Solo el 10% de los conflictos sociales reportados en el país son de oposición a la minería en el país, informó el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, en Perumin 35. El funcionario participó en la mesa redonda “Conflictividad y sus impactos en la sociedad”.
En su presentación Luque precisó que mientras ese porcentaje aparece por posiciones de comunidades contrarias a las actividades mineras, el 90% restante surge por circunstancias problemáticas que aparecen en forma eventual o permanente y generalmente se resuelven en procesos de diálogo.
Explicó que no existen conflictos ambientales puros, sino que es una mezcla de pedidos, en su mayoría reivindicativos, que exigen solución por parte de la población.
También indicó, según investigaciones de la Defensoría del Pueblo, que existen 1500 demandas surgidas en conflictos contra la minería. Los principales reclamos están relacionados a servicios públicos, luego a recursos naturales e industrias extractivas.
Las atenciones y resoluciones de estos pedidos corresponden en un 58% al Estado y 27% a las mineras. El resto a ambos actores.
Según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, hasta agosto del 2022, hay 209 conflictos sociales, de los cuales 89 están relacionados a la minería, que equivalen al 42.6% del total. Hay un crecimiento significativo de los conflictos mineros del 12.7% en relación al 2018.
Sin embargo, hay cifras que hablan de una voluntad por solucionar estos problemas. De 64 conflictos activos vinculados a la minería, 52 están en fase de diálogo; la mayoría están en Cusco, Apurímac y Ancash. En los últimos cinco años resolvieron 24 casos y aparecieron 83 casos nuevos.
Pero expresó su preocupación por el aumento de las protestas sociales (plantones, movilizaciones, bloqueos). A la fecha la Defensoría del Pueblo tomó nota de 2093 y calculó que, si esta tendencia se mantiene, al cierre del 2022 aparecerán 3139, la cifra más alta reportada por la Defensoría desde que inició el monitoreo de los conflictos en el 2007.
Demanda reivindicativas
Luque consideró que las demandas sociales son más reivindicativas que ideológicas. “Hay demandas que son propias de ciertos lugares, o son relaciones conflictivas entre determinados actores específicos, pero no es que exista una coordinación nacional en la dinámica local o que obedezcan a algunos patrones”, dijo.
Para gestionar estos conflictos presentó varias propuestas entre ellas: manejar una adecuada información; abordar el conflicto desde una visión multisectorial y no desde un solo sector; promover el debate de reformas institucionales y mejoramiento de leyes como la distribución del canon minero y la ley minera.
También planteó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apoye en la instalación de oficinas de prevención del conflicto en las regiones del país. Además, que el Estado cumpla con las promesas hechas a las comunidades porque hay un alto porcentaje de incumplimiento de las demandas.
“Se habló de un adelanto social, de rentabilidad social, de cierre de brechas, pero todo quedó ahí, falta una estrategia de persistencia”, señaló.
Dijo que, sin implementar cambios en las instituciones, los conflictos continuarán en el país. “La conflictividad va a seguir formando parte de la vida social del país en los próximos años, en tanto no haya reformas más profundas, porque el conflicto es en el fondo una crítica al funcionamiento del Estado y mercado. Si tenemos pendientes reformas políticas para reformar las instituciones del estado, entonces las demandas sociales se van a seguir trasladando al espacio público y no serán conducidos por las vías regulares”, concluyó.
Tía María
Sobre el proyecto Tía María, paralizado desde el gobierno de Ollanta Humala, señaló que todavía falta hablar a profundidad sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya que a su juicio el proceso de diálogo es un intercambio profundo para conocer a fondo el proyecto. También comentó que hubo interés de la Defensoría del Pueblo por retomar las conversaciones, pero la empresa prefirió continuar con su estrategia de obtener, primero, la licencia social por parte de la población y mantener en suspensión sus actividades.
Fuente: IIMP