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Los esfuerzos del sector minero energético para contribuir en la agenda territorial

Distintas miradas sobre el desafío del Desarrollo Territorial y el rol que el sector podría tener para abonar al cierre de las brechas sociales.

Desarrollo Territorial

No se puede hablar de elevar la competitividad de la minería sin considerar elevar la competitividad de los territorios donde opera la minería. ¿Y cómo se eleva la competitividad de las zonas de influencia? Con mejores servicios, mayor nivel de formación, funcionarios locales capaces de ejecutar su presupuesto proveniente del canon y las regalías mineras. Todo esto tiene como punto de partida un concepto: planificación. Con un Plan de Desarrollo Territorial, es posible identificar y priorizar las obras críticas para cerrar brechas.

“No basta con que seamos buenos ciudadanos pagando impuestos. Debemos ser conscientes de que existe un problema con la falta de gestión pública y basarnos en las habilidades que tenemos desarrolladas como sector para ayudar a resolver ese problema”, dijo Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), durante su participación en el evento Rumbo a PERUMIN “Desarrollo Territorial: Un desafío para el cierre de brechas sociales”.

Tal como señala el flamante presidente de la SNMPE, uno de los principales problemas identificados es la falta de capacidad del Estado para gestionar y distribuir apropiadamente los recursos transferidos por la industria minero energética en servicios de salud, saneamiento, educación e infraestructura.

Uno de los ejemplos más evidentes es de la región Áncash que, en el 2021, recibió el monto más alto de canon minero (San Marcos), pero gastó solo el 30% de sus recursos en este rubro. O Yarabamba, que se convirtió en el tercer distrito de Arequipa más rico del país el año pasado como consecuencia de las transferencias de canon y regalías mineras que recibe del municipio distrital. Pero la comunidad no tiene agua potable por conexión y se abastecen con cisterna.

No es un caso aislado: en la última década, aproximadamente el 50% de los fondos del canon ejecutado se destinaron a proyectos de transporte, planeamiento y educación, pero, en muchas regiones, la priorización de gastos no corresponde a la urgencia de los servicios requeridos.

Primera propuesta: la experiencia minera

Víctor Gobitz explicó que la experiencia de la minería en la planificación a largo plazo y la gestión de grandes niveles de inversión pueden contribuir a la gestión pública. Por eso, invitó al sector a sumar soluciones en los distintos niveles de gobierno para fortalecer la planificación con miras al desarrollo.

“Se trata de construir una figura público-privada con las empresas mineras, de manera que, como una agencia de desarrollo, transfiramos conocimiento para lograr tener una planificación territorial robusta, una priorización de proyectos, y una ejecución eficiente y transparente”, señaló Gobitz quien, además, propuso a los presentes incorporar el conocimiento a la ciudadanía para que tomen mejores decisiones y les exijan cumplimiento a las autoridades.

Así, del 7 al 9 de febrero, representantes de empresas mineras, autoridades del Gobierno y especialistas en diversos temas vinculados al sector minero energético abordaron los desafíos y retos que enfrentan las industrias para la ejecución presupuestal pública, así como la agenda y propuestas para mejorar el impacto de la inversión estatal.

Hacia una agenda territorial

Durante su ponencia del evento Rumbo a PERUMIN, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, planteó que las mesas de diálogo y las negociaciones directas no son suficientes para articular la relación entre la minería y las comunidades locales: para construir una propuesta de desarrollo en un territorio, indicó, se necesita que los actores interactúen.

“El territorio es un espacio socialmente construido en el que existen relaciones entre actores a nivel económico, social y cultural; desarrollarlo, en cambio, implica tener en cuenta la diversificación económica del territorio y sus distintos grados de cohesión social e integración con el mercado”, explicó Trivelli.

Darío Zegarra, Country Manager de Newmont en Perú, dio cuenta de que el sector privado cada vez apoya más las iniciativas de desarrollo comunal, porque le permiten formar parte de la dinámica del espacio social y compensar el abandono de las autoridades locales y centrales.

“Para nosotros, el desarrollo territorial es el reconocimiento de una geografía y una dinámica de la que somos parte, cada vez con mejor capacidad de influencia y de ser catalizadores. No reemplazamos el rol de nadie, nos fortalecemos todos en ir reconstituyendo estos espacios de visión, de planificación y de ejecución”, señaló Zegarra, también vicepresidente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú (IIMP).

Moquegua y Cajamarca

Sin embargo, hay experiencias que pueden ayudar a ilustrar la importancia de generar confianza y capacidad de escucha. Una de ellas es la plataforma colaborativa “Moquegua Crece”, que se inició con la creación del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2030, un marco de referencia para la inversión pública y privada de los próximos diez años en la región, que incluyó los comentarios de la población para identificar las prioridades en el desarrollo de Moquegua. Su objetivo es apalancar y captar fondos que sirvan para implementar proyectos priorizados por la región.

