Durante su participación como panelista en el Jueves Minero, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el excontralor de la República, Nelson Shack, señaló que las grandes empresas formales tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de contrarrestar la penetración de economías ilegales, como la minería ilegal, en los partidos políticos.
Shack explicó que una reciente modificación a la Ley de Organizaciones Políticas, vigente desde enero de este año, ha abierto la puerta al financiamiento privado de campañas electorales, lo cual genera tanto riesgos como oportunidades.
“El financiamiento de las economías ilegales ya existe, y se va a presentar, de todas maneras. La única forma de hacerle un alto a eso es que la economía formal invierta en política. Porque si no lo hacen, ese vaso se va a llenar con financiamiento ilegal”, afirmó Shack en el evento del IIMP.
En ese sentido, el exfuncionario fue claro al afirmar que si las grandes empresas formales interesadas en fomentar mayor institucionalidad no invierten en política, serán las organizaciones criminales las que tomen la delantera, capturando espacios de poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, especialmente a nivel regional y local.
El excontralor recordó que en contextos como el peruano —con instituciones aún frágiles y altos índices de corrupción— el financiamiento privado puede convertirse en una inversión de grupos ilegales que luego buscan recuperar y multiplicar ese aporte desde el poder. “La corrupción ya no es de abajo hacia arriba. Hoy penetra en el escenario político a través del financiamiento electoral”, señaló.
Shack también hizo un llamado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), destacando el papel clave que jugará en la fiscalización del financiamiento privado durante el proceso electoral de 2026, un reto que calificó como “monumental”.
Minería ilegal
Por su parte, Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la Universidad del Pacífico recordó un dato alarmante: las economías ilegales en el Perú mueven alrededor de US$ 12.000 millones, y de ese total, entre el 30 y 50% proviene de la minería ilegal. Este informe elaborado por el Observatorio evidencia la magnitud de un problema que no solo afecta a la economía, sino que ahora amenaza con infiltrarse directamente en la gobernabilidad.
Finalmente, Nelson Shack también resaltó que Según la ONPE, el nuevo reglamento de la Ley N° 32254, promulgada en enero de 2025, establece que cada persona natural o jurídica podrá aportar hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por año a una sola organización política, lo que equivale a S/ 1.7 millones. En caso el mismo donante quiera apoyar a varios partidos, el monto total de sus contribuciones no podrá exceder las 500 UIT por año.