Los acontecimientos de las últimas semanas llevan a toda la ciudadanía a hacerse esta pregunta sobre el actuar de nuestras autoridades respecto de dos temas centrales que competen al sector minero energético: el futuro de la petrolera estatal Petroperú y la lucha contra la minería ilegal.
Respecto de la crisis de Petroperú, cuando el tiempo apremia para resolver su problema financiero, de gestión y de operatividad, aún no se nombra un directorio que pueda dar tranquilidad al mercado y la ciudadanía, quien es la que finalmente termina pagando la ineficiencia estatal. Sobre las salidas a esta crisis, los caminos ya son conocidos: la despolitización de su gestión, dotarla de cuadros técnicos y establecer un gobierno corporativo que le permita ser sostenible y atender las demandas que los privados no pueden en ese sector de la economía. Es decir, el rol subsidiario que por Ley le corresponde. Pero, al cierre de esta edición, el Poder Ejecutivo seguía sin tomar una decisión.
La lucha contra la minería ilegal, tras los últimos acontecimientos y víctimas en Pataz, sigue el mismo derrotero. Sin voluntad para emprender una decidida lucha contra las actividades ilegales, la criminalidad y el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), se siguen presentando proyectos del Ley para prorrogarlo, usándolo como un “escudo” para seguir delinquiendo. Y de otro lado, desde el Ejecutivo no se concretan acciones que aborden integralmente la lucha contra esta actividad ilícita. Es necesario tener medidas a favor de la formalidad y de la legalidad tan necesarias para buscar un clima de paz social y seguridad en el entorno de negocios.
Tras ese dramático balance, cabe preguntarse qué hay detrás de esta (in)acción en los poderes del Estado.