¿Cuáles han sido los logros más significativos del sector minero energético en el 2025, y cómo contribuyó la SNMPE a su avance?
El principal logro ha sido posicionar, nuevamente, al gremio ante la opinión pública como una institución que salvaguarda y alienta el desarrollo del sector minero energético responsable que juega un rol trascendental en el progreso del país y bienestar de la población. En esa línea, trabajamos con intensidad en la defensa activa del régimen constitucional de la minería formal en un contexto particularmente difícil, marcado por la discusión pública y política en torno al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Durante el 2025 hemos asumido un rol protagónico y participado en todo espacio de diálogo, llevando propuestas orientadas a frenar y a enfrentar la informalidad y la ilegalidad, sin afectar la seguridad jurídica ni los derechos de terceros. Esto ha contribuido a generar una mayor conciencia ciudadana y política sobre las distorsiones y los efectos negativos Reinfo.
¿Cómo ve este año 2026? ¿El sector minero energético seguirá siendo el motor de crecimiento de la inversión privada?
Sin duda. Durante el 2025, el desempeño productivo de la minería formal ha sido favorecido por la producción y por el precio internacional de los minerales. Esto se tradujo en mayores ingresos fiscales y empleo. Hemos tenido un rol clave reforzando el mensaje de que el aprovechamiento de la cartera de inversión minera —que asciende a 65 proyectos por US$ 63 mil millones y una cartera de exploraciones superior a los US$ 700 millones—, requiere de condiciones internas más favorables, estabilidad regulatoria y espacios efectivos de diálogo técnico.
Para el 2026, como sector minero energético, vamos a mantener el espacio relevante que venimos ocupando en la inversión privada del país como motor dinamizador de la economía y del empleo. El año ha iniciado con precios de los minerales muy altos y esto es un incentivo adicional para que toda la cartera de proyectos mineros pueda recibir el aporte de las autoridades para materializarse a la mayor velocidad posible y, ojalá, alcanzar esta ola de precios altos.
A la fecha no se tiene previsto ningún proyecto minero nuevo, pero sí tendremos el avance de varios, además de inversiones en algunos proyectos brownfield (ampliaciones) y de sostenimiento de operaciones. En el 2025 cerramos con una inversión que se incrementó en 7% y en este 2026 podemos esperar que sea mayor.
En el sector hidrocarburos, hemos estado muy activos, aunque algunas iniciativas y esfuerzos realizados por entidades, como Perúpetro, no han logrado avances concretos en cuanto a medidas de promoción de la inversión privada. Los procesos de convocatoria a licitaciones de lotes petroleros y búsqueda de socios para Petroperú están expectantes porque no se ha logrado los resultados esperados.
En el 2025 solo se adjudicó el Lote I, mientras que el contrato temporal de operación del Lote Z-69 ha debido ampliarse seis meses por los contratiempos que tuvo su licitación. Este año esperamos que se concrete la entrega del Lote VI y del Lote 206.
En electricidad deberíamos ver avances en las inversiones en ampliación y fortalecimiento de líneas de transmisión. En hidrocarburos, tenemos una cartera interesante de proyectos en el downstream (comercialización) y la posibilidad para desarrollar proyectos en el upstream (exploración y explotación). Sin embargo, la viabilidad de las inversiones requiere reglas claras y competitivas a nivel internacional, el fortalecimiento de Perúpetro y seguir avanzando en el proceso de simplificación administrativa.
En promedio, en la última década, la inversión minero-energética ha significado el 16% de la inversión privada que se ejecuta en el país, por lo cual, no cabe duda de que la inversión puede ser mayor, lo que traerá consigo la generación de más puestos de trabajo formales y el desarrollo de encadenamientos productivos en distintas regiones del país.
Un punto a destacar es que tenemos que estar preparados para asumir los desafíos que trae consigo la transición energética, proceso que requiere de minerales críticos, ocho de los cuales ofrece el Perú.
