La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), Raquel Soto, destacó el valor estratégico de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) al 2050 aprobada recientemente. Al respecto, dijo que “es un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible y ordenado del país”.
En esa línea, puso de relieve que el Minam trabaja articuladamente con todos los gobiernos regionales e instituciones competentes en el proceso de ordenamiento territorial. “Se prioriza el desarrollo de capacidades, el libre acceso a la información, la institucionalización del proceso y los mecanismos de participación hacia una gobernanza ambiental solida y con enfoque territorial”, sostuvo.
Durante el evento de lanzamiento de dicha política nacional, realizado el 14 de marzo último por la Presidencia del Consejo de Ministros, la viceministra Soto resaltó la utilidad de la plataforma digital Geoservidor del Minam, que genera información geoespacial sobre el estado ambiental del territorio, aspecto relevante en el proceso de ordenamiento territorial.
Política Nacional
El mencionado evento fue presidido por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien estuvo acompañado de los titulares de Cultura, Fabricio Valencia; de Economía y Finanzas, José Salardi; de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury.
La Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050 (Decreto Supremo N° 142-2024-PCM) tiene un enfoque multisectorial y es conducida por el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, que realiza el seguimiento y evaluación, en concordancia con las pautas metodológicas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Esto permitirá generar soluciones para las grandes ciudades, mejorando rápidamente las condiciones de vida de las familias; así como también para los centros poblados dispersos, estableciendo políticas públicas acorde con sus realidades.
En su estructura se ha establecido cuatro objetivos prioritarios para garantizar la ocupación, uso ordenado y seguro de los territorios; lograr condiciones de equidad entre los territorios; mejorar la toma de decisiones de los actores basada en el conocimiento integral del territorio; y fortalecer la institucionalidad de la gobernanza en los territorios.