En la última edición de PERUMIN 36, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) presentó el informe Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú, realizado con el apoyo de V&C Analistas, con el objetivo de brindar un diagnóstico y propuestas para la erradicación de la minería ilegal y una efectiva formalización de la minería informal.
Los especialistas consultados para este informe señalaron que la sola presencia de la actividad minera no formal representa la pérdida del 2.5% del PBI nacional. Si sumamos los costos directos e indirectos anuales generados por la minería no formal de oro en el 2022, tenemos un total de US$ 6,000 millones, con un 39% del oro producido en el Perú valorizado en US$ 4,000 millones, parte de esa producción se va como contrabando fuera del país.
Diferencias entre la minería informal y la minería ilegal
Para entender mejor el problema hay que tener claro que la minería informal es la que realiza labores de explotación o beneficio de minerales en zonas no prohibidas con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), pero que no cumple con las normas administrativas, técnicas, sociales y ambientales que rigen la actividad minera. Los beneficios de la formalización son múltiples, entre los más importantes podemos citar el acceso al crédito bancario, la mejora en las condiciones laborales y una mayor productividad, mayor recaudación tributaria y la protección ambiental.
“El minero informal, el que realmente es minero, trabaja y vive de eso, merece ser formalizado y tener acceso a mejorar su calidad de vida, pero el ilegal tiene que ser erradicado”, sostiene Gustavo Ramírez, líder del Grupo de Trabajo de Minería Informal e Ilegal de la SNMPE.
Por otro lado, la minería ilegal es aquella que, además de no contar con la autorización de la autoridad administrativa competente , se realiza en zonas prohibidas como las riberas de los ríos, lagunas y el ámbito de las áreas naturales protegidas.
La minería ilegal es un delito, está fuera del proceso de formalización, causa muchos impactos negativos, entre ellos una gran contaminación y degradación ambiental, tenemos tristes ejemplos como el sector de La Pampa, en Madre de Dios.
Las cifras del problema
Según Dante Vera, fundador y gerente general de V&C Analistas, existirían alrededor de 110 mil a 200 mil mineros no formales (informales o ilegales). No hay información precisa de cuántos pertenecen a cada categoría. También hay estudios que indican la existencia de 500 a 600 mil trabajadores indirectos de la minería no formal.
Mientras que el impacto ambiental, según el estudio referido líneas arriba, llega a 2´636,585 hectáreas de bosque perdidas entre el 2001 y el 2020. Es decir, la pérdida de bosques crece a un ritmo de 8% anual. Solo el 2020 se perdieron 200 mil hectáreas de bosques, siendo la tasa más alta de los últimos 20 años. Además, son 14,117 hectáreas deforestadas en el corredor minero de Madre de Dios en el 2021 y el 2022.
Políticas públicas
El REINFO, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado por más de 20 años que lleva el proceso de formalización, no ha logrado mayor éxito. De los 87,771 inscritos en el padrón, el 71.4% están suspendidos y solo hay 11,101 mineros formalizados.
Por el contrario, este registro se ha convertido en un recurso para los mineros ilegales que, inscritos en él, tienen una defensa frente a los ilícitos que cometen, atando de manos a la policía y fiscalía, esto debido a que los mineros que se encuentran en el REINFO no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal.
“Hay un plan multisectorial de lucha contra la minería ilegal que preside el Ministerio de Energía y Minas, y a la vez hay un plan del Ministerio del Interior, pero debería ser un tema de política pública nacional transversal que involucre a todos los sectores del Gobierno, incluyendo a la Fiscalía y el Poder Judicial, porque no es solo la extracción sino toda la cadena productiva. Además, existe un mercado negro de minerales, principalmente de oro. Un ejemplo es que Bolivia ha duplicado sus exportaciones de oro sin haber incrementado su producción minera. No es tan difícil suponer que ese oro es peruano y que sale por la frontera”, agrega Ramírez.
La criminalidad en la minería ilegal
“Antes los mineros ilegales defendían sus socavones, contratando delincuentes que traían de diversas partes. Ahora, hay organizaciones criminales transnacionales que han comenzado a reemplazar a los malhechores nacionales. Tenemos al ‘Tren de Aragua’ que tiene su origen principalmente en las cárceles de Venezuela, y que tienen presencia en casi todo el continente desde Venezuela hacia el sur. Ellos están comprometidos en negocios sucios de cobro de cupos a transportistas, comerciantes, y propietarios de negocios, y en prostitución. Ahora también han empezado a incursionar en el tráfico de migrantes, no solo venezolanos sino también haitianos y colombianos”, manifiesta Vera.
“Lo que está pasando, por ejemplo, con Minera Poderosa, en la zona de Pataz, es que ellos pretenden controlar los yacimientos y la cadena productiva del oro, similar a como los terroristas se hicieron de las cadenas productivas del narcotráfico, extendiéndose también a Huamachuco y Cajabamba, empezando a presionar a minas como Shahuindo, de Pan American Silver”, indica Vera.
Asimismo, el especialista señala que un grupo de disidentes de las FARC ya está en el Putumayo vinculados al narcotráfico y la minería ilegal. También existe registro de la presencia de organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, que ya están presentes en Madre de Dios, Ucayali e Iquitos. Por lo tanto, “ya tenemos varias partes del país donde estas organizaciones criminales están haciendo negocios ilícitos y criminales, dominando a la población vía el terror, el sicariato, la violencia y empiezan a tomar el control de territorios donde el Estado no tiene autoridad”, explica Vera.
La minería ilegal desconoce el respeto a los Derechos Humanos, dándose casos de trabajo infantil, trabajo forzoso, violencia contra la mujer, desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Adicionalmente, se viene desarrollando el concepto de “narco minería”, por lo que ambas economías criminales (narcotráfico y minería ilegal) comparten redes de contrabando, financieras y servicios de protección (sicarios), entre otros.
Dónde empezar
“La prioridad es asegurar el Estado de derecho, el orden interno y la seguridad ciudadana. Sin eso no se puede hacer nada. Lo que buscan estas bandas es tomar territorios y lo están logrando”, comenta Ramírez, sobre por dónde empezar la labor de lucha contra estas organizaciones criminales.
Además, sostiene que en el marco normativo y político se pueden hacer muchas cosas, como el control de insumos y de las plantas de procesamiento que son las responsables de comercializar el mineral. Aquí, debe tener un papel importante la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que esta actividad estaría asociada a lavado de activos, por lo que debería haber un seguimiento a las transacciones sospechosas.
“La minería ilegal es la economía criminal más grande que tenemos en la actualidad. Ya ha superado al narcotráfico. Lo que está pasando en varias partes del Perú es la asociación entre mineros ilegales y delincuentes de bandas organizadas, nacionales e internacionales. El Estado tiene que abrir los ojos porque es un problema que sigue escalando y de no tomar medidas drásticas, se puede volver incontrolable”, finaliza el ejecutivo.