¿Qué retos debe considerar el gremio minero energético para enfrentar el 2026?
Como primer reto apuntamos a insistir en la necesidad de contar con una Ley MAPE técnica como régimen permanente para la realización de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. El segundo reto clave va a ser la defensa del régimen constitucional de concesiones mineras como pilar para el aprovechamiento responsable de los recursos minerales y como factor determinante para mantener e incentivar la competitividad de la minería.
Otro aspecto es la promoción de las actividades de exploración minera a partir de una agenda concreta, de mejora regulatoria, de simplificación de tiempos y de fortalecimiento institucional. Esto es clave, tomando en cuenta la cartera de exploración del país estimada en US$ 727 millones y cuyo desarrollo depende de los términos de referencia para las certificaciones.
En el sector hidrocarburos el reto es priorizar las medidas que permitan reactivar y mantener los niveles de producción de los lotes de petróleo y gas natural a través de condiciones más promotoras.
Por otro lado, es necesario que el Gobierno concrete medidas respecto a la situación de Petroperú. Creemos que los 60 días que el Gobierno ha dado a ProInversión para que plantee medidas es un plazo un poco largo, dada la incertidumbre existente. En paralelo, consideramos que se deben tomar acciones de corto plazo que permitan mantener la operatividad de la empresa y la cadena de pagos.
De cara al 2026, el principal desafío del sector eléctrico es avanzar hacia un marco de predictibilidad regulatoria que genere condiciones claras y estables para el desarrollo oportuno de la infraestructura que el sistema requiere. En ese contexto, la reglamentación de la Ley N.° 32249 —que modifica la Ley N.° 28832— será determinante, en particular a través del diseño y aprobación, por parte del MINEM, del reglamento de contrataciones de electricidad para el suministro de usuarios regulados y del reglamento del mercado de servicios complementarios.
Respecto de la transición energética, ¿qué aspectos necesita fortalecer el país para avanzar con mayor decisión en este tema?
La política energética debe lograr un balance adecuado de objetivos, donde el gas natural cumple, sin duda, un rol estratégico como combustible de transición en la generación eléctrica y en otros usos, como el transporte eléctrico. El gas natural permite integrar una mayor participación de las energías renovables sin comprometer la seguridad del sistema.
Desde la perspectiva del sector eléctrico, el reto será avanzar con mayor decisión en la transición energética exige fortalecer la planificación de largo plazo, garantizar reglas claras y estables para la inversión y asegurar la confiabilidad del sistema. Si bien las energías renovables no convencionales tienen un rol reciente, su desarrollo debe ir acompañado de mecanismos que aseguren una capacidad firme y servicios complementarios en el sistema, considerando los desafíos propios de esta tecnología y la necesidad de respaldo para mantener la continua calidad de suministro eléctrico.
En un contexto donde los hidrocarburos representan más del 66% del consumo final de energía, considerando sus diferentes modalidades, resulta indispensable el promover además de proyectos de infraestructura, políticas articuladas que permitan el desarrollo sostenible del sector minero energético, lo que permitirá incidir en una transición energética ordenada y realista, además de reducir la dependencia de las importaciones de hidrocarburos, que actualmente bordean los US$ 10 mil millones anuales.
Recién comienza el nuevo año. ¿Tiene algún deseo para el Perú en este año en particular?
Sería importante que los candidatos a las próximas elecciones generales puedan ofrecer, no solo planes de gobierno coherentes que promuevan el desarrollo del país, sino que también con transparencia, brinden la información de quiénes financian sus campañas, pues debemos estar alertas ante la influencia de las economías ilegales. El Jurado Nacional de Elecciones está promoviendo esta iniciativa.
El segundo deseo es que todos los peruanos entendamos la importancia de tener una economía legal para contribuir a un mejor país y que sea sostenible en el tiempo. Así, el Perú no será visto en el mundo solo como una potencia minero energética, sino también como una potencia en otros ámbitos.