La minería formal reafirma su papel estratégico en la economía peruana a través de su aporte al fisco, indicó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) en su última columna del Semáforo Minero.
Entre enero y octubre de 2025, la recaudación fiscal asociada al subsector minero ascendió a S/ 19,738.7 millones, lo que representa un crecimiento de 31% frente al mismo periodo del año anterior, consolidando al sector como una de las principales fuentes de ingresos para el Estado.
Para el representante del IIMP, estos resultados evidencian que el desarrollo minero bajo un marco legal, técnico y ambientalmente responsable genera beneficios concretos para el país.
“La minería formal es clave para el financiamiento del Estado a través de impuestos, canon y regalías, que permiten sostener servicios públicos, inversión regional y programas sociales en todo el país”, afirmó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del IIMP.
No obstante, advirtió que este aporte convive con una problemática persistente: el avance de la minería ilegal e informal, actividades que no tributan, no cumplen estándares ambientales ni laborales y generan graves impactos sociales e institucionales.
Censo minero
En ese contexto, Ortiz saludó la decisión del Gobierno de ejecutar el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, una medida largamente esperada por el sector. De acuerdo con lo anunciado, el censo será realizado de manera conjunta por el INEI, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ingemmet, y deberá ejecutarse en un plazo máximo de seis meses, con una duración total que no exceda los 12 meses.
“Contar con información confiable y actualizada es indispensable para diseñar políticas públicas efectivas, diferenciar claramente a los actores formales de los ilegales y avanzar hacia una verdadera formalización”, afirmó.
Ortiz remarcó que el Perú enfrenta una decisión crucial: consolidar una minería formal que impulse el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, o permitir que la ilegalidad continúe ganando espacio a costa del medioambiente, la seguridad y el bienestar del país. Las cifras, sostienen, ya muestran cuál es la opción correcta.
Asimismo, enfatizó que, mientras la minería formal genera empleo, recursos y desarrollo sostenible, la ilegalidad bloquea inversiones estratégicas y perpetúa un modelo extractivo sin control ni beneficios reales para el país.
“El camino es claro: fortalecer la formalización, mejorar la fiscalización, agilizar los procesos administrativos y apostar por información precisa y transparente, como la que proporcionará el censo anunciado”, concluyó el vicepresidente del IIMP.