Por otro lado, Cajamarca es la segunda región en el país, después de Moquegua, en iniciar el proceso de construir una agenda territorial, con el impulso de Rimay, que también busca trabajar de forma articulada y en conjunto con la ciudadanía. Diana Méndez, directora ejecutiva para América Latina y el Caribe de Insuco, recalcó que, al igual que en Moquegua, más de 300 ciudadanos participaron directamente —a través de talleres virtuales y mesas itinerantes presenciales— en la priorización de puntos clave para la implementación de una hoja de ruta para el desarrollo regional de Cajamarca hacia el 2030.

Burocracia y meritocracia

Gioffani Peirano, presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, apunta a un problema estructural: el diseño y aprobación de políticas públicas requiere pasar primero por once sistemas administrativos, como planeamiento, presupuesto, inversión, abastecimiento y tesorería. Estos —plantea Peirano— no interoperan, no son predictibles, obran en piloto automático y tampoco se apoyan en las tecnologías para agilizar los procesos.

“Tampoco tenemos carrera pública ni carrera política. Entonces, si no tenemos el recurso humano, que es la variable independiente que generará las consecuencias de las soluciones para el cierre de brechas, no encontraremos las soluciones en el corto ni mediano ni largo plazo. Estamos coordinando con funcionarios que rotan cada cuatro años”, afirmó.

Coincidió en ello el economista Milton von Hesse, director de Videnza Consultores, quien apuntó a la falta de funcionarios públicos competentes. De acuerdo con la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, menos del 10% de los servidores que trabajan en el Estado cuenta con un nivel óptimo para desarrollar su función. Por ello, añadió que es fundamental que las carreras públicas se basen en la meritocracia para contar con trabajadores capacitados y que cumplen sus funciones a cabalidad. En ese sentido, propuso el despliegue de los proyectos especiales de inversión pública (PEIP), que permiten autorizar la contratación de personal altamente calificado y utilizar modelos contractuales modernos, entre otros.

Por su parte, la jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, Marisol Espinoza, atribuyó la lenta ejecución de recursos públicos a que las autoridades no tienen conocimiento de la Administración Pública, debido a que la mayoría son nuevos e ingresan por primera vez a la vida política. Por ello, apuntó que los proyectos para el cierre de brechas a nivel distrital, provincial o regional deben recibir asesoramiento técnico a cargo de los ministerios rectores para el levantamiento de observaciones y la canalización de su aprobación.

Alternativas abiertas

La minería, especialmente durante el alza de los precios de los metales, podría aportar al país en tributos más de S/ 85 mil millones entre los años 2022 y 2026, es decir, más de 2.5 veces lo recaudado en quinquenios previos. Por ello, resulta urgente mejorar la ejecución de los recursos del canon y las regalías, y distintas instituciones público privada ya están trabajando en propuestas y alternativas de mejora.

El sector minero y CEPLAN buscan acelerar la implementación de los tableros de control para medir el avance mensual de la ejecución financiera en los municipios provinciales y distritales. Esta herramienta de medición estratégica se podrá utilizar en los gobiernos subnacionales de la macrorregión sur, como Apurímac y Moquegua, y arrojará los primeros resultados en seis meses.

El economista Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult, planteó un esquema de incentivos para inversión conjunta, así como un plan de trabajo para las regiones. Tamayo detalló que el contacto entre las autoridades de los diversos gobiernos locales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otros ministerios debe ser permanente, sobre todo cuando la tecnificación actual permite la interacción de manera remota. Además, destacó que un soporte de cooperación técnica internacional y el apoyo de empresas privadas al equipo del MEF permitirán desarrollar un plan de desarrollo territorial.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión, por su parte, está emprendiendo esfuerzos en comunicar a los gobernadores y alcaldes las modalidades para generar infraestructura: asociaciones público-privadas, obras por impuestos y proyectos en activos. “Muchos reclamos y conflictos se generan porque como Estado no estamos llegando de manera oportuna, y con estos planteamientos podríamos llegar de otra forma”, señaló José Salardi, director ejecutivo de ProInversión.

Roger Guevara, gobernador regional de Cajamarca, explicó que existen caseríos alejados de distritos que no cuentan con un corredor vial. Esto representa un problema para la inversión en infraestructura hidráulica, educativa o de salud: debido al traslado dificultoso de los materiales de construcción, los costos tienden a elevarse. Por ello, Guevara apuesta por corredores logísticos para integrar los pueblos y abaratar los costos de materiales para construir hospitales, colegios o entregar obras de agua y saneamiento. “Con buenas vías de comunicación, podremos impulsar proyectos en salud, educación, pecuario, minero y turismo”, agregó.

En tanto, Milar Zenteno, jefe de la Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos del Gobierno Regional de Moquegua —con base en el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2032 y el Censo Nacional Agropecuario—, refirió que Moquegua posee 498,196 hectáreas destinadas o con potencial de desarrollo agropecuario, de las cuales 17,725 hectáreas producen. “Se tiene planificado que en los próximos años se amplíe [la frontera agropecuaria], con proyectos como Pasto Grande y Lomas de Ilo, que pueden contribuir con 17 mil hectáreas. Miremos la cantidad de territorio que tiene Moquegua y cuánto tiene destinado a unidades de producción o por lo menos a espacios destinados a desarrollo económico”, precisó.

Las alternativas ya están sobre la mesa. Es hora de evaluarlas y ejecutarlas.