En el marco de la segunda sesión del seminario “Economías ilegales: estado de urgencia”, organizado por el Rectorado y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se llevó a cabo un análisis sobre uno de los problemas más graves y urgentes que enfrenta el país: la minería ilegal.
La actividad, realizada el jueves 21 de agosto, contó con un panel moderado por el docente Martín Tanaka e incluyó las intervenciones de Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Dante Vera, director fundador de V&C Analistas; Zaraí Toledo y Maritza Paredes, docentes de la PUCP; y José de Echave, investigador de CooperAcción.
Regulación, abandono y trazabilidad
Desde la perspectiva de la SNMPE, Angela Grossheim identificó la falta de una regulación clara y adecuada como el primer gran obstáculo para enfrentar la minería ilegal. Señaló que el proceso de formalización, lejos de conseguir sus objetivos, se ha convertido en un simple registro (Reinfo) que no garantiza el cumplimiento de las autorizaciones previas necesarias para hacer minería. Grossheim abogó por reglas claras en materia ambiental y de seguridad para todos los estratos mineros, sin reducir estándares, y por una mayor cooperación internacional, especialmente con países fronterizos.
Grossheim también hizo hincapié en el abandono estatal ante la pequeña minería y la minería artesanal (MAPE), debido a que no han recibido el acompañamiento necesario para sus trámites. Citó un informe reciente de la Defensoría del Pueblo que evidencia la precariedad de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, las cuales destinan en promedio el 1% de su presupuesto a estas funciones, con una sobrecarga laboral extrema.
La directora de la SNMPE también abordó el desafío de la trazabilidad. Explicó que, a diferencia de la gran minería integrada, la cadena de valor de la MAPE informal e ilegal se encuentra fragmentada: unos explotan, otros hacen chancado, otros transportan y otros comercializan. Esto dificulta rastrear el origen del mineral, especialmente del oro, que termina mezclándose en el mercado formal. “Hoy vemos que hay una demanda importante de minerales a nivel mundial, sin importar mucho de dónde proviene”, afirmó, a la vez que apuntó que el alto precio del oro es un incentivo perverso para la exportación indiscriminada.
Por su parte, Dante Vera, coincidió en la complejidad del problema y advirtió que la informalidad no es un simple asunto legal o administrativo, sino un “sistema profundamente arraigado y en expansión” con sus propias cadenas de valor, mercados, líneas de financiamiento, transporte y procesamiento. “Si queremos entender el problema, tendríamos que tomar en cuenta el conjunto de actores que están participando en esta cadena de valor”, aseveró Vera. Sin embargo, este sistema aparentemente caótico es funcional para sus actores, genera relaciones de poder paralelas que erosionan las estructuras locales e incluso aspira a tener representación política, algo que se verá en las elecciones del 2026, aseguró.
Diversidad territorial, marco legal e inacción estatal
Zaraí Toledo, experta en gobernanza de recursos naturales, enfatizó que no existe una minería ilegal homogénea y, por lo tanto, no puede haber una receta única para combatirla. “Distintos escenarios requieren distintas estrategias”, expresó. Además, criticó que las políticas se enfoquen casi exclusivamente en el eslabón más débil de la cadena: el extractor. “Es bien fácil poner la cara del minero que está sucio, es el que menos gana y el que más arriesga”, señaló abogando por dirigir la mirada regulatoria hacia los actores que realmente capturan la mayor parte del valor: los acopiadores, las plantas de procesamiento (muchas de ellas legales, pero sin regulación específica) y los comercializadores, incluyendo joyerías en Lima.
Asimismo, recalcó el profundo arraigo social de estas economías. “Está socialmente aceptado a nivel local. Cada vez que hay interdicciones, las comunidades apoyan los paros mineros”, explicó.. La experta finalizó con una poderosa idea: las redes de la economía del oro ya han permeado toda la sociedad peruana. “Probablemente, todos ya hemos sido partícipes porque hay muchos negocios cuyo capital viene de economías extractivas ilícitas”, sentenció.
Por su parte, José de Echave señaló que el marco legal e institucional minero —vigente por más de 30 años y exitoso para atraer inversión y aumentar la producción a gran escala— no ha podido responder a la conflictividad social y al desafío de la minería ilegal e informal.. De Echave coincidió con los demás panelistas en la importancia de mirar la cadena de valor, pero destacó una peculiaridad de la minería ilegal frente a otras, como el narcotráfico: mientras la extracción puede ser ilegal, el oro ingresa rápidamente a una cadena que lo “legaliza”. Este proceso de “blanqueo” es el punto ciego que debe atacarse, recomendó.
Mientras tanto, Maritza Paredes introdujo un matiz crucial sobre la “ausencia estatal”. Advirtió que la no acción del Estado es también una forma de acción. “El supuesto de que, si hubiera Estado, las cosas estarían mejor, no necesariamente es cierto”, indicó. La docente de la PUCP argumentó que muchos intereses particulares están enquistados en el Estado a nivel local y nacional, influyendo en cambios regulatorios y políticas. “Para un político local, cuya base electoral depende de la economía ilegal, tolerarla puede ser una estrategia racional”, acotó. La experta también criticó el proceso de formalización minera (Reinfo), calificándolo de “institución de vitrina”: una norma hecha para aparentar acción, pero no para usarse, ya que, de más de 80,000 inscritos, menos del 10% ha completado el proceso.
Así, el evento dejó en claro que la minería ilegal es un fenómeno multidimensional, arraigado socialmente y con una cadena de valor compleja. Los especialistas coincidieron en la urgente necesidad de un sistema de trazabilidad efectivo y digital, el fortalecimiento de las instituciones responsables con presupuesto y capacidades reales, y la articulación de todos los actores —Estado, sector privado, academia y sociedad civil— para abordar este problema.