En una velada vespertina de sorpresas, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó los dictámenes de dos proyectos de ley que han sido cuestionados técnicamente y que pueden afectar el desarrollo de los sectores hidrocarburos y eléctrico en el país.
Lamentablemente, dejando de lado el criterio técnico y la necesidad que hoy tiene el país de captar más inversión privada que permita revertir la desaceleración del crecimiento de la economía nacional, los dictámenes aprobados generan mayor incertidumbre.
El dictamen del primer proyecto de ley permitiría a una sola empresa suscribir contratos de hidrocarburos para contribuir a la “seguridad energética del país y obtener precios más competitivos en beneficio de la población”.
La decisión adoptada por la Comisión Parlamentaria no es menor, en la medida que los lotes del noroeste peruano concentran un poco más del 50% de la producción nacional de hidrocarburos.
Ya lo comentamos en nuestro anterior Editorial y lo reiteramos, se trata de una medida alejada de los principios constitucionales de libre competencia para desarrollar proyectos de inversión y la igualdad de trato entre los inversionistas, y que no favorece a la industria hidrocarburífera ni al Perú.
La promoción de las inversiones ha demostrado que es positiva, pero hay que generar competencia para contar con la mejor propuesta posible en términos técnicos, económico financieros y legales que beneficie al país.
Asimismo, dicho dictamen genera incertidumbre en la próxima licitación de los lotes V y VII, anunciada el pasado 18 de mayo por Perupetro, pues quedará en duda si el postor ganador podrá operar dichos lotes, lo que desmotivará la presentación de propuestas.
El dictamen del segundo proyecto de ley aprobado -recientemente en la Comisión de Energía y Minas- que buscaría favorecer el desarrollo de las energías renovables, es una muestra del profundo desconocimiento sobre el marco regulatorio energético y de las consecuencias que los cambios que se plantean originarían al sistema eléctrico.
Para nadie es un misterio que las energías renovables han llegado para quedarse por la rapidez en su implementación, costos competitivos y aspectos ambientales, pero a través de este proyecto de ley no se deben incorporar modificaciones sustanciales en el sector eléctrico que lo alejan del objetivo planteado.
El argumento de que se reducirán las tarifas eléctricas en el corto plazo es falaz, pues recién este tipo de energía se incluirá en la planificación de los agentes del sector en el año 2026, cuando culminen los contratos establecidos en las licitaciones del mercado regulado de las distribuidoras eléctricas.
Además, hay que tener en cuenta la variabilidad que tiene este tipo de oferta y que necesita de un sistema de transmisión robusto, con grandes proyectos aún en ejecución y que -seguramente- requerirá ahora más refuerzos a un costo que alguien deberá asumir.
Por otro lado, es crucial fomentar un sistema eléctrico que cuente con el respaldo suficiente para no incrementar su vulnerabilidad, aristas que no han sido evaluadas debidamente en la propuesta y que merecen ser discutidas.
La promoción de las energías renovables no está en cuestión, pero debe hacerse sobre bases eminentemente técnicas. Incluso el Comité de Operación Económica del sector (COES) se ha manifestado en contra de este proyecto de ley. El sistema eléctrico es muy complejo como para pretender incorporar cambios sin tener claridad de todos sus impactos.
Esperamos que el pleno del Congreso, cuando le toque debatir estos dictámenes, considere que se necesita en el Perú un sector energético competitivo, predictible y con una clara planificación energética.