La semana pasada, la Junta General de Accionistas de Petroperú designó a Alejandro Narváez como presidente del Directorio, un nombramiento que ha sido cuestionado por su perfil predominantemente político y no técnico.
Narváez ha declarado que la empresa no está atravesando una crisis, a pesar de que Petroperú ha requerido inyecciones de miles de millones de soles por parte del Estado para evitar su insolvencia, actuando así de manera irresponsable con la caja fiscal.
El nombramiento de Narváez ha suscitado una respuesta negativa, al punto que dos de los directores recién designados han presentado su renuncia, generando mayor incertidumbre sobre la conformación del Directorio de Petroperú. Esta situación se ha visto agravada por el reciente nombramiento de Óscar Vera como Gerente General.
Con estas decisiones, el Gobierno parece inclinarse a que los ciudadanos sigan financiando a Petroperú con sus impuestos y contribuciones, dejando de lado la opción de renegociar con los acreedores financieros, quienes exigen una administración profesional, independiente y con reglas claras de gobernanza.
Estas designaciones políticas, ideologizadas e irresponsables, refuerzan la posición de que el Ejecutivo está en contra de una reestructuración de Petroperú. Ninguno de los nombramientos mencionados cumple con el perfil profesional para diseñar e implementar una estrategia financiera, comercial y operativa que requiere la empresa.
Esta situación envía un mensaje desfavorable a los agentes financieros, los mercados y, sobre todo, a la ciudadanía, que vería comprometida su necesidad de cerrar brechas en sectores prioritarios, mientras la empresa reporta pérdidas de US$745 millones en el tercer trimestre de 2024.
Instamos respetuosamente a la Señora Presidenta de la República a reconsiderar ambos nombramientos, ya que la actual estrategia amenaza con erosionar aún más la confianza en la administración de Petroperú y en el uso eficiente de los recursos públicos.