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Cuatro voces del Colectivo PAS opinan sobre el Reinfo: “No debe extenderse más”

Cuatro representantes de las 35 instituciones que conforman el colectivo Colectivo PAS – País Seguro (que también integra la SNMPE), conversaron con Desde Adentro: Omar Awapara, de la Asociación Transparencia; Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología; Óscar Caipo, de la Asociación Empresarios por la Integridad; y Óscar Zapata, de Perucámaras. Aquí sus apreciaciones sobre el Reinfo, su impacto y por qué no debe ampliarse más.

Cuatro representantes de las 35 instituciones que conforman el colectivo Colectivo PAS – País Seguro (que también integra la SNMPE), conversaron con Desde Adentro: Omar Awapara, de la Asociación Transparencia; Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología; Óscar Caipo, de la Asociación Empresarios por la Integridad; y Óscar Zapata, de Perucámaras. Aquí sus apreciaciones sobre el Reinfo, su impacto y por qué no debe ampliarse más.

Impacto nocivo sobre la sociedad y la política

“La minería ilegal tiene un impacto negativo sobre la población de todo el Perú. El avance de la delincuencia, del crimen organizado en la sociedad está vinculado a la forma en que ha crecido este sector, que hoy supera ampliamente a toda otra actividad ilegal en el país”, refiere Omar Awapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tuvo el objetivo de formalizar mineros artesanales y a la pequeña minería pero, claramente, ha fracasado. “En los últimos años se ha convertido en un problema al permitir que muchos mineros que no cumplen con los requisitos [para la formalización] se mantengan amparados en este registro para seguir operando. Es, sin duda, uno de los principales problemas que enfrentamos en la lucha contra la minería ilegal”, sostiene Awapara.

Además, el experto señala que los mineros ilegales tendrían representación en el actual Congreso de la República. “Si bien no es novedad que las economías ilegales tienen acceso al poder político en los últimos años, hemos visto una mayor influencia de estos sectores, sobre todo en el Parlamento. Ello se ha manifestado en la proliferación de normas que se presentan en defensa de sus intereses. [Esto] evidencia la representatividad que tienen en el Poder Legislativo”, indicó.

En consecuencia, extender el Reinfo sería darle “vida artificial” a un mecanismo temporal que no ha logrado su objetivo de formalizar a aquellos actores interesados en hacerlo. “Bajo el amparo del Reinfo se debilita la lucha contra la criminalidad en el país”, acotó.

Vínculos con el crimen organizado

La minería ilegal en el Perú está estrechamente vinculada con el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas y organizaciones de extorsionadores y asaltantes. Las redes criminales diversifican sus operaciones, utilizando la minería ilegal como medio para lavar dinero y financiar otras actividades. Así lo afirma Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia.

“Estas economías ilícitas comparten infraestructura, rutas y protección sociopolítica, fortaleciendo su capacidad operativa. En zonas mineras, las organizaciones criminales imponen su control, extorsionan a mineros formales y comerciantes, y fomentan la violencia, desafiando la autoridad estatal y generando economías paralelas”, señala Zevallos.

Asimismo, el especialista sostiene que la presencia de organizaciones criminales transnacionales como el ‘Tren de Aragua’ (Venezuela), los ‘Choneros’ y los ‘Tiguerones’ (ambas de Ecuador) en la minería ilegal peruana requiere de una respuesta integral. “Es fundamental fortalecer la inteligencia y la investigación criminal para desarticular estas redes, complementando la acción policial con un control migratorio riguroso en las fronteras. La cooperación [transfronteriza] es clave para el intercambio de información y la ejecución de operaciones conjuntas, lo que permitiría neutralizar la influencia de estas bandas y proteger los recursos naturales del país”, añadió.

Adicionalmente, la minería ilegal actúa como un atractivo para otros delitos, como el sicariato, la extorsión y la trata de personas. “Estas dinámicas generan un entorno de violencia e inseguridad en las regiones mineras, erosionando el tejido social y debilitando la gobernabilidad local. En estos contextos, la capacidad del Estado para garantizar el orden se ve limitada, lo que contribuye a un incremento generalizado de la criminalidad y la percepción de inseguridad ciudadana en el país”, sostiene Zevallos.

En ese sentido, el Reinfo ha sido instrumentalizado y mal utilizado, convirtiéndose en un mecanismo que ampara la minería ilegal. Su diseño y ejecución han permitido que estas actividades ilícitas operen bajo una fachada de legalidad. “Aunque no es el único problema, mantener este sistema en sus condiciones actuales fortalecerá la minería ilegal. Reformar el Reinfo es imprescindible para evitar que siga sirviendo como un vehículo que legitime y expanda las economías ilícitas. Extenderlo en sus condiciones actuales solo ampliaría la criminalidad en el país”, finaliza.

Inversiones en peligro

“Tenemos una cartera de inversiones de más de US$ 50,000 millones en grandes proyectos mineros en plena transición energética; sin embargo, entre la conflictividad social, la minería ilegal y la criminalidad, hacen cada vez menos atractivo al Perú para que los grandes capitales —necesarios para sacar estos proyectos adelante— nos elijan frente a otros países donde el Estado hace cumplir la ley y el orden”, señala Óscar Caipo, presidente de la Asociación Empresarios por la Integridad.

Para el ejecutivo, la renovación del Reinfo afectaría las nuevas inversiones en el sector minero peruano. Por ello, remarca la importancia de implementar un marco legal que sí sea efectivo para formalizar a los mineros informales y artesanales en un plazo razonable, que cumplan con la Ley y mínimos estándares laborales y de cuidado ambiental que el sector requiere. Además, las fuerzas del orden deben retomar el control del territorio, recuperando el principio de autoridad y el cumplimiento de la ley.

Finalmente, Caipo sostiene que las sucesivas extensiones, las iniciativas de seguir extendiéndolo desde el Poder Legislativo y la falta de liderazgo del Poder Ejecutivo, en realidad, muestran que no hay voluntad política para resolver uno de los principales problemas y riesgos del país. “Considero que esto tiene que ver con la creciente influencia y financiamiento que tienen las actividades ilegales en la política”, apunta.

Resultados desalentadores

“Después de ocho años de vigencia, el mal llamado proceso de formalización minera no ha generado resultados, pues —según nuestras estimaciones— apenas se han acogido 11 mil de los aproximadamente 500 mil mineros informales que existen en el país. Además, este proceso ha exonerado de responsabilidad penal a quienes se acogieron a dicho régimen”, anota Óscar Zapata Alcázar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – Perucámaras.

“El Reinfo ha sido mal utilizado por los mineros ilegales para seguir invadiendo concesiones mineras, aduciendo que están en proceso de formalización al estar inscritos en dicho registro. No hay necesidad de ampliar algo que no funciona; más bien el Ministerio de Energía y Minas debería impulsar su proyecto de nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, que debe reemplazar al Reinfo para no dejar espacio a quienes, utilizando las instituciones, pretenden mantener sus operaciones ilegales a costa del Estado”, señala.

Parece una paradoja, se lamenta, pero no hay una explicación para que el Estado, el propio Gobierno, se organice para defenderse de las mafias, que muchas veces muestran una mayor organización que las autoridades que deben combatirlas.