Con una cartera de proyectos mineros que asciende a US$ 63,000 millones y con los precios de los minerales rompiendo todos los récords, el Perú se encuentra en una carrea contrarreloj para concretar dichos proyectos y aprovechar la actual ola de cotización de los commodities mineros.
Y es que la excesiva tramitología no solo pone en jaque la ejecución de los proyectos mineros, sino también el crecimiento económico del país. “La tramitología, la sobrerregulación es, si no el principal riesgo, uno de los principales que los inversionistas encaran ante la posibilidad de financiar cualquier proyecto minero”, explicó Gonzalo Quijandría, presidente del Comité Sectorial Minero de la SNMPE, durante el webinar “Camino al Simposio – El desafío de simplificar para crecer: análisis del caso chileno”.
Quijandría explicó que, si bien la tramitología es un fenómeno mundial, según un informe del IPE, la puesta en marcha de los proyectos mineros desde la etapa de exploración demora en promedio 28 años y en el Perú la espera es más larga.
“En el caso peruano, los últimos proyectos no han demorado los 28 años que es el promedio mundial, sino más de 40. De hecho, tres de cada cinco han demorado entre 30 y 45 años”, refirió el ejecutivo.
El caso chileno
En este contexto, durante el evento se analizó el caso de Chile, país que en septiembre del 2025 aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales de Chile (LMAS). La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric y que contó con el apoyo de la oposición, moderniza la tramitación de permisos para reducir tiempos entre un 30% y 70%, impulsando la inversión en diversos sectores, incluido el de la minería.
“Durante la década de 1990, en Chile nos acostumbramos a crecer en un promedio anual al 6%. Luego, en la década del 2000 al 2010, a crecer a un promedio de 4% anual, a pesar de la crisis del 2008. En los últimos diez años hemos crecido solo a un promedio anual del 2%. En Chile hubo una desaceleración económica muy relevante que tiene distintas causas y una de ellas, y quizás una de las principales, se refiere principalmente a la dificultad en el desarrollo de proyectos”, comentó Manuel José Barros, socio del Estudio de Carey de Chile.
Asimismo, el especialista chileno indicó que, en los años 80 y 90, la minería fue el gran motor de la economía chilena y actualmente representa el 13% de su PBI. No obstante, a partir del año 2000, este y otros sectores han enfrentado dificultades de permisos en materia social y ambiental, extendiéndose así el desafío de la “permisología” o “tramitología”, como se le conoce en el Perú.
Y es que la simplificación administrativa es clave para mejorar la competitividad y la predictibilidad para los inversionistas.
“La dificultad de obtener permisos llevó a un problema más de fondo: la falta de certeza jurídica. En Chile hemos sido muy exitosos en atraer inversión extranjera durante las últimas décadas, pero no en los últimos años. Las grandes inversiones mineras están, en muchos casos, en capitales extranjeros que requieren de certeza jurídica para convencerse de venir a Chile”, aseveró Barros.
Entre los avances más significativos de esta nueva regulación, destaca la figura del silencio administrativo para otorgar o rechazar ciertos tipos de permisos, la presentación declaraciones jurada en reemplazo de algunos trámites, sanciones para funcionarios que demoren los procesos, entre otros.
Pese a que la ley ya está promulgada, el reto del Gobierno del presidente electo José Antonio Kast será implementar el reglamento en los próximos meses.
Lecciones para el Perú
Para Quijandría, el Perú puede replicar la experiencia chilena en materia de simplificación administrativa. “El país no está creciendo lo suficiente y si analizamos las cifras de lo que se ha perdido por trámites o permisos en los últimos diez años, es relevante. Si hubiésemos invertido esos más de US$ 30,000 millones que están paralizados por los permisos, el crecimiento hubiera sido de 4.7% y no de 3.9% en el 2025. Es el momento de decir por qué no estamos creciendo más y mirar al sector minero para señalar inmediatamente qué está fallando en cuanto a trámites”, acotó.
En ese sentido, Quijandría dijo que “dar eficiencia a los procesos no debilita la regulación ambiental, social, o la sostenibilidad, sino por el contrario, la fortalece”.
Asimismo, durante el webinar, Carla Puente, socia de EY, consideró a los riesgos regulatorios —inherentes a las industrias extractivas— como uno de los grandes desafíos de la minería global, ya que estos no solo implican cumplir normas, sino tener predictibilidad, porque los cambios y demoras pueden generar sobrecostos. A la vez señaló que, a partir del 2024, este riesgo ya no está vinculado únicamente a sacar adelante nuevos proyectos, sino también a mantener las operaciones existentes.
“Tener una gestión regulatoria proactiva es importante para anticipar riesgos y afrontarlos de la manera más eficiente. Por eso, la regulación tiene que estar pensada no solo en el cumplimiento de los estándares, sino también en generar la menor afectación posible a los proyectos mineros existentes y a los que están en camino”, señaló la socia de EY.