo que eso aliviaría un poco los ánimos, como lo hizo Ollanta Humala, que llegó a renegociar aspectos del contrato del Lote 88, sacó una tarifa social para la masificación del gas y después otra tarifa para promocionar el gas natural vehicular. Se han hecho cosas bajo los cánones más civilizados, sin violar convenios de inversión ni problemas con arbitrajes internacionales. La segunda medida es establecer un esquema promotor que permita racionalizar la carga fiscal que enfrenta el sector petrolero, que es bien elevada. Puedes encontrar lotes en que el Estado se lleva más del 80% de las utilidades y las empresas se quedan con el 20%. No es competitiva nuestra carga fiscal a nivel internacional. El sector petrolero requiere de una reforma tributaria que lo haga competitivo con otras plazas, como Colombia. El Gobierno quiere subir la carga fiscal y lo único que va a hacer es espantar la inversión. Camisea, de cada S/ 100 de utilidad, da al Estado S/ 65: más de la mitad. La carga fiscal está en el tope máximo. El margen de negociación no puede ser mucho, porque si lo aumentas, puedes hacer que ese campo se vaya a la quiebra. Hay que ver una carga fiscal que sea racional, que balancee los objetivos recaudatorios del Estado, pero que no afecte la competitividad del país para atraer inversiones.
El problema parece similar al de la minería; no es tanto la carga fiscal como la distribución de los recursos…
Me parece que una reforma importante es cómo poner control a la gestión de los gastos del canon. El consorcio Camisea no es responsable de la masificación del gas. Su contrato dice: voy a extraer gas y lo voy a poner a boca de pozo y, en función de cómo lo comercialice, te voy a pagar la regalía. Así es la Ley de Hidrocarburos y es así en varias partes del mundo, no es algo exclusivo del Perú.
¿Qué falta, entonces, además de la confianza, para reactivar el sector petrolero?
Se tiene que realizar una inversión importante. Solo para el Lote 192 se tenía que invertir no menos de US$ 100 millones. En la zona de selva hay pozos parados hace mucho tiempo. Yo creo que se tienen que hacer acuerdos de responsabilidad compartida entre el Estado y las empresas privadas para que los privados puedan invertir en levantar esos pozos. Pero el Estado tiene que poner la seguridad y cerrar las brechas sociales existentes, generando con ello confianza en las comunidades para que dejen trabajar.
¿Es viable que el país vuelva a producir 100 mil barriles de petróleo por día para el 2023, que fue la meta que trazó originalmente Perupetro?
No creo. Va a ser complicado, porque si se nacionaliza Camisea, las empresas petroleras van a parar sus proyectos de inversión. Y si no hay inversión, no puede aumentar la producción de petróleo… las empresas van a cortar sus presupuestos de inversión porque hay que aclarar qué va a hacer el Gobierno. Si se expropia Camisea ¿qué viene después?