La contracción de la inversión privada y, en particular, la inversión minera es notoria y preocupante. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, en la presentación del Reporte de Inflación de junio ajustó a la baja la proyección que tenía para la inversión privada, pasando de -0.5% en marzo a -2.5% en junio.
Ello, comentó, se explica por la reducción de la inversión minera pronosticada para este año, que sería de -18.9%, debido al término de la inversión en Quellaveco y a que los US$ 4,700 millones que se invertirán serán para solo mantener la producción de las minas ya existentes y no para nuevos proyectos.
Así, se encienden las alarmas por lo que puede pasar con la inversión minera en los próximos meses, pues estamos cosechando los años de turbulencia política y de una agitada ola de conflictos sociales, factores que también han afectado nuestra puntuación en el ranking del Instituto Fraser de atractivo en la inversión minera.
A ello se suma un Estado que no está impulsando con fuerza la atracción de nuevos capitales y que, además, cuenta con un sistema frondoso y complejo de regulaciones que se han convertido en barreras que obstaculizan o alejan la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión.
Y es que para que haya una evolución positiva de la inversión privada minera, por supuesto, no solo se necesitan buenas intenciones, sino también acciones concretas para agilizarlas, como reducir la llamada “tramitología” y superar las trabas burocráticas que enfrentan los proyectos de inversión más inmediatos.
El sentido de urgencia para impulsar reformas es necesario, porque el Perú aún puede aprovechar el tren de las oportunidades del cobre, un metal que tiene una participación de poco más del 70% en la cartera de proyectos mineros de US$ 53,000 millones que contempla el Ministerio de Energía y Minas.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo con el riesgo de no ser un actor importante en el proceso de transición energética.